Alberto González Amador tiene una cita el próximo lunes en los juzgados de Madrid. La pareja de Isabel Díaz Ayuso declara como imputado para explicar cómo es posible que consiguiera ingresar varios millones de euros durante la pandemia pero que su factura del Impuesto de Sociedades se mantuviera tan baja como en años anteriores. Un doble fraude fiscal de 350.951 euros desvelado por elDiario.es que incluyó un entramado de facturas falsas y que él mismo ha reconocido a cambio de no pisar la cárcel. Su declaración se solapa con la investigación judicial paralela en la que se presenta como víctima de revelación de secretos por parte de la misma Fiscalía que le denunció.
González Amador fue presentado a la opinión pública como un técnico sanitario cuando trascendió que había empezado a salir con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La realidad es que se trata de un empresario del sector sanitario estrechamente vinculado al grupo Quirón y que en pandemia hizo fortuna ejerciendo de comisionista en la compraventa del bien más preciado en los primeros meses de crisis mundial: mascarillas.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso ganó más de dos millones de euros en estas operaciones. Mucho más de lo que su empresa Maxwell Cremona había facturado desde su creación. Pero, según ha reconocido él mismo, puso en marcha un sistema para que su factura por el Impuesto de Sociedades no se multiplicara de forma proporcional: facturas falsas que aumentaran de forma ficticia los gastos de la empresa, aminorando la carga fiscal.
Lo hizo por varias vías. La mayor parte del fraude se perpetró a través de dos facturas que sumaban más de millón y medio entre las dos y que no se correspondían con trabajos reales, uno en México y otro en Costa de Marfil. El resto a través de facturas que llegaban desde un entramado de empresas sin trabajadores radicado en la localidad sevillana de Arahal. El resultado: en su declaración de 2020 pagó 155.000 euros de menos y en la de 2021 se ahorró 195.951 euros más.
Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, el caso llegó a manos de un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid después de una investigación exhaustiva de la Agencia Tributaria, que derivó en una denuncia de la Fiscalía. El Ministerio Público le atribuye dos delitos fiscales en concurso con otro más de falsedad documental y en la lista de imputados también están las personas acusadas de ayudarle a defraudar al fisco.
La declaración de Alberto González Amador como imputado llega después de que él mismo haya reconocido por escrito, a través de su abogado, que efectivamente cometió dos delitos fiscales y que está dispuesto a pagar su deuda y aceptar ocho meses de cárcel a cambio de no tener que pisar la prisión de forma efectiva. También llega después de que Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, haya difundido el bulo de que fue la Fiscalía quien ofreció un pacto a González Amador y que luego el fiscal del caso lo retiró por orden de sus superiores. En realidad fue al revés.
Lo cierto es que la estrategia de Alberto González Amador para intentar esquivar el banquillo a toda costa arrancó hace ya muchos meses, antes de que la Fiscalía le denunciara. Empezó cuando en 2023 presentó la declaración fiscal de 2022 e intentó saldar sus deudas pagando varios cientos de miles de euros de más.
Hacienda rechazó esa estrategia y explicó al empresario que ya no estaba a tiempo de pagar para evitar la acusación, algo que tendría que haber hecho voluntariamente y antes de saber que estaba siendo investigado. Un movimiento que, con el tiempo, sirvió para que Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez defendieran que, en realidad, era Hacienda la que debía dinero a González Amador. Intentó, además, anular las dos facturas más voluminosas de su fraude.
Todo esto, según Hacienda y la Fiscalía, no fue sino un reconocimiento implícito de su doble fraude fiscal. Un reconocimiento que se volvió explícito cuando el propio Alberto González se dirigió por escrito al Ministerio Público para reconocer que “ciertamente” había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y que ofrecía un trato: cuatro meses de cárcel por cada delito, pagar su deuda con intereses pero, a cambio, no ejecutar la condena y no tener que entrar en prisión. Los tratos no suelen alcanzarse, en la mayor parte de procesos judiciales, en la misma puerta del juicio, no antes incluso de ser denunciado.
Está por ver cuál es la estrategia procesal de González Amador cuando este lunes comparezca en el juzgado 19 de la Plaza de Castilla de Madrid. Si opta por dar continuidad a sus ofrecimientos y reconoce los delitos que le atribuyen la Fiscalía y la Agencia Tributaria en busca de un pacto, o si apuesta por defender su inocencia o, incluso, por pedir la nulidad del proceso. Porque, según alegan sus abogados en otro proceso penal seguido en el Tribunal Superior de Justicia, un comunicado de la Fiscalía que contestó a un bulo sobre el proceso afectó a su derecho de defensa.
Con la declaración de este lunes arranca una causa judicial en la que ya no está solo la Fiscalía. La Abogacía del Estado está personada en representación de Hacienda, que ya en la fase previa a la denuncia entendió que Alberto González había delinquido, además de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. También está por ver si su estrategia en el proceso coincide con la del resto de imputados.
