La Policía Federal de Brasil ha llevado a cabo este jueves una gran operación que señala al expresidente Jair Bolsonaro, así como a varios de sus aliados más próximos, entre ellos exministros y altos mandos militares, por intentar un golpe de Estado evitando la asunción del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2023. Las autoridades buscan esclarecer si los investigados integraron una "organización criminal" que actuó "en la tentativa de golpe de Estado" para "mantener al entonces presidente de la República en el poder".
El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ha ordenado al exmandatario entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas y le ha prohibido mantener contacto con otros investigados, dentro de este operativo policial que ha tenido lugar en una decena de estados. Los agentes han cumplido este jueves 33 órdenes de registro y cuatro órdenes de prisión preventiva, además de imponer 48 medidas cautelares a los sospechosos.
Según la prensa brasileña, han sido objeto de registros los exministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que integraron el gabinete de Bolsonaro (2019-2022), y el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos. También el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 que protagonizaron simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación que lidera el exmandatario brasileño.
De acuerdo con 'O Globo', los cuatro detenidos son: Filipe Martins, que fue un estrecho asesor de Bolsonaro durante su mandato; los coroneles del Ejército Marcelo Câmara y Bernardo Romão Corrêa Netto; y Rafael Martins, mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército.
La investigación apunta que el grupo investigado "se dividió en núcleos de actuación para diseminar" sospechas de fraude en las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, quien buscaba la reelección, "antes incluso de la celebración de los comicios". Según la Policía, con esa estrategia buscaban "legitimar una intervención militar".
Los investigados supuestamente construyeron una narrativa para sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones por medio de informaciones falsas sobre las urnas electrónicas que se vienen usando en Brasil desde 1996 y nunca dieron problemas.
Además, la Policía cree que hubo un segundo núcleo de actuación que "consistió en la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible".
Esos hechos culminaron con la asonada del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en un intento desesperado para derrocar al Gobierno de Lula, que había asumido el poder una semana antes.
Bolsonaro ya es investigado por incitar a sus acólitos a tomar el poder por la fuerza y ahora está en el punto de mira de las autoridades por supuestamente formar parte de la trama golpista.
