Andalucía contabiliza 1.090.035 pacientes en espera de una operación o de una consulta con un especialista a 31 de diciembre de 2023, 44.929 más que hace seis meses. Esto representa más del 12,5% de la población andaluza en una lista sanitaria, la cota más alta desde que se miden los registros.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado las listas de espera sanitarias de 2023 con tres meses de retraso. Los números muestran un repunte del 13,4% de pacientes que aguardan para una intervención quirúrgica respecto a junio, un 17% más entre aquellos que han superado el plazo máximo legal para operarse y un 31,5% más de pacientes a la espera de una consulta con el especialista.
Todo se ha incrementado desde el verano pasado. Las administraciones sanitarias tienen la obligación de actualizar los datos de listas de espera cada seis meses -en junio y en diciembre-, pero la Junta de Andalucía no hizo públicas sus cifras en diciembre de 2022, hurtando la posibilidad de comparar los datos de hoy con los de entonces y la evolución de la situación sanitaria andaluza de este último año. En el histórico que aparece en la web del SAS hay un salto de los datos a junio de 2022 a los de junio de 2023 que, además, se publicaron el pasado diciembre, tras año y medio sin actualizar las cifras.
Sin embargo, la comparativa se puede hacer usando los datos que el Gobierno de Juan Manuel Moreno remitió al Ministerio de Sanidad hace un año, y que éste sí hizo públicos a 31 de diciembre de 2022 junto a los del resto de comunidades. Esas cifras revelan que hace un año había 171.935 pacientes andaluces en lista de espera quirúrgica, y ahora son 205.005 pacientes, es decir, un 19,2% más, según los datos a 31 de diciembre de 2023, publicados la semana pasada por el Ministerio.
Gobierno y Junta computan las listas de espera de forma distinta -Andalucía contabiliza más intervenciones-, pero los datos que el Ejecutivo andaluz envía a Madrid son homologables al resto de comunidades y su evolución cada seis meses permite hacer un seguimiento claro de la situación sanitaria en esta comunidad. Esta redacción ha solicitado insistentemente al SAS sus datos correspondientes a diciembre de 2022.
En diciembre de 2022, el tiempo medio de espera para entrar en un quirófano en Andalucía era de 134 días, el pasado junio era de 144 días y hoy es de 179 días, un 35% más (45 días más de espera): en algunas provincias, como Almería (224 días), Huelva (239 días) y Jaén (233 días) ya excede de los 220 días, un tope nunca alcanzado hasta ahora. El hospital que se encuentra en peores condiciones de Andalucía es el Juan Ramón Jiménez, de Huelva, con 280 días de espera media para un quirófano, junto al Hospital Universitario de Jaén (280 días) y el de Torrecárdenas, con 254 días.
La demora media para pacientes pendientes con garantías -es decir, aquellos que por ley deben ser atendidos antes de 60, 120 o 180 días, según la patología que sufran- se ha disparado de 118 días a 150 días en seis meses. Y los pacientes sin garantías esperan, de media, 236 días para ser operados, cuando hace seis meses aguardaban 195 días.
En estos seis últimos meses de 2023, la Junta ha anunciado dos planes de choque para atajar el problema, aumentando horas extra de los profesionales en la pública y derivando pacientes a la sanidad privada. En octubre presentó unos acuerdos marco para dar estabilidad a los conciertos en abierto con clínicas privadas: con publicidad, concurrencia competitiva y fiscalización previa. La previsión presupuestaria para cuatro años se estimó en 734 millones de euros.
Pero dos meses después, el Gobierno andaluz cesó al viceconsejero de Salud y al gerente del SAS -máximos responsables de la gestión de las listas- y acto seguido reactivó los contratos a dedo con clínicas privadas, postergando así el primer plan de choque.
La consejera de Salud, Catalina García, anunció este segundo plan de choque el 21 de febrero, tras un Consejo de Gobierno en el que decidió adelantar dos de las cifras oficiales que su departamento no ha hecho públicas en su totalidad hasta ahora: los pacientes fuera del plazo legal para operarse habían alcanzado los 53.014, unos 17.000 más que en junio. Ese dato hacía “urgente”, en palabras de la consejera, la vuelta a la adjudicación a dedo con clínicas privadas [119,9 millones de euros, ampliables a 275,6 millones], esto es, contratos negociados sin publicidad, una variante de la contratación de emergencia utilizada durante la pandemia, y que la Junta prorrogó hasta junio de 2023 con el marco legal estatal ya derogado [suspendió el sistema después de que eldiario.es informó de ello].
Los datos actualizados del SAS complementan los números que ya se conocían. Destacan los pacientes que llevan más de un año esperando para operarse: 66.354, un 21% más que hace seis meses (45.331), y sobresalen las provincias de Sevilla y Cádiz, con 15.214 y 12.329 pacientes respectivamente en esta situación (el doble que hace seis meses).
En la alargada lista de espera, el 42,3% de los enfermos andaluces lleva más de 60 días esperando un quirófano, y un 26,1% ha sobrepasado los seis meses pendientes de ser intervenidos, la segunda peor tasa de España (24,4% a escala nacional), por detrás de Canarias (32,5%).
La consejera de Salud ha vuelto a comparecer este martes, tras el Consejo de Gobierno, para reafirmar su “preocupación” por las listas de espera y para anunciar que, a partir de ahora, su departamento informará “mensualmente” de los avances del llamado Plan de Garantía Sanitaria, cuyo objetivo es reducir las listas de espera quirúrgicas un 60% de aquí a final de año.
Este segundo plan de choque dependía, en gran medida, de las adjudicaciones a dedo a clínicas privadas que han estado paralizadas en las mesas de contratación mientras ha durado la huelga de letrados del SAS. El colectivo, de 42 profesionales, llegó finalmente a un acuerdo este lunes con la consejería para volver al trabajo, y la Junta prevé recuperar el ritmo de operaciones previstas y cumplir con el objetivo a final de año: “320.000 andaluces se van a operar en lo que resta de año”, ha asegurado García, augurando que los contratos negociados con clínicas privadas se firmen ya “en el mes de mayo”.
La otra pata del plan son los 163 millones de euros destinados a horas extras y a autoconciertos, es decir, a recursos propios de la sanidad pública. García ha reiterado que esos recursos se aumentarán si los hospitales del SAS tienen capacidad para operar más y a mayor ritmo, aunque ahora se encuentran “al 100% de su capacidad”.
Con los datos oficiales del SAS sobre la mesa, a fecha del 31 de diciembre de 2023, la consejera ha comparecido con nuevos números, actualizados a 22 de febrero de 2024, es decir, hace 24 horas. Esas nuevas cifras corrigen la foto fija que arrojaban los números de diciembre, y le han permitido visibilizar cierto optimismo y una evolución positiva. Los pacientes que han superado el plazo máximo legal para operarse son ahora 47.799, es decir, 5.215 menos que en diciembre, un 9,84% menos. Y el tiempo de espera medio para este colectivo también ha bajado de 150 días a 144.
El sistema fluctúa a diario, con pacientes que entran y salen en consultas externas y en quirófanos, de ahí que haya 1.300 más y 15.000 consultas externas más. La conclusión de la Junta es que “a pesar de entrar más pacientes en el sistema, se ha operado más y se ha reducido la demora media”.
Por último, la titular de Salud ha reiterado sus dos reivindicaciones al Ministerio de Sanidad: más plazas de MIR para contar con más médicos y la flexibilización de criterios para acreditar a nuevos profesionales sanitarios. García ha negado que la situación de las listas de espera en Andalucía tenga que ver exclusivamente con la gestión de su departamento, y ha expuesto las razones “comunes” a todo el sistema nacional de salud. La cronicidad de la población enferma -cada vez más envejecida- que en Andalucía ha aumentado un 35% en los últimos cinco años, y con especial importancia las consultas oncológicas, que se han disparado un 60% en este lustro.
“El sistema de salud no está preparado para el envejecimiento de la población”, ha subrayado García, tras explicar que el ministerio de Mónica García está revisando la ley de plazos en intervenciones. La consejera andaluza se ha defendido de las críticas de la oposición, que cuestionan las deficiencias salariales y laborales del colectivo sanitario, que les empuja a buscar mejores opciones en otras comunidades y países. La Junta sostiene que el 90% de los MIR se fideliza en Andalucía, el 75% en el caso de los especialistas, gracias a las “mejores condiciones laborales” pactadas hace un año con los sindicatos de clase.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno reclama al Ministerio de Sanidad mil plazas extra de MIR, recordando que en 2022 se quedaron fuera unos 4.000 estudiantes sanitarios que aprobaron las oposiciones pero se quedaron sin plaza -5.000 en el año 2023-. García reclama la modificación de los criterios de acreditación de las unidades de formación para poder pedir más plazas a Madrid, ya que ahora Andalucía “está en su tope máximo”.
El PSOE ha anunciado que pedirá la reprobación de la consejera de Salud en el Parlamento andaluz, aunque la mayoría absoluta del PP hace inviable ese escenario.
