Los teléfonos móviles están prohibidos en los todos centros docentes valencianos no universitarios (colegios e institutos) sostenidos con fondos públicos desde el pasado 6 de mayo, cuando entró en vigor tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la orden de la Conselleria de Educación que regula su uso en el interior de los centros educativos únicamente en dos casos: para actividades didácticas, y siempre bajo supervisión del docente, o por razones de salud u otros motivos autorizados por el centro. Tal y como explicaba el conseller José Antonio Rovira, con esta medida se pretende evitar “el uso indiscriminado del móvil sin supervisión, que puede generar dificultades en el aprendizaje y también en la convivencia”.
Sin embargo, esta iniciativa ya se había adoptado antes en algunos centros. Y no sólo eso. El pasado mes de marzo, Sagunt se declaró 'ciudad libre de móviles' en los centros educativos, una iniciativa aprobada por el Consejo Escolar Municipal que venía a refrendar las decisiones adoptadas anteriormente por muchos de sus institutos, que ya habían prohibido el uso de los dispositivos móviles en el interior de los centros: algunos desde el curso pasado, otros desde el comienzo del actual.
La experiencia, según relatan desde diferentes institutos de la capital del Camp de Morvedre a elDiario.es, es muy positiva y no ha tenido prácticamente contestación por parte de los alumnos y las familias. El primer centro en tomar esta decisión fue el IES Clot del Moro, un instituto con unos 1.100 alumnos que decidió impedir el uso de los smartphones en el interior de sus instalaciones el último trimestre del curso 22/23: “Detectamos el problema y buscamos soluciones que fuéramos capaces de gestionar”, explica el director del instituto, Enric Ripollés, quien matiza que desde hacía unos años sólo se permitían en los patios; pero la cosa se fue relajando hasta llegar primero a los pasillos y después a las aulas, hasta hacer la situación insostenible, generando situaciones de conflicto en clase con los profesores.
Una vez hecho el diagnóstico, se trabajó en un protocolo para prohibirlo en todo el recinto con el objetivo de reducir la conflictividad y potenciar que los alumnos sociabilicen e interactúen, de forma que la medida se puso en marcha en el último trimestre del curso 21/22, primero por medio de una campaña educativa e informativa, trabajando en las tutorías e informando a las familias, y posteriormente retirando los móviles, que pasaban a estar en custodia del centro: “Se le comunicó a las familias, que firman un documento de consentimiento, y posteriormente se hizo efectiva la prohibición, que hizo que desapareciera el uso indiscriminado del móvil en el instituto”. En cuanto al método de retirada, Ripollés insiste en que se evita el conflicto: cuando se detecta un uso incorrecto, se le pide el teléfono al alumno y, si éste se niega a entregarlo, se le abre un parte disciplinario. “En ningún caso se discute con el menor”, manifiesta.
Desa Vilaplana es directora del IES María Moliner, un instituto más pequeño, con unos 500 alumnos, en el que la prohibición también se implantó el curso pasado, “sólo está permitido para uso académico”. El problema, recuerda, es que los niños más pequeños, de doce y trece años, “ni se miraban, estaban todo el rato enganchados al móvil”, además de las grabaciones que se hacían sin consentimiento y que provocaron algún que otro conflicto. “Llegó un momento en el que la cosa se fue de las manos y había que poner límites a la utilización del teléfono en el instituto”, asegura la directora para justificar la prohibición, y añade: “Yo creo que ha sido una buena medida que ha ayudado a mejorar la convivencia, a que los alumnos se relacionen más, vuelvan a hablar y a jugar entre ellos”. Así mismo, asevera que no se produjeron protestas contra esta decisión, simplemente se asumió.
En los IES Nº 5 y Camp de Morvedre, del Puerto de Sagunto, la prohibición se implantó a principios de curso. En ambos casos se tomó como referencia el protocolo adaptado por el Clot del Moro meses atrás. Amparo Navarro, directora del Camp de Morvedre, un centro con alrededor de 1.600 estudiantes, reseña como detectaron la necesidad después de comprobar que se hacían fotos, vídeos, e incluso directos en Instagram: “Cuando los detectábamos, sancionábamos al alumno”. Así que, en abril de 2023 se realizó una campaña de concienciación y de información a las familias y en mayo se puso en marcha la prohibición: “La valoración no puede ser más positiva, y los infractores suelen ser reincidentes”.
Desde el IES Nº 5, una infraestructura de nueva construcción para 1.200 estudiantes impulsada al amparo del plan Edificant y que ha abierto sus puertas este curso, su directora, Irene Fernández, sostiene que allí ha sido más sencilla la implementación de la norma anti–móviles, “al ser todo nuevo, incluso el centro, todo ha sido más fácil y los alumnos lo han asimilado sin ningún problema”. “El protocolo es claro, dentro del centro no se puede consultar el teléfono en ningún caso, y se está cumpliendo”, dice, aunque admite que algunos jóvenes continúan utilizándolos a escondidas: “Se ha reducido su utilización considerablemente, pero sería de ingenuos afirmar que se ha eliminado totalmente”.
“Hay que recordar de dónde venimos –relata Fernández–, de una pandemia en la que no se permitía el contacto y los niños, que ahora son adolescentes, únicamente podían relacionarse por medio de los dispositivos electrónicos, hasta en el colegio o en el instituto; ahora, romper con eso es complicado”. Con esta medida, celebra, se ha conseguido reducir al máximo su uso en el centro y, sobre todo, el mal uso: las fotos y grabaciones no consentidas, los stickers y memes que servían para burlarse de compañeros: “Estamos muy contentos, tanto el profesorado como las familias, que nos han dado todo su apoyo. Socialmente, creo que es un avance”.
En general, y salvo algunas excepciones, esta medida no ha provocado conflictos ni con las familias ni con los estudiantes: “Ha habido bastante empatía”. “Una familia nos dijo a principio de curso que su hijo tenía que llevar el teléfono encima por cuestiones médicas, pero después no insistió”, comenta Fernández, quien recuerda que en el centro hay teléfono a disposición del alumnado que lo requiera; mientras que Vilaplana o Ripollés explican que sí que hubo algunas familias que protestaron asegurando que no se les podían requisar los teléfonos a sus hijos porque iba contra la ley. Mientras que Fernández resalta que los inconvenientes que hayan presentado dos familias en un centro con 1.200 alumnos no son relevantes.
Además, “el hecho de que la Conselleria haya publicado esta resolución nos da un respaldo legal que sustenta nuestros reglamentos internos y nos permite aplicar las medidas que consideremos oportunas en caso de incumplimiento de la prohibición”, celebra Navarro: “La problemática era la misma para todos los centros, que teníamos que buscarnos la vida para resolver esta situación. Ahora, los docentes estamos respaldados por la resolución de la conselleria”.
En cuanto a la cantidad de dispositivos requisados, desde los cuatro institutos coinciden en que se ha ido reduciendo considerablemente: “Al principio eran muchos los alumnos a los que pillábamos utilizando el teléfono en el centro, incluso había 'atascos' en los aseos; sin embargo, ahora son muy pocos los dispositivos requisados, hay días que ninguno, y cuando les pillas te dicen que están consultando la hora”. En general, reconocen desde todos los centros, los adolescentes han interiorizado rápidamente la norma: “Aunque no somos ingenuos, sabemos que se siguen utilizando cuando nadie les ve ni les vigila, pero al menos hemos conseguido eliminar esa imagen de un patio lleno de jóvenes mirando una pantalla y sin interactuar entre ellos”.
En cuanto a la retirada y custodia, las medidas disciplinarias varían dependiendo del centro: en algunos se retira hasta que finalizan las clases, en otros casos la custodia es hasta que la familia pasa a recogerlos y en ocasiones se tienen que esperar unos días antes de poder recuperar el dispositivo.
Entre los estudiantes, en general, aceptan esta prohibición: “Si no lo podemos utilizar durante unas horas, no pasa nada”, apunta José, alumno de cuarto de la ESO del IES Camp de Morvedre, quien reconoce no obstante que alguna vez lo ha encendido para consultar las redes sociales en los servicios, cuando no hay nadie vigilando. Miguel Ángel, que también cursa cuarto de la ESO en el IES Nº 5, señala que al principio se respetaba mucho más la prohibición, “ahora se ha relajado un poco”, al tiempo que indica que es cierto que se trabaja más y que ayuda a socializar. En cuarto del IES Nº 5 también está Héctor, para quien la medida dentro del aula es positiva, ya que les ayuda a trabajar mejor: “En el patio no estoy de acuerdo, allí no veo que haya ningún problema”, y recuerda que a él le requisaron el teléfono la única vez que lo ha sacado estando prohibido.
Pablo, que cursa segundo de la ESO en el IES Camp de Morvedre, considera que es una medida positiva, que les ayuda a relacionarse mejor con sus compañeros y a trabajar más: “No necesitamos el móvil en todo momento, y cuando lo necesitamos para clase, nos lo dejan sacar”, mientras que Fabio, que estudia un ciclo formativo en este mismo centro, cree que es una iniciativa que les viene bien a la mayoría de los jóvenes, “no se le daba un uso correcto, ya que la mayoría de gente lo usaba para jugar, incluso en clase”.
Pero también hay críticas, sobre todo entre los más mayores: Naiara, Diana y Keiner estudian primero de Bachillerato en el María Moliner y recalcan que, aunque es cierto que permite una mayor concentración en el aula, opinan que es “injusto” que se les retire el móvil varios días: “No es tuyo y no me lo tienes que quitar, aunque no lo debiera haber sacado. Somos mayores y responsables de lo que hacemos con nuestros teléfonos”. Lo que sí que reconocen es que, con la puesta en marcha de esta iniciativa, se ve a los más pequeños jugar de nuevo en el patio.
