La Ley de Memoria Democrática (LMD) de 2022, concebida por el Gobierno para reparar a los exiliados del franquismo durante el periodo 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, se convirtió en el Ministerio de Justicia en un mecanismo de nacionalización sin precedentes en la democracia española. Un coladero que aún pende de la decisión final del Tribunal Supremo (TS), que ayer recibió el listado de los 163.020 nacionalizados afectados por la suspensión del censo de la 'ley de nietos'. Documentación oficial a la que ha tenido acceso ABC -dos oficios clave redactados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y firmados por su entonces titular, Sofía Puente- demuestra cómo el Gobierno...
Ver Más
