A pesar del consenso sobre el papel crucial que juegan los impuestos verdes para corregir problemas ambientales –como el cambio climático o la polución del aire de las ciudades– el que contamina todavía paga poco en España. De hecho, estos impuestos cayeron en 2022 y los 20.500 millones ingresados equivalieron al 1,52% del PIB, el nivel más bajo al menos desde 2013, según refleja Eurostat.
Los impuestos para proteger el medio ambiente en España están a la cola de la Unión Europea, donde la media de 2022 se situó en el 2,02% del PIB. Por detrás de la proporción española solo están Chequia, Irlanda y Luxemburgo. Más allá del número absoluto de millones anuales, la tendencia es a la baja desde 2015, cuando los ingresos fueron el 1,93% del producto interior bruto. Desde entonces ha ido descendiendo hasta ese 1,52% de 2022.
¿Qué ocurre en España? El investigador del Centro Vasco de Cambio Climático (BC3), Xaquín García Muros explica que “la principal barrera es la percepción que hay en la población de que este tipo de impuestos son injustos o regresivos a pesar de que cuando hemos ido a mirar los datos para ver si esto se sostiene, la realidad es que no es así”.
La principal barrera es la percepción de que este tipo de impuestos son injustos o regresivos a pesar de que la realidad es que no es así. Pero los políticos que deben afrontar una posible reforma fiscal se tienen que relacionar con esa percepción social
La noción de que gravar actividades o productos perjudiciales, como los combustibles fósiles, perjudica a las personas con menos recursos, que deben dedicar más parte de su presupuesto a calentar sus casas con gas o gasoil o desplazarse en coches sucios, está detrás de que España se quede rezagada en los ingresos por impuestos verdes, a pesar de los avisos reiterados para que corrija el rumbo.
“Es un caso de percepción versus realidad y eso constituye el mayor obstáculo porque, al final, los políticos que deben afrontar una posible reforma fiscal se tienen que relacionar con esa percepción social”, remata García Muros.
Este experto en economía y medio ambiente añade que este asunto “está encasquillado porque viene de lejos a pesar de que lo ve todo el mundo, desde la OCDE a la Comisión Europea. Incluso cuando en la crisis financiera se subieron todo tipo de impuestos en España, los ambientales no se tocaron”.
Lo cierto es que el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario impulsado por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy –conocido como informe Lagares– decía literalmente en 2014: “Deben incrementarse los impuestos directos y medioambientales”.
Y ocho años después, el Libro blanco de la fiscalidad en España (2022) señalaba que no se estaban “cubriendo numerosos problemas medioambientales, sectores o actividades contaminantes” al tiempo que los impuestos actuales “no reflejan adecuadamente los impactos ambientales de ciertas emisiones o productos”. Eso provoca que se socaven “objetivos de protección medioambiental y de la salud”. Es decir, el nivel de impuestos verdes españoles perjudica a la naturaleza y la salud de la personas.
Porque el fin de estos tributos “no es tanto recaudar como que el precio de productos como los combustibles fósiles reflejen los daños que producen”, detalla García Muros. Sin esa relación, los impactos negativos los pagan otros en lo que se denomina externalidades.
Un esquema de compensaciones por el que los recursos que se generan con esos impuestos alivien a las personas con rentas más bajas que podrían verse perjudicadas es clave cuando hablamos de transición justa
La politóloga Cristina Monge considera que para romper esa percepción es importante que se cree “un esquema de compensaciones por el que los recursos que se generan con esos impuestos alivien a las personas con rentas más bajas que podrían verse perjudicadas”. Y añade: “Cuando hablamos de transición justa, esta es una de las claves”.
“La idea es tomar el dinero para invertirlo y ayudar a la gente que tiene que adaptarse a esa transición”, insiste la politóloga. Y eso, abunda, “puede hacerse con el diésel, el impuesto al plástico o la tasa turística en un país potencia mundial como es España”.
A España le han señalado que enderece esta situación desde la OCDE –que pidió “aumentar los impuestos relacionados con el medio ambiente” en su último análisis de perspectivas de este mayo– hasta la Comisión Europea que ha afeado en varias ocasiones la subvención al diésel. Sin embargo, el propio caso del gasoil “es paradigmático del problema”, como lo define García Muros.
En España el diésel está subvencionado: tiene un impuesto más bajo que la gasolina. El intento del Gobierno de reducir esa bonificación fiscal puso en peligro la aprobación de los presupuestos generales del Estado en 2020: el PNV se opuso y, finalmente, esa medida se evaporó.
“Es una cantidad que podría llamarse marginal, pero se agitó la bandera del dieselazo y terminó por eliminarse”, recuerda el economista del BC3.
Cristina Monge participó en un trabajo de investigación sobre una posible retirada de la subvención del gasoil en España. “Vimos que la medida era muy neutral o un poco perjudicial para ciertas personas con rentas medias-bajas, pero que podía equilibrarse con una compensación”, detalla.
“Cuando presentamos los resultados a grupos de opinión implicados como agricultores o empresarios no había un discurso negacionista. Sí se discutía cómo aplicarlo, pero para nada un rechazo frontal. Y al exponérselo a los grupos parlamentarios lo mismo: nadie excepto Vox cuestionó el informe ni la necesidad de poner en marcha estos mecanismos”, abunda la politóloga.
Pero parece que esa coyuntura se ha modificado. “Hay veces en las que una ventana de oportunidad se cierra porque con la crisis energética que hemos vivido no hay gobierno que se atreva a afrontar cambios en la fiscalidad ambiental”, remacha el investigador del BC3.
En este sentido, por ejemplo, cuando la Ley de Residuos incorporó un impuesto al plástico no reciclado de 0,45 céntimos por kilo las protestas no se hicieron esperar. El sector del gran consumo afirmó unas semanas antes de que entrara en vigor (el 1 de enero de 2023) que llegaba “en el peor momento” aunque el sector tenía disparados sus ingresos. Y el Partido Popular no tardó en colocarse a rebufo y enarbolar en varias ocasiones este tributo como un problema que “merma la competitividad”. Incluso el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a decir que “una bolsa de plástico vale más que un kilo de naranjas” para criticar este impuesto en particular.
Que “los tributos medioambientales son efectivos en la corrección del problema medioambiental y no generan impactos económicos significativos” parece una cuestión probada, pero otra cosa es aplicarlo. “Por eso hay que sacarlos de cualquier campaña electoral”, reflexiona Cristina Monge. “Desde el fin de los comicios al inicio de los siguientes es el momento de debatirlos. Durante una campaña, resulta algo suicida”.
