La Justicia engloba muchas profesiones que a menudo pasan desapercibidas. Entre ellas, se encuentran los graduados sociales, expertos en derecho del trabajo y de la Seguridad Social que asesoran al 85 % de las pymes españolas y a 36 millones de trabajadores y pensionistas, además de representarlos ante los juzgados.
Como dice el nuevo presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, son un "gran trasatlántico" formado por 17.000 profesionales.
No obstante, reclaman dos competencias que son necesarias para el ejercicio de la profesión: tener un turno de oficio en la jurisdicción social y poder recurrir ante el Tribunal Supremo.
Merchán, que tomó posesión del cargo el pasado 7 de mayo, ha explicado en una entrevista a Confidencial Digital que ya existen oficinas de orientación gratuita para las personas sin recursos en los colegios de los graduados sociales de cada territorio, pero no tienen competencias para representarlas.
“Pedimos que lo que estamos haciendo a diario se reconozca como turno de oficio y podamos representar al cliente en los juzgados”, ha reclamado.
El presidente ha querido dejar claro que con esta reivindicación no quieren perjudicar a las demás profesiones “amigas”, como los abogados y procuradores, pero ha defendido que “es de justicia” que se reconozca el trabajo de su colectivo de manera oficial.
La otra gran lucha para el Consejo General de los Graduados Sociales es poder presentar recursos de casación ante el Supremo. Actualmente, los graduados sociales pueden representar a sus clientes desde la conciliación previa, al juzgado y finalmente al Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma.
Sin embargo, no tienen competencias para llegar más lejos y deben dejar el caso en el momento en el que agotan sus opciones. “Nosotros redactamos el recurso y tenemos que encontrar a un abogado que nos lo pueda firmar. Perdemos la tutela y no podemos dejar al justiciable desprotegido”, ha revelado.
Merchán ha denunciado que desde la pandemia los graduados sociales han sufrido una precarización del sector mayoritariamente causada por la forma de legislar, publicar e implementar las nuevas normas en algunos ministerios. Concretamente, ha señalado a los departamentos de Yolanda Díaz y Elma Saiz, Trabajo y Economía Social por una parte e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por otra.
Ambos ministerios estaban antes unidos y, a juicio del presidente, el funcionamiento “era mucho mejor”. Cuando se ha decidido dividirlos y disociarlos, se han encontrado con que el Ministerio de Trabajo emite unas leyes y Seguridad Social otras.
Además, Merchán ha manifestado que la situación en la que se ven ahora los graduados “es intolerable” y que las normas salen “viciadas” porque dejan fuera a su colectivo. “Vamos a remolque”, ha confesado.
“No se tiene en cuenta ni la desconexión digital ni la conciliación laboral y familiar a la que todos las personas trabajadoras tienen derecho”, ha criticado.
Merchán ha afirmado que la última gran queja que tuvo el colectivo fue con la ministra de Inclusión, pues publicó una orden de cotización el jueves santo que requería que se cumplieran unas cuestiones para el 31 de marzo, es decir, el domingo de esa misma semana.
El presidente de los graduados sociales se quejó el lunes “amargamente” por escrito a Elma Saiz ante tal “atropello” y ha expresado que por cuestiones como estas hay un “hartazgo” generalizado en el sector.
También ha destacado que reciben notificaciones, requerimientos y mandatos -que pueden venir varias de golpe- a las 23 horas de un sábado o domingo.
“Lo llevamos padeciendo en la pandemia, que era lógico porque estábamos en un Estado de excepción, pero después tendríamos que haber vuelto a una administración más abierta, humana y accesible”, ha expresado Merchán, que ha abogado por iniciar un “nuevo paradigma” con ambos ministerios en el que prime la comunicación bilateral.
En este sentido, ha puesto en valor los ministerios de Administración Pública y Justicia, que cuentan con la participación de los operadores jurídicos y sí les tiene en cuenta a la hora de implementar las normas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales aumentó en 2023, especialmente en la jurisdicción social que es la compete a los graduados sociales.
Esto se traduce en un retraso en la justicia que ha provocado que muchos juzgados ya señalen juicios a cuatro o cinco años vista.
Andalucía es una de las comunidades autónomas más afectadas y ya se hable de un “colapso” en sus tribunales.
Merchán, que ha hablado con el presidente de honor del Consejo de Graduados Sociales y presidente del Colegio de Graduados Sociales de Andalucía, José Blas, ha reclamado que “se concilie más y mejor” para aliviar la congestión.
Ha explicado que los centros de mediación, arbitraje y conciliación (CEMAC) “no funcionan todo lo bien que deberían funcionar” y que faltan conciliadores en algunas unidades.
Asimismo, ha reivindicado que haya más especialización de jueces en derecho social porque es una jurisdicción “muy técnica, particular y evolutiva”.
También se debe poner una solución a los defectos procesales que provocan una gran suspensión de juicios y rebajar la litigiosidad forzando a que organismos públicos como la Seguridad Social no desestimen muchas de las reclamaciones de los ciudadanos que luego terminan siendo estimadas por los magistrados.
De cara a su mandato actual, Merchán ha presentado un plan estratégico para la profesión que se va a someter a voto para adaptar la profesión del graduado social a la realidad actual.
