El Gobierno mantiene su hoja de ruta sobre la ley de amnistía a pesar de conocerse en las últimas horas que el Tribunal Supremo ha abierto una causa por terrorismo contra el expresident catalán Carles Puigdemont en el ‘caso Tsunami’, en contra del criterio de la Fiscalía, que solo vio “meras conjeturas o sospechas” pero “no indicios” contra el expresident. Así lo ha defendido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que considera que esta imputación "no provoca ninguna interferencia" en las negociaciones de la ley de amnistía con Junts.
En declaraciones a la prensa esta mañana desde Barcelona, Montero ha afirmado que "no hay ninguna sorpresa" en que el Supremo vaya a investigar a Puigdemont. "No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal", ha asegurado María Jesús Montero en referencia a la ley de amnistía, cuya aprobación ve imprescindible "para pasar página de los trágicos y lamentables sucesos" de 2017. "La apuesta del Gobierno de España por el reencuentro trasciende a la propia legislatura", ha dicho Montero.
Haciendo hincapié en que "respeta" el trabajo de la Justicia y de la Fiscalía, la vicepresidenta ha recalcado que "este país sabe perfectamente qué es terrorismo y qué no lo es". La ministra también ha manifestado que las negociaciones con Junts continúan, y que siguen trabajando con "discreción".
En términos similares se ha pronunciado la portavoz del PSOE Esther Peña, que en una entrevista en TVE ha afirmado que los socialistas siguen "hablando y negociando" con Junts para llegar a un acuerdo "en los próximos días" sobre la ley de amnistía, que ha descrito como una norma "de reconciliación". El plazo para lograr un pacto con el partido de Puigdemont vence el próximo jueves 7 de marzo, por lo que la próxima semana va a ser "decisiva" para la aprobación de la ley, ha reconocido Peña, que apunta que no contemplan modificaciones en el documento –en el que siguen "trabajando"– a pesar de la imputación de Puigdemont por terrorismo.
Sobre la imputación de Puigdemont también ha hablado esta mañana el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Concretamente, Bolaños ha negado que este nuevo movimiento del Supremo suponga “calificar como terrorismo” lo ocurrido en las protestas independentistas de 2019 organizadas por Tsunami Democràtic.
"La decisión del Supremo es arrogarse la investigación de este fenómeno, lo que no hizo es calificar ningún hecho como terrorismo, sino, insisto, asumir la investigación de unos hechos que, como su propio auto dice, se pueden calificar en diferentes delitos", ha afirmado el ministro desde Palencia, donde preside la primera Conferencia Sectorial de Justicia de la legislatura. En su escrito, el Supremo habla de un posible terrorismo de “baja intensidad” al entender que Puigdemont tuvo un “liderazgo absoluto” sobre Tsunami Democràtic y estuvo “informado” de su creación.
Bolaños ha pedido este viernes dejar trabajar al Tribunal en su investigación sobre Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg, que se encuentran aforados. "Pongamos normalidad en lo que es un trámite procesal. Todo el respeto a la decisión del Supremo", ha concluido el ministro.
