El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el conservador Vicente Guilarte, ha remitido al Congreso y al Senado su propuesta para limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces como vía para su renovación, pendiente desde hace más de cinco años por el bloqueo impuesto por el Partido Popular. En un extenso documento, Guilarte propone dejar en manos de los propios jueces y de un tribunal de juristas la elección de cargos en la cúpula judicial y critica que en el modelo actual —donde son seleccionados por los vocales— se designan teniendo criterios de “proximidad afectiva” e ideología.
En su escrito, defiende que es “imprescindible no tanto sustraer competencias al CGPJ” como dar “más protagonismo” a la carrera judicial en el ejercicio de las tareas gubernativas. Asimismo, defiende que “no se priva al órgano de competencia para el nombramiento de los altos cargos jurisdiccionales”. Y defiende que el objetivo es “limitar la inevitable discrecionalidad actual” al “reenviar” las designaciones a los principios constitucionales de “mérito y capacidad”.
En relación a los llamados cargos gubernativos —esto es, presidencias de las audiencias provinciales, los tribunales autonómicos y sus salas— su propuesta pasa porque sean elegidos por los miembros de la carrera Judicial del territorio respectivo. Los candidatos tendrían que presentar un programa de actuación y se podrían determinar exigencias adicionales como la antigüedad o la vinculación con el territorio. El CGPJ sería el encargado de convocar y organizar el proceso electoral y garantizar su correcto funcionamiento, así como acordar el nombramiento y ratificación del candidato propuesto comprobar que cumple con la exigencias reglamentarias.
Respecto a los magistrados del Tribunal Supremo —que pueden estar en el puesto hasta la jubilación— su propuesta es que sean nombrados por una “comisión cualificada”, compuesta mayoritariamente por vocales y por magistrados del Alto Tribunal. Guilarte plantea que esa comisión esté presidida por un vocal del CGPJ que sea magistrado del Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Alto Tribunal, en caso contrario.
