La justicia tira la toalla. La muerte de un disparo en la cabeza de un agente en la comisaría de Ourense se archiva sin descartar el homicidio pero sin ninguna prueba que permita señalar como culpables a los hermanos gemelos Roi y Bernardo Doprado, una pareja de policías y amigos de la víctima. La Audiencia Provincial acaba de cerrar el caso tras admitir los recursos de los acusados y del Ministerio Fiscal contra el auto de la jueza de instrucción que los consideraba supuestos autores del asesinato y, también, del robo de armas en el depósito de la jefatura. Contra esta resolución firme no cabe recurso.
Los hechos datan de abril de 2016, cuando Celso Blanco, de 48 años, un agente muy conocido por llevar las relaciones con la prensa y que aspiraba a convertirse en armero de la comisaría, apareció muerto en el suelo de su despacho por un disparo en la sien. En su mano izquierda -era zurdo- llevaba el arma homicida: una de las seis pistolas sustraídas del bunker. En la estancia, cerrada por dentro, fueron encontradas otras dos. Ninguna tenía sus huellas.
Esa escena del crimen, precedida unos minutos antes por un correo electrónico autoinculpatorio, asentó la hipótesis del suicidio. En ese mail, Celso se confesaba autor de una carta anónima enviada a Asuntos Internos en la que, no sólo admitía el robo de las armas, sino que iba mucho más allá: su denuncia sobre supuestas conexiones entre policías y traficantes de drogas dio origen a la Operación Zamburiña. 13 personas -cuatro agentes de la comisaría y nueve supuestos narcos- se sentaron en el banquillo. 9.000 folios de procedimiento y siete años y medio después, no hubo ningún condenado. Las escuchas telefónicas, que la acusación consideraba la prueba principal, fueron anuladas. El único hecho que se consideró probado en aquella causa fue el robo de armas en el depósito policial. Y ahí todo apuntaba de nuevo a Celso y sus dos supuestos socios y -según la jueza- asesinos: los hermanos Roi y Bernardo Doprado.
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ourense elaboró un relato de los hechos según el que los gemelos desvalijaron el bunker, algo que Celso sabía, y temían que los acabase delatando. Los tres eran amigos y compartían el haber sido apartados de las funciones de confianza que ejercían en la comisaría por la llegada de un nuevo mando. Eso trajo aparejado la prohibición de acceder a la galería de tiro para practicar una de sus aficiones favoritas. Siempre según el relato de la jueza al que no ha dado credibilidad la Audiencia, con el robo en el depósito y el acceso a datos reservados, suplantando sus identidades, pretendían perjudicar a los agentes que ahora ocupaban esos puestos y gozaban del privilegio que les habían vetado.
Los magistrados consideran que la hipótesis de la muerte a manos "de un tercero" se sostiene sobre un único indicio: "la posición final en la que quedó la corredera del arma empleada, en situación de apertura", algo que, según la jueza, Celso no podría haber hecho después de muerto. Aún así, la Audiencia cree que ese indicio es "ciertamente controvertido" ya que las opiniones periciales "no ofrecen una conclusión unitaria" y las pruebas practicadas "admiten esta posibilidad".
Sin embargo, pese a no poder confirmar con total certeza el suicidio, el tribunal no encuentra "un cuerpo indiciario con la suficiencia necesaria para señalar a los hermanos investigados" como autores. Subraya que tampoco hay pruebas "de ninguna clase" sobre su participación en el robo de las armas. "El conocimiento que pudieran tener de este hecho, no puede identificarse con su autoría". Por último, tampoco considera demostrado el supuesto móvil, el "miedo a una manifestación inculpatoria de la víctima en el robo de las armas y la confección de los anónimos que extendiera la responsabilidad sobre su persona".
