Incluso el conocimiento de mi propia falibilidad no puede evitar que cometa errores"
Mucho linchar al principio y poco rectificar después, para eso hemos quedado.
El escándalo del error de Barbate ha pasado como un reptil bajo los pies de la indignación tuitera y de las horas de escarnio televisivas. La Guardia Civil se apresuró y se equivocó y detuvo acusando del asesinato de sus compañeros a unos cajeteros (contrabandistas de tabaco) que nada tenían que ver con los brutales hechos. Me dirán: cosas que pasan. Lo cierto es que a las pocas horas de la detención de El Cabra y los suyos, abogados con clientes dedicados a la cosa del hachís me dijeron ya que era un error, que los “pringaos” que habían detenido no tenían nada que ver, que habían sido “unos moros”. Fuera de programa se lo comenté a gente con la que trabajo y, aunque me animaron a contar lo que decían esas fuentes, preferí callarme, a fin de cuentas los chorizos mienten mucho y, a veces, sus abogados también. Con esto sólo reafirmo el clima de opinión que se crea en la mayoría de los casos mediáticos que estremecen emocionalmente a la población –sobre todo cuando hay imágenes y estas eran horripilantes– sin que dejemos nunca un lugar para la duda. La duda se llama presunción de inocencia y aquí suena a farolillo chino y la directiva europea que la protege (343/2016) es menos leída que el Ulises de Joyce.
Es un tema escandaloso, no sólo por lo que supone sino por lo que representa. Hay quien piensa que la Guardia Civil tenía mucha presión de arriba y mucha prisa por resolver un caso que les atañía directamente, no puedo confirmarlo. Lo cierto es que erraron y no parece que fuera tan difícil seguir el hilo de quiénes estaban dónde; a mí me llegó hasta sin pedirlo. Pero los detuvieron y los llevaron a declarar y el pueblo salió a gritarles “¡asesinos!, ¡asesinos!”, dando cumplimiento a un rito medieval que en aplicación de la directiva y por vergüenza democrática debería ser evitado en todo caso. No eran ellos, fíjate. Ahora clamen por el sistema “demasiado garantista”, que se me abren las carnes cada vez que lo oigo. ¿Para qué son las garantías? Para que no acaben comiéndose unas acusaciones de asesinato unos pringaos contrabandistas que tienen pequeñas causas o para que no se lo coma usted si algún día tercia.
La fuerza de las policías para lograr la adhesión social a su versión de los hechos es enorme. No sólo porque muchas veces hacen las cosas muy bien sino porque tienen potentes gabinetes de comunicación que pregonan su efectividad como si de un jabón se tratara. Los medios suelen comprar acríticamente la versión policial e incluso la fiscal, como si los acusadores nunca erraran y los abogados defensores fueran sólo la parte anecdótica que intenta engañar al sistema para salvar a los que seguro son culpables.
Fíjense si hay respeto para no meterse con la Guardia Civil que uno de los abogados de los pringados a los que querían pedirles prisión perpetua revisable por algo que no habían hecho ha manifestado: “Estamos sumamente agradecidos a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que con absoluta profesionalidad y objetividad, ha apoyado y demostrado que era verdad lo que decían los acusados y sus defensas. Ahora, lo único que esperamos es que nuestros clientes sean puestos en libertad, porque bastante tiempo llevan soportando la denigración y el oprobio de ser acusados falsamente por unos asesinatos que no habían cometido”. Vamos, que encima tienen que estar agradecidos porque, como no son tontos, saben que el emperramiento podía haber continuado y la acusación acrítica también y el juez instructor podría haber tirado para adelante. ¿Cuántas veces pasa? No podemos saberlo. ¿Cuántos inocentes de unos hechos pagan por ellos porque como son robagallinas conocidos se les atribuyen? No podemos decirlo, pero pasa.
Si me apuran, los que mayores garantías tienen en el sistema son los que delinquen a más alto nivel, las mafias y sus miembros, que son los únicos que pueden pagarse abogados de renombre y encargar y pagar periciales para demostrar, por ejemplo, que ellos no estaban geolocalizados en esa lancha o que su embarcación no tiene daños que coincidan con el impacto o cualquier otra cosa que si se pide de oficio se deniega a menudo. En esta ocasión, los inocentes se han salvado porque se les ocurrió grabar la escena de la embestida brutal desde sus móviles estando en otra lancha y así, claro, aportadas por sus abogados se concluyó que si estaban grabando en un sitio a los asesinos no podían ser los asesinos. Ellos lo alegaron desde el principio, en el cuartelillo y en el juzgado, así que ya ven. ¡Asesinos!, les gritaban los vecinos y ¡asesinos!, les decían las buenas gentes del juicio ritual en los platós, las radios y los periódicos. Pues no eran asesinos, ¿y ahora?
Tenemos un grave problema de narcotráfico en la costa sur, lo tenemos, pero desde luego tenemos que solucionarlo desde el refuerzo del Estado de Derecho. La presunción de inocencia no es un adorno. Los “presuntos” no se esparcen como la sal sobre la crónica de sucesos para que no te caiga un puerro. La presunción de inocencia es la garantía procesal que obra para evitar que personas inocentes puedan acabar en prisión y es la garantía de todos nosotros. Por eso hay que abominar de una Justicia de carril que en el fondo funciona como si todos los chungos fueran culpables per se. Se sorprenderían del número de jueces que se dejan llevar de la mano en la instrucción por los fiscales y los informes policiales poniéndose la presunción de inocencia de flor en el ojal.
Por muy culpable que parezca la gente, debemos pensar que sólo el funcionamiento completo del sistema nos acerca a la verdad y, a veces, ni eso. Y no sólo con los robagallinas o los choros habituales, miren a Shakira, la han pregonado en miles de titulares porque lo decía Hacienda y porque lo decía la Fiscalía y ahora resulta que nos dice la jueza que archiva porque: “No basta para la comisión del delito contra la Hacienda Pública que se hayan producido irregularidades en las declaraciones tributarias presentadas y que estas irregularidades conlleven el dejar de ingresar una cantidad superior a los 120.000 euros (...), sino que también se precisa que dicha conducta se haya llevado a cabo con el ánimo de defraudar a la Hacienda Pública”. Hacienda no es tampoco el Dios de los contribuyentes. Hay que dejar funcionar al sistema, en todos los casos.
Todos somos falibles, también las policías. Procuremos todos, ciudadanos, tuiteros, periodistas y operadores jurídicos recordar esto una y otra vez. Este caso es paradigmático porque fíjense que la Guardia Civil buscaba a los viles asesinos de sus propios compañeros y aun así, o precisamente por eso, ha fallado. La Benemérita tampoco es Dios. Los jueces instructores no son Dios.
Dios, en caso de que existiera, no participa en la muy humana Justicia. No lo olvidemos nunca.
