La cobertura sanitaria es una cuestión lo suficientemente importante como para que quede al margen de la disputa partidista más banal. Sin embargo, la ministra de Sanidad acostumbra a manejar un discurso basado en eslóganes que trasladado a la práctica política real puede acabar siendo letal. El lema «la sanidad pública no se vende, se defiende» sirvió a Mónica García para anunciar la nueva ley de gestión pública de los servicios sanitarios que puede amenazar la gerencia privada de los hospitales públicos. La norma todavía debe someterse a consulta pública y los ciudadanos, organizaciones y asociaciones tendrán ocasión de participar en su elaboración. El objetivo explícito de «blindar la sanidad pública», loable en teoría, atañe sobre todo a la posibilidad de que existan hospitales públicos gestionados por entidades privadas, un modelo que no sólo es legítimo sino que ha demostrado ser enormemente satisfactorio para los pacientes y plenamente eficaz en la optimización de recursos. La sanidad universal y gratuita es uno de los puntales del Estado del bienestar y, en el caso de nuestro país, uno de nuestros patrimonios civiles esenciales. La obligación de la Administración es procurar un servicio de calidad en el que se maximice la eficiencia de la inversión. Esa eficiencia económica debería ser, de hecho, preceptiva en todo lo que se imputa al erario público. El único fin por el que se tiene que preocupar el Estado es la cobertura sanitaria universal, gratuita y de calidad. Es decir, que cualquier ciudadano sin importar en qué parte de nuestra geografía resida, pueda acceder a una asistencia sanitaria plena, de garantías y sin coste adicional más allá del que impone nuestro régimen fiscal. Para lograr este propósito, las administraciones locales deberán conservar siempre su autonomía para optar por modelos en los que la colaboración público-privada pueda ser variable en atención a la circunstancia en la que se brinda la cobertura. Confundir la titularidad de un servicio con su gerencia, o demonizar la posibilidad de subcontratar determinados elementos por parte de la administración equivale, sencillamente, a desconocer la realidad de nuestro sistema de salud. Del mismo modo que una Administración puede contratar la construcción de un hospital público a un estudio de arquitectura, existen circunstancias en las que la gestión total o parcial puede derivarse a una empresa privada especializada. Desde los medicamentos que se dispensan al suministro eléctrico, cualquier servicio público necesita nutrirse a su vez de recursos que provienen del ámbito privado lo que demuestra, de algún modo, que la dicotomía que distingue entre lo público y lo privado admite también matices. La norma que ahora promueve el Ministerio de Sanidad intentará restringir la gestión indirecta de las estructuras a excepciones coyunturales, valorando 'ex ante' las condiciones que pueden hacer más recomendable un modelo u otro. Que las reglas de colaboración entre lo público y lo privado sean exigentes y transparentes es deseable, pero prejuzgar la preferencia de un modelo sobre otro es una imposición ideológica de la que, por cierto, nunca participó el PSOE. El Sistema Nacional de Salud necesita una coordinación eficaz desde el ministerio, pero la actitud de Mónica García parece más la de una activista centrada en las apariencias que la de una gestora responsable y diligente.
