Ha empezado la tramitación en las Corts Valencianes de las cinco leyes impulsadas por el Partido Popular y Vox que estos partidos que sustentan el Gobierno de Carlos Mazón pretenden aprobar antes de que el Parlamento autonómico cierre por vacaciones. Entre ellas se encuentra la controvertida ley de 'libertad' educativa, que se ha encontrado con el rechazo frontal de los partidos de la oposición, de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y de la comunidad educativa valenciana -profesores, familias y alumnos-, que han convocado para el próximo 23 de mayo una huelga que pretende ser la primera gran movilización contra las políticas de un Consell que no lleva ni un año de mandato. El Gobierno incluso advirtió que la recurriría, junto a la ley de 'concordia', al Constitucional.
Precisamente la Universitat de València ha elaborado un informe para analizar la norma impulsada por la derecha y la ultraderecha, desde una triple perspectiva sociolingüística, pedagógica y jurídica, que resulta demoledor, ya que concluye que la proposición de ley “constituye un claro retroceso en cuanto al ordenamiento de la educación plurilingüe”. De este modo, considera que se trata de un reglamento “innecesario, discriminatorio y recesivo que rompe el consenso conformado alrededor de la LUEV (Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià) a lo largo de cuarenta años”. Así, sentencia que, “invocando el valor supremo de la libertad de elección lingüística, arrincona en la práctica a los valencianohablantes, que no podrán hacer valer sus derechos”.
El documento de la Universitat de València, coordinado por Vicente Tasa (Càtedra de Drets Lingüístics), justifica con múltiples argumentos lo inadecuado de la norma. El primero de ellos es que el texto legislativo parte de dos premisas “erróneas”: considerar que el valenciano es una lengua “normalizada” que “convive armónicamente” con el castellano y que la ley de plurilingüismo de 2018 “discrimina a los castellanohablantes de forma genérica, sin indicar ni las circunstancias ni los hechos concretos”.
El documento censura que se proponga una nueva norma cuando todavía no se han evaluado los resultados de la aplicación del Pepli (Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural): “Investigaciones rigurosas, con indicadores contrastados, demuestran que los alumnos escolarizados con el valenciano como lengua vehicular obtienen mayoritariamente mejor rendimiento escolar que los educados mayoritariamente en castellano”.
El informe advierte de que la norma entra en conflicto con la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional por el derecho del alumnado a conocer las dos lenguas oficiales “para poder usarlas de manera libre y plena”; al tiempo que alerta de que se invoca el derecho de las familias a elegir la lengua vehicular, “pero la libertad de elección lingüística sólo afecta a los castellanohablantes, mientras que la elección de valenciano se ve dificultada por una serie da trabas y condicionantes que no se aplican al castellano”. Así, los autores del documento recuerdan que los tutores del alumnado pueden elegir el modelo educativo, “pero no pueden determinar ni los instrumentos lingüísticos, ni los contenidos educativos, ni los procedimientos didácticos y evaluadores, que son competencia de las autoridades educativas y de los docentes”.
Otro de los puntos sobre los que alerta es que se prescribe “de forma arbitraria” una reducción del tiempo lectivo en valenciano y imponiendo el tope del 20% máximo entre la franja de escolarización en la lengua propia y la que se verifique en castellano, “sin ningún tipo de fundamentación pedagógica”. También “discrimina” al alumnado de las zonas castellanohablantes porque “fomenta la desafección hacia el valenciano y vulnera su derecho a acceder a la educación plurilingüe en las mismas condiciones que el alumnado valencianohablante”. En este sentido, se muestra contundente al afirmar que ley impulsada por el PP y Vox interpreta la exención de aprender valenciano y en valenciano como un “ejercicio de libertad”, cuando en realidad es “una privación de derechos que debilita al conjunto social y dificulta la cohesión y la vertebración de nuestros territorios en un único espacio compartido”.
Los expertos que han elaborado el estudio aseveran que la ley de PP y Vox “atenta” contra lo que prescribe la LUEV: “La obtención por parte del alumnado de una competencia equilibrada en las dos lenguas oficiales al final de la escolarización obligatoria”. Insisten en que los investigadores sobre programas plurilingües coinciden en la necesidad de que el uso vehicular de la lengua minorizada sea mayoritario y que “en ningún caso” baje del 50% “si realmente se quiere corregir el bilingüismo social asimétrico”.
La norma que está en tramitación parlamentaria configura un modelo educativo que “minoriza todavía más el valenciano y tiende, de facto, al monolingüismo, con lo que se aleja de las recomendaciones en materia educativa que propugna el Consejo de Europa. Es decir, ”no plantea una perspectiva global de aprendizaje plurilingüe, con integración de contenidos y lenguas, y con atención a la diversidad cultural y a las lenguas familiares no curriculares“. La norma, en relación al profesorado, ”no apunta objetivos estratégicos, líneas metodológicos ni procedimientos de evaluación“.
El estudio impulsado por la Universitat de València destaca los “múltiples efectos negativos” de la ley para el valenciano en el ámbito educativo: se desincentivaría el aprendizaje de quienes quieren incorporarse a la comunidad lingüística valenciana a partir de la competencia que ofrece la escuela; establecería una jerarquización de centros educativos en virtud de los porcentajes de lengua; reduciría todavía más su uso como lengua instrumental y de relación en colegios e institutos, “ampliando la hegemonía actual del castellano”; devaluaría los actuales títulos de conocimiento del valenciano; reforzaría los prejuicios negativos sobre el valenciano, “que se percibe como una lengua subalterna y de escasa utilidad”; y agravaría un doble alejamiento, entre comunidades de hablantes y territorios, “en lugar de favorecer la integración de los valencianos en una sola colectividad, articulada en torno a dos lenguas oficiales y compartidas”.
Las eventuales consecuencias de esta norma, sentencian, “no son hipótesis admonitorias, sino procesos documentados y en progreso”. Para la elaboración del informe, los investigadores se han remitido a diferentes estudios demolingüísticos, en particular a la última encuesta sobre el conocimiento y uso social del valenciano, de 2021, que apuntan a una situación de “emergencia sociolingüística”: “La proposición de ley podría ser un golpe de gracia contra la lengua propia e histórica de los valencianos y una condena, en un lapso de tiempo breve, a un estado residual de incierto desenlace”.
En definitiva, el documento considera que la nueva norma “romperá el consenso social establecido en torno a la LUEV, representará un retroceso sociolingüístico claro y, lejos de contribuir a una idea equivocada de libertad individual y colectiva, abrirá una fractura social entre territorios y grupos de hablantes”. Ante esta perspectiva, apuntan que la decisión “más razonable” es la retirada de la proposición de ley y la apertura de un proceso de diálogo “sereno, meditado y constructivo entre todos los agentes políticos, sociales y académicos para relanzar un nuevo consenso en favor del valenciano y del ordenamiento del plurilingüismo educativo en nuestro país”.
