El Tribunal Supremo ha decidido anular el nombramiento de Dolores Delgado, exfiscal general del Estado, como fiscal de sala de Memoria Democrática. Los jueces han estimado tres recursos y devuelven el proceso al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre un punto en concreto: si la actividad profesional de su pareja obstaculiza “el imparcial desempeño de su función”. La sentencia llega unos meses después de que el mismo Supremo anulara su primer ascenso a la máxima categoría de la Fiscalía como fiscal de sala togada de lo militar.
El Supremo, en un comunicado, explica que la sección cuarta ha tomado la decisión por mayoría: queda anulado el Real Decreto de su nombramiento y el proceso se devuelve al Consejo Fiscal para que se pronuncie sobre “si concurre o no la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”. Un artículo que impide que un fiscal trabaje si su pareja ejerce “una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función”. La pareja de Dolores Delgado es Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional y actualmente abogado en ejercicio.
Dolores Delgado, fiscal que sobre todo ha desarrollado su carrera en la Audiencia Nacional, fue ministra de Justicia entre 2018 y 2020, nombrada posteriormente fiscal general hasta su salida por motivos de salud en el verano de 2022. Fue unos pocos meses después cuando su sucesor, Álvaro García Ortiz, propuso su nombramiento como fiscal de la Sala Togada del Tribunal Supremo, la encargada de estudiar los asuntos de lo militar. Ya en junio de 2023 llegó su nuevo nombramiento como fiscal de Memoria Democrática, encargada entre otras cosas de comparecer y participar en los procesos penales sobre denuncias de torturas y represión franquistas. Ya entonces las asociaciones conservadoras se ausentaron de la votación en el Consejo Fiscal acusando a García Ortiz de hacer una “burda maniobra” para designar a Delgado en el puesto.
La decisión del Tribunal Supremo sobre el segundo nombramiento de Delgado llega después de que la misma sala de lo contencioso-administrativo tumbara su primer ascenso a la máxima categoría de la Fiscalía: su nombramiento como fiscal togada. En ese caso los magistrados estimaron un recurso de la fundación Hay Derecho y entendieron que la Fiscalía había incurrido en desviación de poder al ascender a Delgado a fiscal de sala por el objetivo de hacerlo y no por completar una plaza vacante en el Ministerio Público.
“La finalidad buscada por el Fiscal General del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor”, dijo esa resolución. Álvaro García Ortiz, sucesor de Delgado al frente del Ministerio Público, explicitó que en su opinión alguien que salía del puesto que ocupaba Delgado debía tener asegurada esa promoción. Su voluntad, por tanto, fue “explícita” según el Supremo y ajena a una “promoción automática” que no está contemplada en la ley.
La decisión del Supremo llegó en plena ofensiva contra los nombramientos de altos cargos de la Fiscalía, tanto por parte de asociaciones como la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales como de otros candidatos que entendían que habían sido injustamente apartados del puesto. La misma sala también anuló en dos ocasiones el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de menores, una decisión recurrida por el propio Esteban ante el Tribunal Constitucional.
