La madrugada del 13 al 14 de junio de 2023 y tras varios días de travesía, un pesquero con unas 750 personas a bordo que había salido desde Tobruk, al este de Libia, naufragó en la costa del Peloponeso, a la altura de Pylos. En el naufragio del Adriana sobrevivieron unas 104 personas y se recuperaron 82 cuerpos sin vida. Se trata de uno de los naufragios más mortíferos en aguas mediterráneas en los últimos años.
Ahora, casi un año después, nueve de los supervivientes se enfrentan a un juicio en el que se los acusa de pertenencia a organización criminal y el transporte no autorizado de personas extranjeras en territorio griego. También se les imputa la responsabilidad del naufragio “con peligro para la vida humana y con resultado mortal” y la entrada no autorizada en territorio griego. Estos cargos podrían suponer la condena a diferentes cadenas perpetuas en el país heleno.
El juicio dará comienzo el próximo 21 de mayo en el Tribunal de Apelaciones de Kalamata, en el Peloponeso. Numerosas organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales aseguran que se trata de un proceso que tiene como objetivo encontrar un chivo expiatorio de la tragedia y exigen “la absolución inmediata de todos los cargos de los nueve supervivientes, su liberación inmediata, su debido trato y apoyo como supervivientes del naufragio y una investigación exhaustiva e independiente de los hechos reales detrás del naufragio de Pylos”.
Nefeli Belavila-Trova, miembro de la plataforma Pylos 9 Campaign, explica que: “Si son declarados culpables, se enfrentan a cadena perpetua. En Grecia esto son unos 25 años, que es el tiempo máximo que una persona puede estar en la cárcel. Es posible que les caiga la sentencia máxima porque sus cargos están multiplicados por los pasajeros de la embarcación en la que iban. Lo que no sabemos es si van a contar el centenar de supervivientes, si van a contar las 750 personas que iban a bordo, incluidos los cadáveres... Cuenten lo que cuenten los jueces será una condena grande”. La activista se muestra pesimista por la complejidad del caso, a pesar de las múltiples grietas en la acusación. El equipo de ocho abogados que defenderán a “los 9 de Pylos”, tal y como se les conoce, presionarán a la fiscalía para que se aporten más evidencias. “Se trata de la criminalización de nueve personas sin pruebas. Esto es un juicio político”, asegura Vicki Angelidou, una de las abogadas.
Dimitris Choulis, que forma parte de Human Rights Legal Project, y también es uno de los abogados que asiste en el caso, insiste en la falta de pruebas, ya que “se ha demostrado que los guardacostas griegos apagaron las cámaras durante la operación”, algo que prohíbe la legislación griega. En su momento, la Guardia Costera aseguró que no hay metraje de la operación de rescate “porque las cámaras no funcionaban”. El grupo de abogados también pone en entredicho la validez de los testimonios de los supervivientes que se han usado contra los nueve acusados, puesto que se les tomó declaración inmediatamente después del rescate y en las horas posteriores, cuando aún estaban en estado de shock. De hecho, algunos de ellos se retractaron un tiempo después y aseguraron haber recibido coacciones por parte de las autoridades griegas y haber temido por sus procedimientos de asilo. También los nueve acusados han recibido coacciones y se les ha pesionado para que se declaren culpables. Por último, los abogados subrayan la rapidez tanto de la instrucción como del juicio: “Sabemos que intentarán hacer un juicio rápido para cerrar el caso lo antes posible”, explica Angelidou. La posibilidad de que alguno de los supervivientes declare a favor de los nueve acusados es remota, aunque no imposible. Declararán, eso sí, dos oficiales de la Guardia Costera Griega, uno de ellos el capitán de del barco que intentó remolcarlos. “El capitán tiene la responsabilidad máxima: primero, porque no cumplió con su deber de salvar a la gente del barco, independientemente de las órdenes que recibiese; segundo porque no grabó el rescate. También hay que buscar la responsabilidad en las políticas de migración europeas, pero a estas no las podemos llevarlas a la cárcel”, se lamenta Choulis.
Este es un caso complejo por el papel que desempeñó la Guardia Costera Griega el día del naufragio. Según los testimonios y las investigaciones independientes, los guardacostas griegos habrían violado el Derecho Internacional del Mar y los diferentes tratados en materia de derechos humanos al no proporcionar una operación de rescate adecuada. Desde el primer momento, los supervivientes de la tragedia han sostenido que los guardacostas griegos intentaron remolcar el pesquero a pesar de la peligrosidad que suponía la maniobra, puesto que iba abarrotado. Al hacerlo, la zozobra habría provocado el hundimiento del barco. “Nos dijeron que nos llevarían a aguas italianas; los intentamos seguir, pero no pudimos; y fue entonces cuando nos tiraron el cabo. Cuando se produjo el movimiento, la gente empezó a gritar que pararan. Estábamos asustados. La embarcación volcó y todo se precipitó. Caímos al agua y pedimos ayuda, pero los guardacostas iniciaron el rescate una o dos horas después. No recuerdo exactamente el tiempo, pero estuvimos mucho rato en el mar. Vi como moría gente, también mi primo”, relataba a esta periodista hace unos meses Mohamed (nombre ficticio), de origen palestino y uno de los supervivientes del Adriana. Cuando los rescataron, los supervivientes fueron ubicados a bordo del Mayan Queen IV, un yate de lujo que en aquel momento se encontraba en la zona. En el yate, los guardacostas griegos requisaron los teléfonos móviles a los supervivientes y nunca se los devolvieron.
De ser cierta la versión, en la que coinciden el centenar de supervivientes y varias investigaciones, entre ellas la de Forensic Architecture, la Guardia Costera Griega habría violado el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la obligación de “prestar auxilio a todas aquellas personas que se encuentren en peligro de desaparecer en el mar” y sobre la obligación de “dirigirse a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro, una vez se sepa que necesitan socorro y siempre que tengan una posibilidad razonable de llevarlo a cabo”. Otra de la preguntas que surgió hace casi un año y que continúa sin responderse hace referencia al cabo que se le lanzó a la embarcación. Los abogados y las abogadas de la defensa, así como numerosas organizaciones de derechos humanos aseguran de que se trataba de una devolución en caliente encubierta que tenía como objetivo devolver el pesquero a aguas italianas para así quedar exentos de responsabilidad.
En septiembre de 2023, 40 de los 104 supervivientes del naufragio presentaron una denuncia penal ante el Tribunal Naval del Pireo con el objetivo de dar a conocer las irregularidades que se han producido a lo largo de este año en referencia a la investigación del naufragio. Con la denuncia, los supervivientes piden que se lleve cabo una investigación independiente y que se asuman las responsabilidades correspondientes por parte de la Guardia Costera Griega, tanto por su actuación como por su omisión de socorro.
La situación de las nueve personas encausadas por el naufragio de Pylos no es un caso aislado. Actualmente en Grecia hay más de 2.000 personas encarceladas bajo acusaciones similares. Uno de los casos más conocidos es el de Homayoun Sabetara, de 58 años y de origen iraní. En agosto de 2021, Sabetara, que había conseguido cruzar la frontera terrestre greco-turca, en la región de Evros, fue arrestado por las autoridades helenas mientras conducía un coche con otras siete personas. Sabetara, quien siempre ha mantenido que se le obligó a conducir aquel coche, fue detenido; y tras el jucio, en septiembre de 2022, fue condenado en primera instancia a 18 años de cárcel por contrabando de personas. Sabetara se dirigía a Alemania, donde en aquel momento se encontraba su hija. El pasado 22 de abril empezó su audiencia de apelación en el tribunal de Salónica, pero el juicio se aplazó hasta el próximo septiembre, ya que el único testigo del caso –una de las personas que había viajado con el Sabetara– se ausentó. Ahora se está a la espera de localizar a este individuo. Los abogados del iraní han solicitado la liberación inmediata del acusado a causa del deterioro de su salud, pero el tribunal lo ha rechazado.
También es conocido el caso de “los 6 de Moria”. Se trata de las seis personas de origen afgano acusadas de destruir con un incendio el campo de Moria, en Lesbos, en septiembre de 2020. En primera instancia, cuatro de los seis acusados fueron condenados a 10 años de cárcel; los otros dos eran menores de edad. Más tarde, se pudo demostrar que de los cuatro adultos había tres menores de edad, así que se les remitió al tribunal de menores competente y fueron puestos en libertad pero con algunas restricciones. Finalmente hubo una persona condenada a ocho años de cárcel. A pesar de la falta de pruebas, una vez más, la justicia griega acusó a personas al azar para sacudirse las responsabilidades.
Según las organizaciones de derechos humanos, el caso de Sabetara, “los 6 de Moria” o “los 9 de Pylos” son ejemplos claros de la sistemática criminalización de los y las personas que migran por parte de la Administración griega. Las organizaciones también destacan que la mayoría de estos juicios, además de violar los protocolos internacionales, como la Convención de Ginebra, se producen en situaciones de clara desventaja para los acusados. En la gran mayoría de ocasiones, los procesos de instrucción son cortos y las intervenciones de las personas acusadas en el juicio también son breves. También hay problemas con la lengua, ya que en muchos de estos juicios hay problemas con la traducción y la interpretación. Por último, recalca Choulis, las leyes internacionales lo dejan claro: “no se puede criminalizar a los y las solicitantes de asilo”.
