Farah (nombre ficticio) estaba inconsciente debido a un coma diabético cuando fue víctima de una violación. Dos meses después, descubrió que estaba embarazada. Ella acudió a un ginecólogo en busca de ayuda, pero se negó a practicarle un aborto, prohibido en Marruecos si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Farah trató de interrumpir ella misma su embarazo.
“Tomé toda clase de hierbas y bebedizos para abortar. Compré hierbas a un herborista, bebí las infusiones, tuve dolores insoportables y vomité. Sentí que se me desgarraban los intestinos, pero no aborté. Una vez fui a mi habitación, me desnudé, me metí un palo largo por la vagina y lo giré en todas direcciones, pero sólo conseguí hacerme una herida terrible y un dolor insoportable”, dice en un testimonio recogido por Amnistía Internacional (AI). “Durante más de cinco meses lo intenté todo, sin resultado. Hasta pensé en suicidarme”. Al final, Farah tuvo que llevar el embarazo a término, pese a las lesiones y la infección que sufría. También perdió el trabajo.
Farah es una de las mujeres que contaron a la organización que se habían quedado embarazadas tras ser violadas en Marruecos. Este martes, Amnistía Internacional ha lanzado un estudio pionero que alerta de que la penalización del aborto en el país vecino, incluso en los casos de embarazo resultante de una violación, tiene “efectos ruinosos” sobre los derechos de las mujeres y las niñas.
El estudio, titulado Mi vida está arruinada: La necesidad de despenalizar el aborto en Marruecos, critica la inaccesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, lo que empuja a mujeres y niñas a optar por métodos clandestinos y riesgosos para terminar embarazos no deseados, incluso en casos de violación. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, describe la ONG.
El informe, que se sustenta en entrevistas con 33 mujeres que intentaron abortar, expone que las restricciones legales no solo infringen los derechos humanos fundamentales, sino que también condenan a las mujeres a la marginación social y económica. Además, documenta casos extremos de mujeres que, desesperadas, han intentado suicidarse.
“Con frecuencia, las mujeres no tienen otra salida que buscar en secreto unos servicios de aborto no regulados, inseguros y normalmente caros. Nos contaron que han recurrido a múltiples métodos peligrosos, como uso indebido de fármacos, ingesta de mezclas químicas peligrosas y hasta violencia física, autoinfligida o de terceras personas”, dice la entidad.
Amnistía Internacional denuncia la respuesta deficiente de Marruecos ante la violencia de género, que perpetúa la impunidad y facilita la actuación de agresores sexuales. Las leyes que criminalizan las relaciones sexuales extramatrimoniales y el aborto intensifican la exclusión y el estigma que estas mujeres enfrentan, impactando negativamente en sus vidas, lamenta la ONG.
Amjad Yamin, subdirector regional de AI para Oriente Medio y Norte de África, condena las políticas marroquíes, afirmando que “ningún Estado debe imponer decisiones sobre el embarazo ni privar a mujeres y niñas de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva”.
La organización exhorta a Marruecos, donde se estima que se realizan entre 700 y 1.000 abortos clandestinos diarios, a despenalizar el aborto y asegurar servicios integrales de salud sexual y reproductiva accesibles para todas.
En una conferencia de prensa en Rabat, Wafaa Agzul, encargada de Movilización de AI en Marruecos, ha anunciado este martes que el nuevo informe será el pilar de una campaña de tres años para defender la abolición de la penalización del aborto en el país.
La campaña busca también el establecimiento de servicios legales de aborto seguros y de calidad, así como fomentar un debate nacional sobre la interrupción voluntaria del embarazo y su importancia para las mujeres y los niños.
