Hemos vivido cinco días políticamente convulsos e inciertos del mes de abril y estamos en vísperas de las elecciones catalanas. Volviendo a los hechos de abril, era evidente que desde hacía tiempo se venían difundiendo en los medios de comunicación determinadas actividades profesionales de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, algunas de ellas muy anteriores a que llegase a instalarse en el Palacio de la Moncloa. Cualquiera puede conocerlas con detalle si entra en los buscadores digitales. Como era de esperar, dado el ambiente político que preside el debate y la confrontación que impera en nuestra vida democrática, en un primer momento todo había quedado en críticas, petición de responsabilidades políticas y comparecencias en comisiones de investigación. Súbitamente, el pasado 24 de abril, el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid abre unas diligencias penales de investigación contra ella, en virtud de una simple denuncia del colectivo Manos Limpias, que, como puede comprobarse en el escueto escrito, carece en absoluto de legitimación para presentarla. No obstante, la causa sigue adelante.
La grave decisión de criminalizar unas actividades profesionales impactó emocionalmente, como es lógico, en su esposo el presidente del Gobierno, que, en mi opinión y con absoluto respeto a sus sentimientos, reaccionó de forma equivocada. La situación era inédita y no tenía precedentes en nuestra historia democrática, pero no era suficiente para provocar un paréntesis paralizador de las actividades del Ejecutivo que provoca la natural inestabilidad política y la consiguiente intranquilidad entre la ciudadanía y en las esferas económicas nacionales y extranjeras. Por otro lado, conviene recordar que la Ley del Gobierno solo contempla la dimisión, en ningún caso la suspensión de las actividades del presidente.
Al conocer la noticia de la decisión judicial, sale precipitadamente del hemiciclo, se refugia en el espacio de su intimidad y decide redactar un escrito dirigido a todos los ciudadanos que recoge unas reflexiones personales, denunciando todo lo que está aconteciendo en el mundo político, mediático y judicial. Seguramente el silencio absoluto hubiera sido una muestra de insensibilidad personal, e incluso la cólera me parece justificada, pero ambos sentimientos, personalmente respetables, creo que no justifican una decisión como la adoptada.
Después de cinco días frenéticos, en los que se dispararon las especulaciones sobre las causas de la dimisión y los pronósticos sobre la decisión que adoptaría una vez transcurrido el periodo de reflexión, reaparece solemnemente en las escalinatas del Palacio de la Moncloa anunciando que continuará en el cargo. Lee un comunicado en el que se entremezclan las duras críticas al clima creado por los medios de comunicación, con especiales reproches a la actitud y manifestaciones de los líderes de la oposición. Utiliza un signo ortográfico, el punto y aparte, como metáfora para anunciar un cambio en la política venidera. Sostiene y lo comparto que la “difamación personal y familiar nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego”.
Nada que objetar a su propósito de avanzar en la conquista, consolidación y mejora de los derechos y libertades que proclama nuestra Constitución y todos los Tratados internacionales sobre los derechos humanos. Lamentablemente la necesaria regeneración democrática requiere algo más que el Boletín Oficial del Estado. Las convicciones democráticas necesitan ser cultivadas desde la escuela y fortalecidas con la formación continuada en los valores de la convivencia, la tolerancia y el respeto por el disidente y el extraño. Se va construyendo día a día.
Cuando entre en vigor la ley de amnistía, es posible que la continuidad de la legislatura se consolide y resista. Después de las elecciones catalanas y europeas queda mucha política social y económica por hacer que no nace de un punto y aparte sino de inactividades del pasado. Una ley de viviendas, salarios, jornada laboral y sistema tributario, entre otras, podrían vivificar la legislatura. Una ley de seguridad ciudadana es imprescindible en democracia, pero hay que eliminar artículos que coartan el ejercicio de derechos fundamentales reprimidos, recortados y sancionados con multas exorbitantes. Siempre debe estar presente el artículo 10 de la Constitución en el que se puede leer que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
En estos momentos, todo está pendiente del resultado de las elecciones catalanas. La habitual irrupción de las terminales judiciales en los procesos políticos ha introducido una variante que altera el tablero electoral que se venía detectando desde hacía unos meses. Los avances demoscópicos daban un triunfo arrollador a PSC y a Salvador Illa, seguido de ERC y en un tercer lugar Junts. En mi opinión, todo cambia el 24 de enero cuando el juez Garcia-Castellón, con la anuencia del juez Marchena y su Sala, deciden incluir en su investigación sobre Tsunami Democrátic, que consideran organización terrorista, a Carles Puigdemont. A pesar de este fantasmagórico pronunciamiento, es incomprensible que sigan sin emitir una orden de detención y entrega contra un “terrorista”, sabiendo que, en estos momentos, tiene su residencia a pocos kilómetros de la frontera. Considerar a una plataforma ciudadana, que se constituyó con el exclusivo propósito de organizar protestas por la injustificada condena de los políticos independentistas, como una organización terrorista ha provocado un natural malestar y rechazo en gran parte de la sociedad catalana, independientemente de su adscripción política.
La encuesta realizada para el grupo Prisa, entre el 30 de abril y el 2 de mayo, refleja una subida espectacular de Junts que, en su franja alta, se acerca a dos escaños del PSC si este se queda en la franja baja. Todavía faltan unos días hasta el 12 de mayo para que las especulaciones se conviertan en una realidad estadísticamente contabilizada. Si se consolida esta tendencia, Junts y ERC conformarían una mayoría absoluta, con o sin la posible aportación de la CUP, que cambiaría totalmente el panorama político catalán.
ERC, partido comprometido con la democracia y los avances sociales, se podría encontrar en una encrucijada. Integrarse en un tripartito ya experimentado en el pasado (con PSC y Comuns) o participar en un gobierno independentista con la presidencia de Carles Puigdemont, que sería muy difícil de rechazar sin crear un conflicto de consecuencias imprevisibles. Nos queda la tranquilidad de su promesa de seguir con el actual compromiso de apoyar al Gobierno en el Parlamento español.
La pelota está en el tejado de Junts, que tiene la oportunidad de decantarse por el apoyo parlamentario en Madrid o provocar una crisis que nos lleve a una moción de confianza de consecuencias imprevisibles. Si añadimos que la encuesta sitúa a Carles Puigdemont en el primer lugar de preferencia de los lideres, no es descartable que pueda comprometer la supervivencia del Gobierno de coalición.
Los demócratas españoles que, ciertamente en un número reducido, nos hemos pronunciado en contra de la condena por la Sala Segunda contra actividades político parlamentarias incuestionablemente inconstitucionales pero en absoluto constitutivas de delito, estamos legitimados para solicitar de Junts que, con sus siete escaños, mantenga, por lo menos durante un tiempo razonable, el difícil equilibrio actual, puesto en cuestión por los últimos acontecimientos. La alternativa es la convocatoria de nuevas elecciones generales que podrían –no es tan seguro como piensan sus lideres– dar paso a una forma de gobernar que ya han puesto de manifiesto en la Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en los que forman coalición PP y Vox. El domingo 12 de mayo nos jugamos algo más que el gobierno de la Generalitat.
