El procés no ha muerto con el resultado de las elecciones de este pasado domingo, porque nunca ha estado vivo. Ha sido un espejismo, una suerte de ilusión óptica que se ha desvanecido al entrar en contacto con la realidad. No ha habido ni un solo minuto en que el procés haya supuesto un riesgo para la integridad territorial del Estado. Ha habido manifestaciones espectaculares después de que se hiciera pública en 2010 la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y en las Diadas de los años posteriores. Hubo dos referéndums aparentes, el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, que fueron en realidad dos ejercicios del derecho de manifestación disfrazados de referéndum.
Se convocó a los ciudadanos para que depositaran una papeleta en una urna, pero la convocatoria se produjo sin ninguno de los requisitos jurídicos que se exigen para que pueda considerarse un referéndum. Su impacto político fue notable, sin duda. Su valor jurídico, nulo. Los propios convocantes del referéndum lo tuvieron que reconocer al hacer una declaración de independencia de ocho segundos de duración. La foto de la señora que pasa del éxtasis a la decepción sin solución de continuidad tras la proclamación seguida de la negación de la declaración de independencia es un ejemplo insuperable del axioma de que una foto vale más que mil palabras.
El procés ha existido por la incapacidad del Gobierno con mayoría absoluta presidido por Mariano Rajoy de negociar con un Gobierno de la Generalitat presidido por Artur Mas. Fue la cerrazón interesada de Rajoy mientras dispuso de mayoría absoluta, es decir, entre 2011 y 2015, la que impulsó el avance del procés. Es posible que pensara que con dicha cerrazón se garantizaba en 2015 la repetición de la victoria de 2011. Pero no sólo no fue así, sino que desde 2015 el PP dejó de tener el monopolio de la representación de la derecha española, que perdió, además, la mayoría parlamentaria.
Impulsar el procés se convirtió para el PP a partir de ese momento en una necesidad, ya que era la única forma de esterilizar políticamente al nacionalismo catalán, invalidando su representación parlamentaria en el proceso de formación del Gobierno de España. Fue lo que le permitió a Rajoy continuar siendo presidente del Gobierno entre 2016 y 2018. La moción de censura de julio de 2018 pondría de manifiesto que carecía de mayoría parlamentaria para gobernar. Todas las elecciones generales celebradas desde entonces han confirmado que la derecha española carece de dicha mayoría.
La mayoría parlamentaria en Catalunya de los partidos nacionalistas es imprescindible para la deslegitimación del Gobierno de coalición en el Estado. El PP necesita que Carles Puigdemont sea president de la Generalitat para hacer inviable el Gobierno de Pedro Sánchez. De ahí la coincidencia de Feijóo y Puigdemont en la interpretación de los resultados electorales de este pasado domingo en las elecciones catalanas, que deben conducir, en su opinión, a que sea Puigdemont con el apoyo del PSOE el que acabe siendo president de la Generalitat.
El PP se niega a aceptar el fin del procés, porque sin él no puede argumentar la falta de legitimidad del Gobierno presidido por Sánchez, la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, la pretensión de convertir el Senado en lugar del Congreso de los Diputados en la auténtica Cámara representativa del “pueblo español” en contra de lo que dice la Constitución… El PP no puede hacer valer su estrategia sin el procés.
Pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Todos los presidentes del PP, Rajoy, Casado y Núñez Feijóo, han contribuido a aumentar el número de nacionalistas por la independencia, que no dejaban de tener mayoría en el Parlament con la estrategia respecto de Catalunya del PP. De ahí la necesidad que han tenido de derivar al poder judicial la respuesta frente al procés. Revertir esta tendencia ha sido la política de Pedro Sánchez. Al nacionalismo no hay que ganarle en los tribunales, sino en las elecciones. No hay que perseguirlos judicialmente o intentar esterilizarlos políticamente, sino que hay que competir con ellos electoralmente para conseguir devolver el problema de la integración de Catalunya en el Estado de la justicia a la política. Eso es lo que han significado los indultos y la ley de amnistía. Y eso es lo que han avalado los ciudadanos de Catalunya con su voto este pasado domingo.
El PP se niega a aceptar la realidad. Pero la realidad es testaruda. El procés ha sido siempre un espejismo que no ha sido reconocido como tal por el interés cruzado y al mismo tiempo antagónico del PP y del nacionalismo catalán. Después del resultado electoral de este pasado domingo ya no es posible no reconocerlo, aunque Puigdemont y Núñez Feijóo se sigan resistiendo a hacerlo.
