El Gobierno ha rebajado un poco más su objetivo de reducción de deuda pública este año, al 105,5% del PIB (Producto Interior Bruto). El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido “la responsabilidad fiscal” del Ejecutivo de coalición y ha confirmado que España dejará el déficit [la diferencia entre ingresos y gastos] en el 3% este 2024 y que reducirá el endeudamiento 0,8 puntos más de lo estimado previamente (un 106,3%, según el Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea a finales de abril).
En 2023, la ratio de deuda respecto al PIB (una forma de medir su sostenibilidad) se quedó en el 108,1%. De cumplirse las nuevas metas, el desapalancamiento de nuestro país será de cerca de 20 puntos porcentuales “en apenas 4 años”. El objetivo para 2025 es reducir el déficit al 2,5%, y el endeudamiento al 104,1% gracias, principalmente, al dinamismo de la actividad económica.
La meta del 2,5% de déficit de 2025 es “particularmente importante” porque “nos permitiría tener superávit en términos primarios [es decir, descontando la carga de los intereses que pagan por la propia deuda]”, ha detallado el ministro de Economía, Comercio y Empresa.
La economía de España sigue sorprendiendo positivamente y todas las previsiones apuntan a que el PIB crecerá cerca de un 2% tanto en 2024 como en 2025, según ha recalcado el propio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Este ritmo será suficiente para liderar a los principales socios europeos. Un papel que nuestro país viene asumiendo desde 2021, desmintiendo una y otra vez los mensajes catastrofistas del Partido Popular (PP), de la extrema derecha y de algunos economistas y centros de análisis en contra del Gobierno de coalición.
El arranque de 2024 ha avalado las expectativas. El PIB (Producto Interior Bruto) avanzó un 0,7% entre enero y marzo, respecto al último trimestre de 2023. Y la OCDE ha confirmado esta misma semana que, en 2023, España fue el segundo Estado de la Organización en donde más aumentó la renta real de los hogares —una vez restado el mordisco de la inflación—, superando el nivel previo a la gran crisis financiera de 2008. Este dato medio recoge un efecto composición por la creación de puestos de trabajo mejor pagados y más estables. Los salarios cuentan otra historia.
De hecho, el buen dato de crecimiento se apoya principalmente en la creación de puestos de trabajo, “y de calidad”, según ha incidido Cuerpo. En abril, se alcanzó un récord de más de 21 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Aunque estas cifras no esconden problemas como “la saturación” del turismo, al grave problema del acceso a la vivienda, al golpe de las subidas de los tipos de interés del BCE o al regreso de las reglas fiscales de la UE.
Precisamente, esas reglas fiscales están acelerando “la responsabilidad fiscal” de la que presume Carlos Cuerpo, pese a que el Consejo Económico y Social (CES) lamentó la semana pasada que el nuevo 'corsé' de la UE “dificulta políticas” que alivien las crisis.
El Banco de España calculó hace unos días que las nuevas reglas fiscales que ha diseñado la Unión Europea conllevarán que España tenga que apretarse el cinturón, en alrededor de 10.000 millones de euros anuales. Los socios europeos aprobaron hace meses la nueva hoja de ruta en materia de disciplina fiscal, para contener el déficit por debajo del 3% y que la deuda pública no supere el 60%, pero dio un plazo de tiempo para lograr esos objetivos. En concreto, los Estados tienen cuatro años, que puede ampliarse a siete, en caso de que haya reformas estructurales. Además, la Comisión va a diseñar un análisis de sostenibilidad de la deuda específico para cada país.
En la misma rueda de prensa, Carlos Cuerpo ha adelantado que, en las próximas semanas, se va a sellar un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para canalizar 20.000 millones de euros a través del Fondo de Resiliencia Autonómica, que se destinarán a proyectos en sectores estratégicos. Por ejemplo, de movilidad sostenible, turismo sostenible o de rehabilitación de vivienda. Cuerpo también ha indicado que las comunidades autónomas van a tener un rol reforzado en la gestión de estos fondos, tanto en términos de gobernanza como de selección de los proyectos que se van a financiar.
