Esta suma cubre los traslados y alojamientos de los cargos públicos de 136 entidades dependientes del Ejecutivo, desde el Ministerio de Presidencia a la Real Casa de la Moneda
El Gobierno ya tiene garantizados sus viajes para los próximos dos años, y también el coste que pueden alcanzar. Hace unos días, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la formalización de un contrato por el que encargaba a varias agencias la gestión centralizada de los viajes del Ejecutivo y las entidades que dependen de él durante dos años.
El coste total asciende a los 340,3 millones de euros, que recibirán empresas como El Corte Inglés o Nautalia a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación Central de Compras, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Obligaciones de las adjudicatarias. Las empresas contratadas deberán gestionar el transporte, alojamiento y alquiler de vehículos –con o sin conductor–, tanto en España como en el extranjero de los cargos públicos. Además, también tendrán que posibilitar un servicio de información, asesoramiento, reserva o expedición de billetes, entre otros.
El contrato cuenta, en paralelo, con una serie de prestaciones auxiliares, como la reserva de salas, equipos audiovisuales, servicio de restauración o personal auxiliar de recepción o atención. Incluso, las personas beneficiarias podrán solicitar a estas compañías que hagan las gestiones para obtener el visado o información sanitaria del destino.
Medios de transporte. El servicio engloba la posibilidad de desplazarse en avión, tren, barco o ferry, autobús y helicóptero. Salvo que se especifique lo contrario, los traslados se reservarán en línea regular, con una tarifa turista y la posibilidad de llevar una maleta de mano y otra facturada.
Alojamiento. En primer lugar, la agencia de viajes ofrecerá una opción que estuviera incluida en su oferta. Si no existiera esta posibilidad o no cubriera las necesidades del usuario, las condiciones generales son que se reserven “habitaciones de tipo estándar” en hoteles de un mínimo de tres estrellas y, si se puede, con desayuno incluido, si se puede.
Precios. Las agencias están obligadas a presentar “el precio económicamente más ventajoso” y, en la medida de lo posible, presentar dos ofertas para cada servicio solicitado.
Servicio de urgencias. Las empresas contratadas deberán tener un servicio de urgencias disponible 24 horas al día, los 365 días del año, para atender “cualquier tipo de incidencia” en un viaje.
Todos los servicios de este contrato son de aplicación a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos. En total, para los próximos dos años habrá un total de 136 entidades que puedan acceder a estos viajes, entre los que se encuentran los ministerios e instituciones adscritas a ellos, tales como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial o el Centro Universitario de la Guardia Civil.
De todos las carteras, la que cuenta con mayor número de entidades que tienen acceso a los viajes ofrecidos en el contrato es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En total, 16 organismos como las confederaciones hidrográficas, la Agencia Estatal de Meteorología o el Consejo de Seguridad Nuclear podrán acceder a esas prestaciones.
Por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública serán 14 los organismos que podrán optar a los viajes ofertados. Algunos de ellos son la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Instituto de Estudios Fiscales y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Además, estos viajes podrán ser tanto individuales, si viaja una sola persona; o en grupo, si se desplazan a una misma actividad más de nueve personas.
El contrato centralizado tiene un valor de 340,3 millones de euros para un servicio de dos años, pero está dividido en cinco lotes adjudicados a diferentes compañías.
Uno de los documentos publicados en la Plataforma de Contratación hace referencia al análisis de demanda de los servicios, donde se incluye información de la ejecución de los contratos en años anteriores.
Entre el 6 de abril de 2018 y el 5 de abril de 2020, el gasto en viajes superó los 133 millones de euros. De estos, más de 109 millones de euros representan gastos en transporte; y el resto, algo más de 24 millones, en alojamiento.
La siguiente tabla recoge el gasto por ministerio durante 2019. Tal y como recoge el documento, en los casos en los que se presentan datos anualizados se ha tomado como referencia ese año por ser el más representativo dada la situación vivida durante el 2020 con motivo de la crisis sanitaria, lo que también afectó a la movilidad.
El Ministerio de Defensa fue el que más dinero gastó en viajes durante 2019 –teniendo en cuenta los desplazamientos de su personal y el de sus organismos autónomos–, llegando a un total de 20,6 millones de euros. En segundo lugar se encuentra Interior, cuyo gasto en este concepto llegó a los 13,6 millones de euros.
En lo que respecta a los vuelos, las rutas más demandadas desde el inicio del contrato hasta el 15 de marzo de 2020 fueron algunas como Madrid-Bruselas, Gran Canaria-Madrid o Madrid-Tenerife.
No obstante, el trayecto que más veces se realizó en ese periodo fue Bruselas-Madrid, para el que se emitieron un total de 10.840 billetes. El coste que tuvieron todos estos viajes del Gobierno se sitúa en 2,8 millones de euros. En cambio, el lugar en el que más pernoctaciones hubo fue Madrid, con un total de 65.000. El coste de todas ellas se situó en torno a los 11 millones de euros.
En la siguiente tabla puedes consultar cuáles fueron los trayectos en avión más demandados, el número de pernoctaciones en cada lugar y el coste de estos servicios.
Sumar puntos. Según se explica en la memoria justificativa del contrato, se ha analizado por grupos cuáles fueron las rutas aéreas más solicitadas y las cinco localidades más frecuentadas. A partir de ello, a la hora de adjudicar el contrato, se ha valorado positivamente que las empresas incluyeran ofertas en estas “tarifas top” y “habitaciones garantizadas” en estos enclaves.
La contratación de este servicio se ha llevado a cabo en anteriores ocasiones. El primero entró en vigor el 6 de abril de 2015 y finalizó, prórrogas incluidas, el 5 de abril de 2018. El 6 de abril de 2018 comenzó la ejecución de un segundo contrato, prorrogado hasta el 5 de abril de 2022.
