Además de reconocer este derecho, se elimina la figura del despido libre específico de este colectivo y se regula la cotización para el FOGASA
España ha reconocido el derecho a paro para empleadas del hogar. Lo ha hecho a través de la aprobación de un Real Decreto-ley que permitirá no solo que estas trabajadoras coticen por desempleo, sino también poder acceder al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) cuando sus empleadores se declaren insolventes. Además, se elimina la figura del desistimiento, el despido sin causa justificada y sin previo aviso.
En definitiva, el decreto diseñado por el Ministerio de Trabajo otorga una serie de derechos laborales que sitúa a las trabajadoras del hogar más cerca del resto de trabajadores. Hasta ahora, este colectivo tenía reguladas unas circunstancias específicas que hacían que, frente al resto de trabajadores, no gozasen de determinados derechos. Fue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la que señaló la discriminación que suponía cómo estaba diseñada la norma para estas trabajadoras.
Según la Justicia Europea, se trataba de una discriminación indirecta por razón de sexo/género al ser un colectivo altamente feminizado, proporción que no se da en el otro régimen. Es decir, precisamente el colectivo que menos derechos reconocidos tenía en España, el de trabajadoras del hogar, está compuesto en su inmensa mayoría (en torno al 90%) por mujeres.
Con esta sentencia de febrero de 2022, el TJUE instó a España a cambiar la normativa, dado que era discriminatoria y contraria al derecho de la Unión Europea. Unos meses después, en junio, el Gobierno aprobó ratificar el Convenio 189 de la OIT, marco jurídico internacional que establece unos derechos laborales mínimos para estas trabajadoras. Por ejemplo, el derecho a paro para empleadas del hogar.
Tras iniciar la ratificación, y en paralelo, el Gobierno finalmente ha aprobado el Real Decreto-ley para incluir en el ordenamiento jurídico español lo señalado por el TJUE y lo contemplado en el Convenio 189 de la OIT. ¿Qué derechos adquieren las empleadas del hogar? Te explicamos las claves del decreto.
Para otorgar derechos a las empleadas del hogar, el Real Decreto-ley deroga artículos de otras normativas que las excluían directamente. Era el caso del artículo 251 de la Ley General de la Seguridad Social, que en su apartado cuarto señalaba: “La acción protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar no comprenderá la correspondiente al desempleo”. Es decir, las trabajadoras del hogar no podían destinar una parte de su cotización al desempleo, por lo que no podían cobrar el paro.
Al eliminar ese apartado del artículo 251, el decreto permite que las trabajadoras del hogar tengan derecho a paro, pero también a otros subsidios cuando se acaba esta primera prestación. Así lo explica a Newtral.es el abogado laboralista Javier de Cominges, quien llevó el caso sobre el que se pronunció el TJUE: “Implica una integración en igualdad de condiciones al resto de trabajadores. Este derecho conlleva otros como, por ejemplo, acceder al subsidio de mayores de 52 años, que exige el agotamiento de la prestación previa por desempleo. Hasta ahora, al no tener acceso ni siquiera a esta prestación, tampoco tenían acceso a otras”.
De Cominges recuerda que “no se ha regulado con carácter retroactivo”: “Las trabajadoras que sean despedidas antes de la entrada en vigor de estas regulaciones no van a tener reconocido este derecho. Se puede dar el caso de que ellas reclamen administrativamente ya que, como ya han reconocido sentencias previas, no han cotizado no porque no hayan querido, sino porque no han podido al no permitirlo la ley”, añade.
Además de que las empleadas del hogar no tuviesen derecho a paro, tampoco podían percibir salarios e indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) si su empleador se declaraba insolvente. Como explicaba a Newtral.es el abogado laboralista del Colectivo Ronda Miguel Arenas: “En el Régimen General, un trabajador por cuenta ajena está cotizando, entre otras cosas, por el FOGASA. En caso de incumplimiento del empresario, bien porque este desaparezca o por situación de crisis económica, el FOGASA, con unos límites, responde en nombre del empresario”
En el caso de estas trabajadoras, esta opción no existía. “Si su empleador no responde, no cobrarían nunca su indemnización por extinción o por desistimiento”, añadía Arenas.
A partir del 1 de octubre de 2022, según el decreto, será obligatorio cotizar no solo por desempleo, sino también por el FOGASA. Para las trabajadoras del hogar que realizan jornadas de menos de 60 horas mensuales, este derecho entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Según el Ministerio de Trabajo, “para que estas cotizaciones no supongan un sobreesfuerzo económico para los empleadores, estos tendrán derecho a una bonificación del 80%”.
En España, con carácter general, para poder despedir a un trabajador debes justificarlo y ampararlo en una de las causas previstas en la ley. Sin embargo, en el caso de empleadas del hogar existía la figura del desistimiento: “Algo así como un despido libre, es decir, que no exige causa”, como señala Javier de Cominges. Para llevar a cabo el desistimiento, solo había que cumplir unos requisitos formales como comunicarlo por escrito y que el tiempo de preaviso fuese de entre siete y 20 días (en función de si el contrato había durado menos de un año o más de un año).
La indemnización contemplada para el desistimiento era de 12 días naturales por año trabajado con un límite de seis mensualidades. “Esta indemnización se mantiene, así como el resto de requisitos formales, pero desaparece la figura del desistimiento como tal. El decreto aprobado exige que se justifique la causa”, apunta a Newtral.es Carmen Grau, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Para ello contempla tres supuestos:
a) Disminución de los ingresos de la unidad familiar o incremento de sus gastos por circunstancia sobrevenida
b) Modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican que se prescinda de la persona trabajadora del hogar
c) El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora
Javier de Cominges pone el acento en la redacción del tercer supuesto: “No sé qué van a exigir, es decir, qué conductas van a ser suficientes para extinguir el contrato. La confianza es algo muy interno, es un supuesto muy genérico”.
Recuerda, además, que este tipo de despido es análogo al “despido por causas objetivas” para el resto de trabajadores. Sin embargo, en el caso del resto de trabajadores, la indemnización es de 20 días por año trabajado y hasta 12 mensualidades; en el caso de las empleadas del hogar, se mantiene una indemnización de 12 días por año trabajado.
Poder tener derecho a paro para empleadas del hogar era una de las reivindicaciones históricas del colectivo. Pero más allá de esta cuestión, había otra problemática: las lagunas de cotización. Es decir, periodos en los que la trabajadora no había cotizado.
La cobertura de vacíos de cotización, conocida como integración de lagunas, es un derecho de los trabajadores por cuenta ajena, pero no lo era para las empleadas del hogar. “Esta integración de lagunas significa que cuando a una persona se le calcula una pensión, sea de jubilación o de incapacidad, si tiene periodos en los que no ha cotizado, en esos periodos se le aplica la base mínima de cotización que hubiera en aquel momento para no perjudicarle y que su base reguladora sea demasiado baja”, explicaba el abogado laboralista Miguel Arenas.
Como señala Javier de Cominges, el decreto ahora sí contempla esta cobertura de lagunas de cotización para trabajadoras del hogar a partir de 2023. Sin embargo, De Cominges señala que “la redacción es ambigua” al señalar que esta integración no se realizará en el periodo de 2012 a 2023: “Si una empleada del hogar se jubila en 2023 y entre 2012 y 2023 tiene periodos en los que no ha cotizado, parece entenderse que no se le aplicará esta integración”, sino que “será un derecho a futuro”.
“Una gran parte de las empleadas del hogar trabaja menos de 60 horas al mes y eso era una puerta de precariedad”, apunta la profesora Carmen Grau. Por ello, otro de los avances significativos es que también en estos casos “los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización”, añade.
Hasta ahora, como explica el laboralista Javier de Cominges, “si una empleada trabajaba menos de 60 horas mensuales, el empleador no tenía por qué darle de alta, sino que se acordaba con el empleador si era este o la propia trabajadora la que se daba de alta”. “Esto era un gran problema: primero porque muchas de ellas desconocían esto o no sabían cómo hacerlo. Otras, incluso, debido a los bajos ingresos y a las pocas opciones, se quedaban en la economía sumergida. Es decir, no se daban de alta para quedarse el dinero que sería destinado a la cotización con tal de ganar un poco más”, añade este abogado.
Ahora, aunque la empleada trabaje menos de 60 horas al mes, el empleador tendrá la obligación de dar de alta a la empleada.
Además del reconocimiento del derecho a paro para empleadas del hogar, de la eliminación de la figura del desistimiento o de cotizar para el FOGASA, el decreto también reconoce el derecho de estas empleadas la protección en materia de seguridad en el trabajo, incluyéndolas en la Ley de Riesgos Laborales.
En conversación con Rafaela Pimentel, trabajadora del hogar y miembro de la asociación Territorio Doméstico, esta activista señala que “es una gran batalla ganada”, pero que “la lucha continúa”: Queremos estar completamente integradas en el Régimen General, y trabajar en la creación de un verdadero sistema de cuidados”, añade.
Pimentel también explica que otra gran batalla vinculada a este colectivo es la regularización de personas migrantes. “Trabajo nos dijo que eso no era su competencia, así que seguiremos tocando puertas”, concluye.
Texto aprobado en el Consejo de Ministros del 6 de septiembre de 2022 del Real Decreto-ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar
Ministerio de Trabajo
Javier de Cominges, abogado laboralista
Carmen Grau, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
