La década prodigiosa de la sostenibilidad parece haberse adentrado en una fase de decadencia sin apenas haber traspasado su ecuador, el que debía conducir al planeta, en 2030, a desactivar el detonador del Reloj del Clima del que alertan los científicos. Como establecieron los Acuerdos de París se tendría que atravesar el punto de no retorno hacia la neutralidad energética en 2050, .
Porque “el momento de la verdad” de esta hoja de ruta al que se refiere la Agencia Internacional de la Energía (AIE) no ha concienciado a las petroleras. Sus transiciones hacia las emisiones netas cero de CO2 son una quimera y sus apuestas por las energías limpias, ejercicios de lavado de capitales. En la acepción más literal del término, la que delata sus tácticas de ecopostureo (greenwashing) para revestir de verde sus inversiones en negocios fósiles, los que, en realidad, van a sostener sus ingresos y beneficios a lo largo de esta década.
Así lo certifica el Congreso estadounidense, que acaba de diseccionar esta alteración substancial de la batalla contra el cambio climático por parte de las firmas petroleras y gasísticas, a las que acusa en un informe de “negacionistas”, de instaurar métodos de “desinformación” y de usar un “doble lenguaje” para ocultar sus verdaderas intenciones: “evitar el registro contable de sus daños climáticos” por el empleo sistemático -y soterrado- de negocios fósiles.
La radiografía del legislativo estadounidense culmina tres años de investigación a la industria petrolera que inició la bancada demócrata en el seno del Comité de Supervisión y de Contabilidad de la Cámara de Representantes. Se ha elaborado a partir de documentos recabados a empresas del sector y mandatos internos de sus ejecutivos y directivos.
Entre otras, a las cuatro supermajors estadounidenses (ExxonMobil y Chevron) y británicas (Shell y BP) que operan en EEUU -la quinta Big-Oil, la francesa Total Energy, ha quedado al margen del diagnóstico-. Así como al American Petroleum Institute, el lobby del oro negro por antonomasia en Washington, o a la poderosa US Chamber of Commerce, considerada como la patronal de los negocios privados estadounidenses. El alegato final es contundente: “sus acciones climáticas resultan decepcionantes”.
Más en concreto, sus críticas inciden en una praxis hipócrita, que busca “ensalzar sus estrategias de emisiones netas cero”, mientras tratan de “esconder en su trastienda contable sus suculentos beneficios” procedentes del petróleo y del gas de una forma prolongada en el tiempo. “Durante décadas -desde los años sesenta- la industria fósil ha conocido el efecto económico y los daños climáticos de sus productos y, sin embargo, no han tenido reparos en recibir los más de 600.000 millones de dólares anuales en subsidios” federales que gratifican las energías limpias, mientras “consignaban unos beneficios récord”.
El informe ahonda todavía más en la herida al asegurar que “su negación del cambio climático” se ha sustentado en el cultivo de “semillas verdes” -en alusión a sus proyectos sostenibles- con las que han suplantado “operaciones encubiertas” y en las que han usado “dinero negro, ficticios foros de transmisión de sus iniciativas de bajas emisiones, falsos dictámenes económicos y frecuentes métodos de influencia política con lobbies para bloquear cualquier progreso contra la catástrofe climática”.
El demócrata Sheldon Whitehouse (Rhode Island), que firma el documento como presidente del Comité Presupuestario del Senado, redunda en el mensaje de que “la crisis climática es ya una emergencia para el conjunto de la civilización”. No llega a alertar, como el secretario general de la ONU, António Gutérres, de que “hemos abierto las puertas del infierno” por la cadencia en la toma de decisiones que frenen el calentamiento global, aunque se aproxima a la advertencia de la AIE de que “la industria debe elegir entre agravar el colapso climático o ser parte de la solución e intensificar sus transiciones hacia las energías limpias”.
Pero, sobre todo, Whitehouse clama contra los beneficios caídos del cielo desde la escalada de los precios energéticos por la guerra de Ucrania y la aportación del sector al restablecimiento de la Vieja Economía fósil tras un bienio post-Covid de avances empresariales hacia la supresión de sus huellas de carbono.
Las Big-Five (ExxonMobil, Chevron, Shell, BP y TotalEnergy) acumularon en 2023 más de 120.850 millones de dólares de beneficios, aunque no fue su mejor ejercicio. En 2022 sobrepasaron los 134.000 millones. Si la lista de supermajors se eleva a siete (con ConocoPhillips y la italiana Eni) el pasado año consiguieron reunir más de 161.820 millones de ganancias.
La guerra de Ucrania hizo estallar los precios de la energía. Desde entonces, las Cinco Grandes han atesorado 281.000 millones de dólares -cantidad similar a los tamaños de las economías de Perú y casi de Portugal- según contabiliza la ONG Global Witness, cuyos expertos recuerdan que los beneficios conjuntos acumulados por las dos británicas (94.200 millones) “serían suficientes para sufragar la factura eléctrica de Reino Unido durante 17 meses consecutivos”.
En paralelo, el repóker de majors del petróleo declaró el pasado año unas inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares, sin especificar sus proyectos fósiles. Desde el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) corroboran que sus accionistas han recibido por los beneficios de 2023 incluso más dividendos de los recabados en 2022, su récord histórico de facturación.
Jamie Raskin, con escaño demócrata por Maryland en la Cámara de Representantes que preside el Comité de Supervisión y Contabilidad y coautor junto a Whitehouse del informe del Congreso, enfatiza esta peripecia de acrobacia corporativa. “Las grandes petroleras iluminan su modelo de negocio verde, oscurecen los peligros de los carburantes fósiles, ordenan interrumpir iniciativas climáticas y priorizan sus tácticas de Relaciones Públicas sobre sus compromisos climáticos”. Las cuatro majors, el lobby petrolífero y la Cámara americana “obstruyeron las investigaciones” pese a lo cual, se detectaron varios de sus diques de contención.
Raskin y Whitehouse explican que la industria utiliza a universidades, asociaciones de comercio, think tanks y foros de influencia social para justificar sus pausas en el tránsito hacia las emisiones netas cero o para ensalzar sus supuestas inversiones verdes. Es una “constante estratégica” entre sus ejecutivos y directivos. Por ejemplo, BP ha promovido estos años la protección del gas como fuente renovable, Chevron saludó efusivo los Acuerdos de París como un “primer paso correcto” pero cambió su posición con la llegada de la Administración Trump y su apoyo al fracking y a la industria fósil, Exxon descartó explorar el biodiésel por sus “enormes inversiones” y Shell quiso sustituir el metano como alternativa al gas.
Entretanto, Las petroleras desembolsaban millones de dólares en campañas en medios sobre su preservación de espacios naturales mientras “acusan a periodistas de mala praxis profesional” si criticaban su connivencia con sus combustibles fósiles. Otra de sus fórmulas para acallar críticas era mediante compras de favores a través de lobbies para los que, en 2022, según OpenSecrets, movilizaron 124,4 millones solo para diluir los efectos regulatorios que favorecen las inversiones renovables de la Inflation Reduction Act (IRA) promulgada ese verano en Estados Unidos. Koch Industries fue la que más destinó -11,3 millones-, por delante de Occidental Petroleum, y de ConocoPhillips, ExxonMovil y Chevron Corp que, en conjunto, promovieron 44,3 millones.
En Europa, sus Big Five del crudo (BP, Shell, TotalEnergy, Eni y Repsol) facturaron más de 47.000 millones de euros en 2021 y se repartieron entre 1993 y el último ejercicio previo a la guerra de Ucrania 850.000 millones de beneficios entre esos años, según la consultora Profundo. Sus expertos creen que deberían pagar 13 billones de euros: 4,2 billones por daños a la capa de ozono por sus emisiones y 9 billones por los costes sanitarios de enfermedades vinculadas al deterioro medioambiental. En cambio -apuntan- sus obligaciones fiscales apenas han supuesto el 5% de esta cifra, mientas siguen causando el 13% de las emisiones globales de CO2.
Otro estudio, de la Universidad de Oxford, destaca esta doble vara de medir de las petroleras: 75 de las 112 mayores compañías fósiles se han comprometido a alcanzar emisiones netas cero antes de 2050, pero la mayoría ni cubren ni informan con transparencia de las Emisiones Scope 3, aquellas no relacionados con sus activos, aunque procedan de proveedores o firmas auxiliares que participan en sus cadenas de valor.
Follow The Money (FTM), think tank crítico con la gestión ecológica de las petroleras, apunta a otro factor determinante de sus prácticas de greenwashing: 4 de cada 10 fondos de inversión se han contagiado del fragor bursátil de la Vieja Economía y han incorporado activos fósiles a sus carteras de capital. Y, aunque en Europa, a finales de 2023, el 60% de los portfolios se podían calificar de “sostenibles” según Morningstar -en torno a los 5,2 billones de euros, más de doble del presupuesto para Acción Climática de la UE entre 2021 y 2027- firmas de inversión medianas y grandes como HSBC, BlackRock o UBS han relajado sus finanzas verdes y su exigencia de elegir valores con criterios ESG, ecológicos, sociales y de buena gobernanza.
Richard Tyszkiewicz, experto en inversiones, ha emprendido una cruzada en Europa para que estos fondos limpien de activos fósiles sus carteras de inversión, una regeneración que afecta al 70% de los 430 que operan en el mercado interior y que “se han dejado seducir” -advierte- por la Vieja Economía de la que habla desde el otoño que precedió a la invasión rusa de Ucrania Jeff Curry, estratega jefe de Goldman Sachs, para alertar de que la espiral de los precios del gas y el petróleo anticipaba una batalla de la industria fósil y sus lobbies por controlar el ciclo post-Covid y sepultar el bienio de esplendor 2020-21 de las inversiones ESG.
