Fumata blanca definitiva. Tras ocho años de idas y venidas, arduas negociaciones y encontronazos, los gobiernos de la UE han dado el visto bueno al pacto de migración y asilo que la Eurocámara avaló en abril. La cercanía de las elecciones europeas y la amenaza de un considerable incremento de las fuerzas de extrema derecha imprimieron un acelerón a ese acuerdo, que abandona todo concepto de solidaridad y se centra en la construcción de la 'Europa fortaleza'.
Los países europeos tienen ahora dos años para poner en práctica los diez textos legislativos que constituyen el nuevo marco y que cubren todo el proceso migratorio: desde que las personas migrantes llegan a la frontera hasta que se otorga el asilo o se deniega. La intención es que ese proceso dure seis meses para una primera decisión y establece la posibilidad del rechazo en frontera. Bélgica, a quien corresponde la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha asegurado que está preparando “las bases para que las nuevas reglas sean operativas cuando entren en aplicación en 2026”.
La inmigración es uno de los asuntos más divisivos de la UE y, de hecho, algunos gobiernos, como el ultranacionalista de Viktor Orbán o el polaco Donald Tusk, ya han amagado con incumplir el pacto migratorio porque se niegan a pagar por rechazar refugiados. Esa opción -el pago de 20.000 euros por refugiado rechazado- fue la que salió adelante después de que una abrumadora mayoría de estados descartaran la solidaridad obligatoria, con la que se pretendía establecer un reparto de cuotas para gestionar los momentos de crisis, como los que se vivieron la pasada década con la guerra en Siria. La denominada 'solidaridad a la carta', que establecerá el número de refugiados que tendría que acoger cada estado miembro dependerá de la población (un 50%) y del PIB (50%), persigue aliviar la presión de los países de entrada, como España o Italia.
En términos generales, el pacto migratorio supone un endurecimiento de las reglas de acceso al asilo y un fortalecimiento para las devoluciones. A eso fue virando la UE a medida que se ha incrementado el poder de la derecha y ha ido creciendo la extrema derecha en todo el continente.
Las ONG se oponen a las nuevas normas, que también endurecen las condiciones en las que las personas migrantes aguardarán hasta que se resuelvan los expedientes en las fronteras con una ampliación de los plazos de detención y amplía el proceso a los niños a partir de los seis años (actualmente es desde los 14). Las autoridades llevarán a cabo un procedimiento de control previo de entrada en las fronteras que incluye la identificación a través de huellas dactilares y también la recogida de datos faciales mediante sistemas biométricos. Con eso, la UE pretende facilitar las expulsiones.
También permitirá las deportaciones rápidas en frontera y se podrán llevar a cabo el registro de la persona si consideran que representa “una amenaza para la seguridad, si la persona es violenta o va armada ilegalmente”.
Otra de las grandes críticas es que el pacto migratorio olvida las operaciones de rescate en el mar, a pesar de que el Mediterráneo se ha convertido en un gran cementerio en el que han muerto al menos 22.000 personas intentando llegar a Europa. Esas operaciones se pusieron en marcha a instancias de Italia en 2013 tras la tragedia de Lampedusa en la que murieron más de 300 personas. En el año que estuvo activa las autoridades italianas rescataron a 156.362 migrantes, pero la negativa de los 27 a apoyar financieramente esa operación –cuyo coste era de unos 114 millones anuales– llevó al Gobierno italiano a ponerle fin. El vacío dejado por los gobiernos empujó a las ONG a fletar sus propios buques para hacer frente a las incesantes muertes.
