Evaristo Soler Cardona es un empresario ibicenco que ha sido acusado por el Seprona de la Guardia Civil de haber cometido, presuntamente, un delito contra el medio ambiente debido a su actividad de fondeo ilegal sobre la posidonia. El polémico empresario es administrador único de Rescuesub S.L., empresa dedicada al alquiler, compra-venta, reparación y mantenimiento de embarcaciones y objetos náuticos, según los datos recabados por elDiario.es en el Registro Mercantil, a través de la plataforma Insight View.
El domicilio social de la empresa está ubicado en el kilómetro 3.2 de la carretera de Cala Tarida, en la finca conocida como ‘Ses Tanquetes’, donde Soler Cardona tiene un vertedero ilegal por el que el Ajuntament de Sant Josep le reclama 752.000 euros.
En este solar, Soler Cardona acumula decenas de vehículos: una gran cantidad de coches, pero también motos, barcos, furgonetas, una caravana y otros vehículos no identificados que se encuentran en estado de abandono, según el inventario realizado por los técnicos del Ajuntament de Sant Josep. Además, el polémico empresario ha dejado en su finca toneladas de residuos peligrosos y contaminantes, además de materiales químicos, combustibles y restos de materiales de construcción, con el consiguiente riesgo de incendio que ello supone, en una zona rústica situada en un área especialmente boscosa.
La situación no es nueva. El Consistorio lleva recibiendo escritos e incidencias al menos desde 2016 que alertan de “la acumulación de residuos, materiales peligrosos, vehículos abandonados y embarcaciones en un solar de la carretera de Cala Tarida, conocido con el nombre de Ses Tanquetes", según figura en una resolución del Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), publicada el 14 de noviembre de 2023. El Ajuntament de Sant Josep solicitó la entrada en la finca, por primera vez, en noviembre de 2022. “Los servicios jurídicos nos dijeron que teníamos que solicitar la entrada al juzgado para hacer la licitación y abrir el expediente de la vía subsidiaria”, explica a elDiario.es Mónica Fernández (Podemos), exconcejala de Medio Ambiente de Sant Josep.
Según la versión de Fernández, antes de iniciar el procedimiento administrativo para adjudicar los trabajos de limpieza a una empresa externa -dado que, según Fernández, el polémico empresario no respondía a los requerimientos- los técnicos municipales, así como la Policía Local, debían entrar en la finca para realizar un inventario de todos los vehículos y materiales que había en su interior. El relato de Fernández, que coincide con la resolución del BOIB publicada el 14 de noviembre y firmada por Vicente Roig (PP), actual alcalde del municipio, afirma que tanto los servicios técnicos municipales como la Policía Local han constatado, en diferentes ocasiones, “la gran acumulación de residuos en el mencionado solar”. “Como consecuencia, el Ajuntament ha requerido en diferentes ocasiones la limpieza de los terrenos y la retirada de los residuos acumulados, sin que a fecha de hoy se haya efectuado ningún tipo de actuación”, sostiene la resolución, de agosto de 2023.
Por este motivo, el 10 de mayo de 2021, el Consistorio abrió un expediente por “presunta vulneración de la Ordenanza municipal de residuos y limpieza viaria”. Dado que no se presentaron alegaciones, el Ajuntament emitió, el 17 de febrero de 2022, otro decreto donde se ordenaba la retirada y reciclaje de los materiales y residuos acumulados, la restitución de la finca a su estado original, así como retirar y reciclar la vegetación que pueda suponer un riesgo de incendio en un plazo de 30 días naturales desde la notificación del mismo.
Soler Cardona hizo caso omiso al requerimiento municipal, por lo que el gobierno municipal abrió la vía subsidiaria para desmantelar el vertedero ilegal. Es decir, licitar y adjudicar el servicio a una empresa para que limpie la finca, y repercutir el coste al propietario. Sin embargo, el Ajuntament todavía está a la espera de recibir la autorización del juez o jueza, según informa a este diario Felicia Bocú (PP), concejala de Medio Ambiente. Esta información, que fue avanzada por IB3, no ha podido ser contrastada, ya que el gobierno municipal no informa sobre cuál es el juzgado al que se ha realizado la solicitud para entrar en la finca de Cala Tarida. La vía subsidiaria se inició el 4 de agosto de 2022, después de que la Policía Local comprobara que el estado de la finca seguía igual, según consta en el BOIB. Un año después, el 7 de agosto de 2023, se adjudicó la contratación del servicio para la retirada y reciclaje de los materiales y residuos acumulados a la empresa Herbusa S.A., por un importe de 752.436 euros.
En conversaciones con elDiario.es, Mónica Fernández, exconcejala de Medio Ambiente y ahora en la oposición, afirma que las bases para la licitación de las actuaciones que finalmente fueron adjudicadas a Herbusa se fijaron en enero de 2023, pero el contrato no fue adjudicado hasta el mes de agosto porque “Herbusa, en ese momento, no disponía de recursos porque llegaba la temporada alta”. Cabe mencionar que la adjudicación final se produjo después de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Sant Josep pasó de un gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos a un gobierno en minoría del PP.
Si Herbusa, la empresa contratada para el servicio de retirada y reciclaje de los materiales y residuos acumulados, termina realizando los trabajos, el Ajuntament deberá desembolsar 752.436 euros de dinero público. Esta factura será repercutida al propietario que, en teoría, debería pagar de su bolsillo el hipotético desmantelamiento de su vertedero. “No sé si es fácil o difícil porque nunca lo hice mientras fui concejala de Medio Ambiente, pero viendo la facilidad que tienen las administraciones para embargar a un ciudadano que no paga una deuda, creo que si alguien tiene una deuda tan significativa con la administración, el embargo tiene que ser posible”, asegura Fernández y añade que, para ello, se deberán llevar a cabo “todos los pasos que indique la Justicia”. “La intención era que, si no podía pagar la factura, se debía cobrar de la forma que fuera, aunque siguiendo siempre los cauces legales”, insiste. Una de estas opciones es la expropiación y posterior subasta de bienes del propietario.
La última información de la que dispone Fernández, afirma a este diario, es la contratación por parte del Ajuntament, el pasado mes de diciembre, de un abogado externo que tiene que realizar la solicitud para que un juez o jueza autorice al Consistorio la entrada en la finca, y así poder desmantelar el vertedero ilegal de Soler Cardona. elDiario.es no ha podido comprobar que esta solicitud ha llegado al juzgado porque el gobierno municipal liderado por el alcalde Vicente Roig (PP) no facilita la información que permitiría realizar la consulta a las instancias judiciales correspondientes. Este diario tampoco ha recibido una respuesta de Daniele Mundula, abogado de Soler Cardona, en el momento en que se publica esta noticia. El objetivo siempre ha sido intentar recabar la versión del empresario y contrastar la información que se publicaba sobre sus presuntas actividades irregulares.
Después de que el Ajuntament de Sant Josep abriera un expediente sancionador a Soler Cardona el 10 de mayo de 2021, por una presunta vulneración de la Ordenanza municipal de residuos y limpieza viaria, el polémico empresario siguió desobedeciendo los requerimientos municipales y profirió amenazas a Mónica Fernández (Podemos), en ese momento concejala de Medio Ambiente. “No tengo miedo a las amenazas de este hombre. El proceso tiene que seguir adelante porque esto no puede ser”, afirma a elDiario.es, en relación a la situación actual.
Sobre lo ocurrido, Fernández recuerda que había solicitado una reunión con Soler Cardona, a la que también acudió un letrado del Consistorio y una auxiliar administrativa del departamento de Medio Ambiente. “Él quería presentar un proyecto medioambiental para los fondeos de Porroig”, afirma Fernández, y añade que, sin embargo, la reunión estaba centrada en notificar el expediente sancionador que se le había abierto a Soler Cardona, así como explicarle el proceso a seguir. Además, el Ajuntament de Sant Josep no tiene competencias en cuanto a la regulación de fondeos mediante boyas ecológicas, lo cual compete al Govern.
En esa reunión, según explicó Fernández a este diario, el empresario de Porroig se negó a recoger la notificación que le abría un expediente sancionador para pasar a amenazarla. “Te espero con la escopeta reforzada que tengo”, “pasaré por tu casa, pero iré de noche”, “tengo muchos amigos mafiosos rusos y a los políticos corruptos se los manda a la mafia”, “Sant Josep tiene muchos bosques y la maleza es un combustible excelente”, fueron algunas de las amenazas que quedaron recogidas en la denuncia que presentó la concejala de Medio Ambiente ante la Guardia Civil y que terminaron en una ridícula condena para Soler Cardona, circunscrita a pagar una multa de 8 euros durante 30 días. Cabe recordar que el polémico empresario también ha realizado amenazas a otros agentes de la autoridad, a grupos conservacionistas del medio marino, así como insultos homófobos a una pareja que suele descansar en Porroig, motivo por el que Soler Cardona ha sido condenado, y tiene una orden de alejamiento de la bahía.
Preguntada sobre si se sintió respaldada por el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos durante el proceso que le valió un enfrentamiento y amenazas por parte de Soler Cardona, Fernández, en un primer momento, guarda silencio. “Sí, siempre y cuando yo llevara la iniciativa”, responde, segundos después. Según su versión, después de las amenazas, el respaldo del gobierno municipal fue total. Entonces el alcalde ya era Ángel Luis Guerrero, quien había tomado posesión hacía unos meses. Guerrero se hizo con el bastón de mando después de que Josep Marí Ribas pasara a ser conseller de Movilidad y Vivienda en la última etapa del Govern de Francina Armengol.
“El gobierno municipal defendía que Medio Ambiente debía llevar el proceso hasta el final”, asegura Fernández. La concejala de Podemos en la oposición afirma que Guerrero estaba al tanto del procedimiento que se había iniciado, pero que no se inmiscuía. “Creo que el alcalde no interfería porque pensaba que se estaba llevando muy bien el tema. Teníamos reuniones cada semana. Ha sido una colaboración extremadamente estrecha y nos gustaría haber terminado el trabajo antes de las elecciones del 28 de mayo”, lamenta Fernández.
Interrogada sobre cómo cree que acabará la historia del vertedero ilegal que lleva al menos ocho años funcionando a pleno rendimiento, Fernández dice que no sabe “qué va a hacer el gobierno que hay ahora”. “Pero todos sabemos cómo es el partido que está gobernando ahora mismo. Temo que, a lo mejor, no sean tan contundentes como nosotros lo fuimos ante una ilegalidad como esa”, asegura, en referencia al PP.
Cuando una administración intenta solucionar un problema como este, se encuentra con una maraña burocrática y judicial que alarga un proceso que complica alcanzar la solución final. Fernández señala que los procesos burocráticos “son muy lentos y el tiempo de caducidad es muy corto”. Es decir, que en ocasiones hay expedientes que terminan archivados porque ha caducado el plazo durante el cual la administración podía actuar. Y si caducan dichos plazos, hay que empezar el procedimiento desde cero.
“Esta es la razón por la que, anteriormente, todos los expedientes caducaban”, asevera, en relación al polémico empresario. En este sentido, indica Fernández, la voluntad política es fundamental: de quien gobierna puede depender que un procedimiento salga hacia adelante favorablemente, o que el proceso termine archivado. Y entonces, vuelta a empezar, como en la película Atrapados en el tiempo, protagonizada por Bill Murray, que narra una historia en un bucle sin fin.
