Toda sociedad que descansa en el capital como principio de constitución económica es de una complejidad tan enorme que necesita hacer una síntesis política de sí misma para poder tomar decisiones, es decir, para poder gobernarse. Esto vale tanto para la sociedad española en su conjunto como para la de cada una de las “nacionalidades y regiones” que la integran. La coincidencia de la titularidad y el ejercicio del poder, que es en lo que consiste la democracia directa, es una forma política intelectualmente pensable, pero no técnicamente organizable. De ahí que tanto el sistema político español como los subsistemas de las “nacionalidades y regiones” sean democracias representativas. Mediante el derecho de sufragio los ciudadanos y ciudadanas que integran el cuerpo electoral eligen a los diputados que constituirán el Parlamento, que a continuación tendrán que investir al Presidente del Gobierno o del Consejo de Gobierno correspondiente. A través de estos dos órganos constitucionales o estatutarios se dirige políticamente el Estado o la Comunidad Autónoma correspondiente.
Para hacer posible esa síntesis política insoslayable para la gobernabilidad, la democracia necesita dos instrumentos de “reducción de la complejidad social”: los partidos políticos y el sistema electoral. A través de los partidos se racionaliza la oferta electoral. Los millones de miembros del cuerpo electoral disponen de una oferta de programas y candidaturas con las que orientarse en el ejercicio del derecho de sufragio. A través del sistema electoral se regula la traducción de los votos de los ciudadanos en escaños. De la combinación de ambos instrumentos resulta la composición del Parlamento, que tiene como primera tarea la de investir al Presidente del Gobierno. En caso de no conseguirlo en un plazo de dos meses, contados a partir de la primera votación de investidura, se producirá la disolución automática del Parlamento y la celebración de nuevas elecciones.
Hoy domingo por la noche sabremos qué “reducción de la complejidad social” se ha producido como consecuencia del ejercicio del derecho de sufragio y empezaremos a tener un indicador de la probabilidad o posibilidad de que se pueda llevar adelante el proceso de investidura.
Si tomamos como punto de partida el resultado electoral de 2021 y los resultados que se han ido conociendo de las distintas encuestas, es probable que el número de partidos con escaños en el Parlament baje de ocho a siete, como consecuencia de la desaparición de Ciudadanos, o se mantenga en ocho con la entrada de Aliança catalana. De verificarse esta última posibilidad, habría en el Parlament cuatro partidos nacionalistas catalanes: ERC, Junts, CUP y Aliança, y cuatro no nacionalistas catalanes: PSC-PSOE, PP, Vox y En Común-Sumar. Aumentaría en uno el número de partidos nacionalistas catalanes y disminuiría en uno el de partidos no nacionalistas catalanes.
Hoy por la noche sabremos el porcentaje de voto y el número de escaños de cada uno de los partidos, es decir, de qué capital político dispone cada uno de ellos para negociar la investidura del posible candidato a la presidencia de la Generalitat. Pero también se confirmará la falta de sintonía en el interior del área nacionalista catalán y en el de no nacionalismo catalán. La heterogeneidad de la representación nacionalista catalana es tan intensa como la de la representación no nacionalista catalana.
Pero, además, hay que contar con que antes de que se constituya el Parlament y se elija al presidente o la presidenta y la Mesa del Parlament, habrá entrado en vigor la ley de amnistía y se habrá iniciado el proceso de aplicación de la misma, que vendrá acompañado de la interposición de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, tal vez, de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En qué medida el proceso de aplicación de la ley de amnistía puede condicionar la constitución real y efectiva del Parlament es una incógnita que habrá que despejar antes de la investidura. Si Carles Puigdemont no hubiera encabezado la candidatura de Junts y se hubiera reservado para el Parlamento europeo, se habría facilitado la operación de la investidura. Pero con Carles Puigdemot optando a la candidatura, el proceso se complica de manera extraordinaria.
A ello hay que añadir que, antes de que se constituya el Parlament, se habrá puesto en marcha el proceso electoral europeo y, como consecuencia de ello, las decisiones que se adopten respecto de la aplicación de la ley de amnistía interferirán con los mensajes que se envíen a los ciudadanos en la campaña electoral europea, que se prevé muy agitada con intervención de líderes internacionales y no solamente de la Unión Europea.
La convocatoria de las elecciones catalanas entre las vascas y las europeas pienso que ha sido un profundo error. A menos que los resultados nos deparen una sorpresa monumental, no creo que el Parlament que salga elegido este 12 de mayo vaya a estar en condiciones de investir a un president de la Generalitat y, en consecuencia, habrá que repetir las elecciones en otoño.
