El Gobierno no ha detallado en qué consistirá su lucha “contra el fango” y los “pseudomedios”, anunciada por el presidente, Pedro Sánchez, tras los cinco días de reflexión en los que decidió no dimitir y continuar al frente del Ejecutivo. Aunque Moncloa tampoco ha asegurado que vaya a elaborar una norma para regularlos, sí está tomando como referencia la nueva ley europea de medios que se aprobó el pasado 13 de marzo y se aplicará a partir del verano de 2025. “Es un buen espejo en el que mirarse”, afirman fuentes del entorno del presidente a Confidencial Digital.
La normativa comunitaria deberá transponerse a España, pero no de forma instantánea. Cada estado miembro tiene dos años para añadir esta ley a su ordenamiento y dado que no entrará en vigor hasta el próximo agosto, la idea el Ejecutivo sigue siendo actuar antes, pero con los ojos puestos en esta medida europea denominada Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación.
Aunque la idea del Ejecutivo parte de poner coto a los medios de comunicación y cortar la proliferación de lo que denominan “bulos”, el objetivo de Bruselas es garantizar y profundizar en la libertad de prensa y la protección a los medios de comunicación.
La normativa comunitaria prohíbe terminantemente a los países de la Unión Europea que influyan en la llamada “línea editorial” de los medios de comunicación, esto es, la opinión del medio sobre determinados temas. Suele quedar fijada en los libros de estilo de los periódicos. En él se especifica su corriente religiosa, si la hubiere, su modelo de estado, la ideología del medio, etc. Esta opinión se expresa por medio de los editoriales que cada día publican las terminales mediáticas.
Esta ley impide explícitamente a cualquier partido que llegue al Gobierno presionar a periodistas para que cambien su opinión o su enfoque acerca de una temática concreta. Por lo que no podrían tratar de cambiar un editorial o influenciar en los profesionales para que no publiquen su propia opinión.
Además, los países deberán proteger el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes; un concepto que ya está recogido en los ordenamientos jurídicos de los países europeos. “Los Estados miembros se asegurarán de que las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales son protegidas de manera efectiva”, afirman el tercer punto de artículo cuatro del texto.
La ley obliga a crear un organismo que vigile la independencia periodística de los medios públicos. El artículo cinco del reglamento insta a los Estados a cumplir con tres cuestiones: garantizar la independencia editorial y funcional, y ofrecer —de forma imparcial— pluralidad en la información y en la opinión; que los nombramientos o destituciones de directivos al frente de la gestión de dichos medios tenga por objetivo garantizar la objetividad de los mismos; y que los Estados se aseguren de que el proceso de financiación tiene la mayor transparencia posible.
La norma obliga a los países a crear un organismo independiente que establecerá una serie de mecanismos —"libres de influencia política"— para chequear el cumplimiento de estos tres mandatos.
La norma también hace referencia a uno de los puntos que más ha destacado el propio Sánchez: saber quiénes son los dueños del medio de comunicación y conocer al detalle los ingresos por publicidad institucional que recibe cada empresa. El Ejecutivo ha puesto en el foco estos dos conceptos: “Hay páginas web de las que no se sabe quién ha puesto el dinero”, afirman fuentes gubernamentales.
Respecto a la financiación, Moncloa ya ha asegurado que revisará si las autonomías gobernadas por el Partido Popular cumplen con la ley de publicidad institucional e incluso se plantea denunciar a aquellas que no lo hagan. Desde Moncloa han insistido desde hace semanas en que los ejecutivos regionales del PP están violando la dicha normativa, aunque no alcanzan a detallar qué parte exacta están infringiendo.
