Esta semana, la capital chilena fue el epicentro de un acontecimiento trascendental para la región latinoamericana y caribeña en materia de protección ambiental y participación ciudadana. La Tercera Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú reunió a más de 600 personas, entre representantes gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, miembros de la sociedad civil y otros actores relevantes de la región, durante tres días de intensos debates y deliberaciones.
Después de dos días de negociaciones, se logró alcanzar el principal objetivo del encuentro: la aprobación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales. Este plan tiene como propósito implementar una serie de medidas prioritarias y estratégicas para asegurar un entorno seguro y propicio que permita a las personas defensoras actuar sin amenazas ni restricciones, así como para reconocer, proteger y promover sus derechos, y prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de ataque, amenaza o intimidación.
Durante la sesión, representantes de gobiernos, funcionarios internacionales y de la sociedad civil coincidieron en la urgencia y relevancia política del Plan de Acción. Sin embargo, se hizo evidente la necesidad de mejorar la participación de los pueblos originarios en la COP, reconociendo su papel fundamental como representantes de los más vulnerables y de aquellos más afectados por los problemas ambientales.
En un contexto marcado por la alarmante cifra de casi 2.000 personas defensoras del ambiente asesinadas en la última década, con tres de cada cuatro casos ocurriendo en América Latina y el Caribe, según lo señalado por Marcelo Cousillas, director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay y presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, la importancia de garantizar un entorno seguro para quienes defienden el ambiente se vuelve aún más apremiante. Incluso, en el día de la inauguración de la COP, Narciso Beleño, reconocido líder campesino de Colombia fue asesinado, constituyendo el 51 defensor asesinado en 2024.
El compromiso de los países con el Acuerdo de Escazú también se destacó durante la conferencia, con República Dominicana ratificando el acuerdo y convirtiéndose en el país número 16 en hacerlo. Además, Colombia expresó su intención de terminar con el proceso interno de ratificación, subrayando los esfuerzos del gobierno para lograr este objetivo. La delegación argentina estuvo presente en toda la conferencia, con funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente, respaldando los avances del acuerdo y contribuyendo al diálogo y la cooperación regional en materia ambiental.
También se aprobó la propuesta de Decisión sobre transversalización de la perspectiva de género, en donde se subraya la importancia de avanzar en esta temática destacando los principios de igualdad y no discriminación del acuerdo. La agenda de género viene siendo abordada por los Estados desde las COP 1 y 2.
Los avances en la COP3 del Acuerdo de Escazú constituyen un paso crucial hacia un futuro más seguro y sostenible para nuestra región y el planeta en su conjunto. Reflejan un compromiso colectivo para enfrentar los desafíos ambientales y proteger a quienes defienden incansablemente nuestro entorno. Continuaremos trabajando juntos, con determinación y solidaridad, para hacer realidad los principios de participación ciudadana, justicia ambiental y protección de los derechos humanos sabiendo que en estos días hubo avances importantes pero todavía queda un largo camino por recorrer.
