El choque entre España y Argentina, abierto por La Moncloa tras las declaraciones del presidente Javier Milei contra Pedro Sánchez y su esposa, está sirviendo al Gobierno para marcar posición y mensaje en su estrategia de cara a las elecciones europeas. Pero el presidente tomará una decisión definitiva sobre el devenir de la legislatura tras el 9-J.
El episodio del amago de dimisión de Sánchez, que tuvo en vilo al PSOE porque muchos dirigentes pensaron que la decisión del adiós estaba tomada, ha quedado atrás de una manera fugaz.
El resultado de las elecciones catalanas, que ha devuelto a los socialistas a una euforia incluso superior a la que vivieron tras las generales del 23-J, ha borrado por completo las últimas dudas que dejaron esos días en los que muchos pensaron que todo había acabado.
Sánchez ha vuelto a la ofensiva, como ha demostrado en sus apariciones públicas estos días, y de nuevo se ha echado a la espalda la campaña, esta vez la de las elecciones europeas.
El escenario de que Salvador Illa se convierta en presidente de la Generalitat de Cataluña después del verano ha abierto la puerta a que Pedro Sánchez haya puesto encima de la mesa con su equipo el escenario de un adelanto electoral al próximo otoño, según confirman a Confidencial Digital fuentes próximas al jefe del Ejecutivo.
Asume que, sin el apoyo de Junts y de ERC, su mayoría en el Congreso de los Diputados queda “tocada” y le saldría más a cuenta avanzarse antes de que Carles Puigdemont saque pecho por dejar caer al Gobierno español.
En todo caso, advierten en Moncloa, ese análisis no se abordará en serio hasta después de los comicios comunitarios, a partir del 10 de junio. Hasta entonces, el PSC espera dar tiempo a que los partidos independentistas digieran su derrota.
El debate en el equipo de Sánchez sobre si convendría o no adelantar elecciones al otoño también pivota sobre Cataluña.
Según las fuentes consultadas por ECD, el presidente tomará una decisión después del verano si las encuestas concluyen en ese momento que el PSOE puede rentabilizar a nivel nacional la “pacificación” de Cataluña y avalar sus decisiones más polémicas como la aprobación de la amnistía.
Por el momento, las dudas en Moncloa tienen que ver con el buen resultado del Partido Popular en las catalanas del 12 de mayo. No pasan por alto que, obtener 15 diputados y 336.000 votos, ha convertido al PP de Alejandro Fernández en un partido plenamente asentado en Cataluña.
Explican que esas cifras extrapoladas a unas generales podrían disparar los resultados de Alberto Núñez Feijóo y perjudicar las opciones de Sánchez. Y más si una parte de los sufragios de Vox en Cataluña, 11 diputados, apuestan por un voto útil para deshacerse del ‘sanchismo’.
Hay que destacar que, por primera vez en la historia de Cataluña, hay 26 diputados de derechas en el Parlament. Y eso, aseguran en Moncloa, el presidente lo tiene muy en cuenta. Sánchez hubiera preferido un PP que quedase quinto por debajo de Vox. Eso hubiera despejado de lleno cualquier duda sobre adelantar las generales a este otoño.
Sin embargo, diversos miembros del Gobierno y del PSOE consultados por ECD señalan que las elecciones realmente importantes, las que tenían consecuencias políticas de fondo, han sido las catalanas.
Destacan que el resultado ha sido extraordinario: Salvador Illa llegó a 42 escaños y el independentismo se quedó muy lejos de sumar mayoría. Destacan que “eran los dos grandes objetivos de Sánchez”.
Un escenario, defienden, que le da a Pedro Sánchez y a su equipo un aval político tan fuerte que las europeas, sea cual sea el resultado, no impedirán que la legislatura se consolide y el presidente pueda tener varios meses de calma por delante siempre que Junts y ERC, sus dos aliados imprescindibles, no decidan salirse de la mayoría o imposibilitar la aprobación de los Presupuestos de 2025 a finales de este año.
El debate interno abierto en ERC es lo que más preocupa en este sentido, pero en La Moncloa confían en que la mayoría aguantará.
El entorno más directo de Sánchez no quiere entrar en conjeturas sobre las estrategias postelectorales de ERC y Junts en relación a la gobernabilidad a nivel nacional. “No tiene que afectar, la legislatura va a durar lo mismo, lo único que sucederá es que estarán todas las cartas sobre la mesa y se clarificarán las fuerzas”, argumentan.
En Moncloa inciden en que tienen unos acuerdos de investidura “claros” y que de momento se van cumpliendo. Otras fuentes socialistas, en cambio, sí reconocen cierta incertidumbre por el comportamiento que puedan tener estos dos partidos, aunque no existe una visión clara sobre qué podrá suceder.
En 2019, tanto ERC como PDeCat votaron en contra de los presupuestos generales del Estado, lo que provocó el adelanto electoral de Sánchez. Pero en Presidencia aseguran que el escenario ahora es otro y la relación con el independentismo está en una fase muy diferente.
En eso confían en el equipo del presidente, más tras la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso. “Hay voluntad política de todas las partes y se ha demostrado”, apuntan, de momento.
En el caso de apostar por aguantar en Moncloa, fuentes del Gobierno y del PSOE no descartan que Pedro Sánchez lleve a cabo una importante renovación del Ejecutivo después de las elecciones europeas.
El líder socialista no abordó esta remodelación tras el 23-J porque en La Moncloa consideran que aún no ha acabado el periodo electoral que comenzó con los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo del año pasado y terminará precisamente con las Europeas del próximo 9 de junio.
Será entonces cuando aborde una crisis del Gobierno que busque impulsar al Ejecutivo y relevar a los ministros más desgastados y con más años en el cargo, según coinciden varias fuentes socialistas.
Tanto en Moncloa como en Ferraz ven con buenos ojos atajar esta renovación tras los comicios comunitarios. Sánchez ya ejecutó una profunda crisis de Gobierno durante el verano de 2021, a mitad de mandato y tras la aprobación de los indultos a los líderes independentistas.
Una fórmula que se repetiría en el mismo periodo y tras la tramitación de una medida aún más polémica, la amnistía en favor de todas las personas con causas judiciales abiertas o sentenciadas a causa del desafío separatista en Cataluña.
