La Fiscalía Europea ha puesto la lupa sobre los contratos de los dispositivos telemáticos de seguimiento para agresores por violencia de género —las conocidas como pulseras antimaltrato— adjudicados durante la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. La investigación comunitaria ha requerido los informes que analizan las incidencias y deficiencias administrativas de estos concursos públicos, entre ellos una auditoría clave del Tribunal de Cuentas que ya ha sido requisada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El núcleo del cuestionamiento jurídico y contable reside en el abuso reiterado de la tramitación de urgencia para adjudicar un servicio esencial que funciona de manera ininterrumpida en España desde el año 2009, tras el acuerdo adoptado por...
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