Mi consejo: no caer en la trampa de la ‘vendetta’
Estamos a tiempo de resguardar los pilares de nuestra democracia. Como buenas señales, destaco la reciente reunión de las presidentas de los poderes de la República en la que también merece atención lo que no se dijo con palabras: el lenguaje corporal –que dice más que mil palabras– fue altamente positivo.
Conversar no significa estar de acuerdo en todo, pero sí es tener buena fe al comunicarse y disposición para buscar soluciones ante un problema compartido. Y hoy, además del costo de la vida, no hay asunto más apremiante que la inseguridad ciudadana ni tarea más urgente que construir el liderazgo colaborativo que se necesita para combatirla.
En la legislatura pasada hubo intentos de avanzar en esa dirección, pero los logros de fondo fueron escasos. Quizá el más importante fue el acuerdo que permitió la extradición de nacionales. Esta medida ya comienza a dar resultados y contribuye a desincentivar la llegada de nuevos carteles al país.
Pero, ¿qué hacemos con los que ya están aquí? Se requiere comunicación de buena fe, colaboración entre los poderes y estudio y aprobación de proyectos de ley que, como ocurrió con la extradición, hagan menos atractivo nuestro territorio para el crimen organizado. Entre ellos destaco el proyecto de extinción de dominio, hoy bajo otro nombre, que permite golpear a estas bandas donde más les duele: el decomiso de los bienes provenientes de sus actividades delictivas.
Recomiendo a los poderes no caer en la trampa de la vendetta a raíz de la reciente orden de la Sala Constitucional de eliminar las normas de ejecución presupuestaria dirigidas a congelar ¢30.000 millones al Poder Judicial en el Presupuesto Nacional 2027, y de declarar inconstitucionales los recortes aprobados en la partida de fondos postergados del FEES, que financia la operación de las universidades públicas.
¡Qué bueno habría sido que, sin este fallo, el Ejecutivo hubiera rectificado y modificado dichos recortes como señal de un cambio de rumbo!
Creo firmemente que, en medio de la inseguridad que vivimos, lo peor que podemos hacer es recortarle recursos al Poder Judicial, al Ministerio Público y al OIJ. Debemos hacer exactamente lo contrario: dotar a estas instituciones de los recursos que el país necesita en este momento decisivo.
Si no invertimos en seguridad, si los poderes no colaboran y si el narcotráfico y otros actores acallan la libertad de prensa, la democracia se nos irá de las manos.
Todavía estamos a tiempo de rectificar.
nmarin@alvarezymarin.com
Nuria Marín Raventós es politóloga.