La decisión de la Universidad de Buenos Aires de acordar los aumentos de manera unilateral trajo malestar en los líderes de otras casas de estudios, quienes sienten que aquello reivindicó el reclamo. La situación de los docentes y nodocentes.
El sector universitario público nacional todavía digiere el anuncio que fue hecho el miércoles por la Universidad de Buenos Aires (UBA) al anoticiarse que el Gobierno había autorizado una actualización del 300% de las transferencias hacia esa entidad, lo que desembocó en que decidieran dar por finalizada su emergencia presupuestaria.
Si bien se trata de una buena noticia para la casa de estudios con mayor cantidad de estudiantes del país, diferentes rectores salieron a repudiar que la recomposición de fondos haya sido para una de las 60 universidades públicas nacionales. "Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema", fue el mensaje de los rectores a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
"Cayo muy mal y nos desconcertó a todos", comentó a El Cronista, rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile; quien comentó que seguirá el reclamo para que el Gobierno redacte una resolución que aumente los fondos en 270% para todas las universidades públicas del país.
Ese número es el estimado por los rectores para que las casas de estudio puedan recuperar el poder del presupuesto, dado que lo que está vigente viene prorrogado a valor de enero de 2023. Una gran proporción de estas ya utilizaron una parte mayoritaria de los fondos que les devengaron y advierten que con los aumentos tarifarios la situación llegó a su límite.
Por otro lado, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, agradeció a los funcionarios del Gobierno por la extensión del gasto: "El Gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA para que no tenga que cerrar". Y señaló que seguirán reclamando por "los salarios docentes y nodocentes que perdieron más de un tercio de su capacidad económica en 4 meses, por los recursos para Ciencia y Tecnología y las obras de mantenimiento de los edificios y laboratorios".
En las últimas semanas hubo un acercamiento entre Yacobitti y distintos emisarios del Gobierno, en particular con el asesor presidencial Santiago Caputo. Las sospechas de un pacto entre ambos dirigentes se acrecentaron cuando este último fin de semana trascendió la reunión a escondidas entre el senador radical Martín Lousteau y funcionarios del Gobierno.
Diferentes rectores reconocen que el acuerdo con la UBA podría perjudicar la posición de las universidades más chicas. Pero al mismo tiempo alegan que el reconocimiento del 270% para el funcionamiento que se anunció el miércoles transparenta y reconoce implícitamente el reclamo del sector universitario.
"Confirma que hay plata y que el reclamo del 300% que hacíamos es correcto y que no se trataba de que las universidades gastaban mal", señalan.
El asunto generó repercusiones en el ámbito de la política nacional. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su preocupación por la decisión del gobierno nacional de no incluir a todas las universidades del país en el refuerzo de fondos presupuestarios: "Realmente me molestó, porque una vez más el gobierno nacional centralista, unitario y porteñocéntrico, en un reclamo genuino que tiene que ver con la educación pública en la República Argentina", marcó.
El Frente de Gremios Universitarios ya anunció que el próximo miércoles habrá una jornada de lucha que precederá al paro nacional convocado para el día siguiente, jueves 23 de mayo. "Todavía no tenemos respuesta. Desde la Secretaría de Educación nos ofrecieron un 8% en abril y todavía no recibimos una oferta superadora", comentó Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN.
Según calculan desde el frente gremial, el deterioro salarial que computaron desde que comienzo de año fue de 66,5%. Esto desembocó que la demanda de recomposición salarial emergiera con cada vez más fuerza. Incluso, para facilitar este último acuerdo, les ofrecieron a los interlocutores libertarios que este aumento extraordinario se pueda dar en cuotas para facilitar los desembolsos de Nación.
Asimismo, los gremios universitarios piden la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cual fue inutilizado por decisión del Gobierno nacional meses atrás. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, argumentó durante su exposición en el Senado que sigue sin afecto y que seguirá así hasta nuevo aviso. Aun así, aseguró que "estamos pensando y estudiando" la posibilidad de incluir a la educación pública "en el Pacto de Mayo".