El Gobierno de Canarias ha confirmado este lunes su intención de presentar un recurso ante Tribunal Constitucional para que dirima el conflicto que mantiene con el Estado sobre el alcance de las competencias de costas transferidas a la comunidad autónoma, tras haber fracasado el intento de llegar a un entendimiento en la Comisión Bilateral.
El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), ha anunciado esta decisión en una rueda de prensa posterior a la Comisión, en la que dice haber constatado “que no hay voluntad” política por parte del Ejecutivo central de negociar y ha insistido en que el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de 2018 otorga “las competencias exclusivas del litoral a Canarias”.
El presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo (CC), y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE), han encabezado las dos partes negociadoras en la Comisión Bilateral.
Torres ha manifestado a los periodistas que, al margen del recurso anunciado, está dispuesto a mantener las reuniones necesarias para tratar de llegar a un acuerdo, ya que las posiciones de ambas administraciones son “contundentes” y existe un “choque jurídico”.
El consejero de Obras Públicas ha alegado que Canarias ha defendido desde 2018 la misma postura en todos los conflictos en materia de costas -la pasada legislatura, como el propio ministro Torres como presidente- y, aunque ha agradecido el “buen tono de la reunión”, ha señalado que “no existe voluntad” del Gobierno del Estado de cambiar de posición.
Rodríguez ha insistido en el que el marco general de competencias de Canarias están fijadas en el Estatuto de Autonomía, por lo que “da igual lo que ocurra en otras comunidades como Cataluña, Andalucía o Baleares”, a las que, según ha señalado Torres, se les concedió también estas competencias y en “todas ellas las disposiciones transitorias están en manos del Gobierno de España”.
El ministro ha remarcado que no se cuestiona el Estatuto de Autonomía de Canarias sino su interpretación, al tiempo que ha incidido en que la Constitución dice que la competencia “está en manos del Estado”.
Para el consejero canario, la reunión ha sido “decepcionante”, por lo que han anunciado su intención de presentar el recurso ante el Constitucional para que dirima sobre el ámbito de estas competencias, que previsiblemente será abordado en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
Tras el pronunciamiento del Consejo de Ministros, que será contrario a la tesis que plantea Canarias, la comunidad autónoma dispondrá de un mes para presentar el recurso, han explicado tanto Torres como Rodríguez, quien ha indicado que ello no será obstáculo para seguir negociando, como ha propuesto el ministro.
“Si existe en el camino espacio para un acuerdo, es bienvenido” y Canarias se sentará las veces que sean necesarias, ha añadido el consejero.
Rodríguez ha hecho hincapié en que las “competencias son absolutamente claras y no dejan lugar a dudas de que el Estado las está invadiendo”, como así lo recoge el informe del Consejo Consultivo de Canarias, un órgano que “no es de parte, sino para abordar asuntos como este”, frente a lo que sostiene el informe del Consejo de Estado.
Según Rodríguez, Canarias confiaba en que se abriera una posibilidad de acuerdo en la Comisión Bilateral, pero “no han encontrado voluntad” para modificar el real decreto de transferencias que entró en vigor en enero de 2023, que, a su juicio, es la única vía posible para resolver el asunto.
El motivo de este conflicto entre ambas administraciones es el expediente de caducidad iniciado por el Gobierno de Transición Ecológica sobre la licencia del Hotel Oliva Beach, de la cadena Riu, ubicado en plenas Dunas de Corralejo (Fuerteventura). El ministerio inició dicho expediente, que supone extinguir el permiso a este establecimiento hotelero a ocupar una zona costera del norte de Fuerteventura, y posteriormente emitió una orden de derribo, al carecer ya de permiso.
El expediente se inició porque, según el Ministerio, el establecimiento incumplió varias de las condiciones de la concesión que ostentaba. Entre ellas, destaca que el hotel realizó obras para ampliar el edificio, construyendo nuevos apartamentos, lo que supuso una ampliación del volumen de las edificaciones de un 20%, cuando no aumentar el volumen de lo construido, era una de las condiciones de la concesión. Otra, que se construyó una rotonda y un local comercial, este último con un uso distinto al hotelero, que era el contemplado en los permisos. Además, se levantó una valla para impedir el paso sobre una zona que es de uso público, con lo que se restringió el acceso libre. Todo ello fue comunicado al establecimiento en distintas ocasiones, según el Ministerio, sin que se subsanaran estas irregularidades.
Por todo ello, el Ministerio consideró que el hotel había incumplido varias de las condiciones de la concesión y procedió a extinguirla, con la consiguiente orden de derribo del edificio, una vez finalizado el permiso.
La empresa, sin embargo, alega que no ha incumplido ninguna de las condiciones.
