El fin de la coartada fujimorista
En política exterior, los principios son el mayor activo del Estado, no de un partido. Convertir ese activo en arma de campaña lo desgasta. Gobernar luego en sentido contrario lo destruye.
El Perú construyó una posición de Estado frente a Venezuela. El Grupo de Lima, constituido en 2017 con el país a la cabeza a través del entonces canciller Ricardo Luna, fue su expresión más visible: exigir elecciones libres y liberación de presos políticos al régimen de Nicolás Maduro. Fujimorismo hizo de ese argumento algo más: una herramienta electoral de primer orden. El chavismo fue la amenaza que movilizó votos, contra Humala, contra Castillo, contra cualquier adversario al que se pudiera trazar una línea hacia Caracas.
La llamada de la mandataria con Delcy Rodríguez, a quien su propio tuit denomina presidenta de Venezuela, para coordinar la expulsión de ciudadanos venezolanos y apoyar el Plan Vuelta a la Patria, pone fin a esa narrativa. No porque el madurismo haya mutado sino porque Delcy sigue al frente del mismo esquema de poder continuado por Maduro. Lo único que no ha variado es que el discurso ya no sirve para los comicios.
La cúpula chavista, pese a las presiones internacionales que enfrentaba, se mantiene enquistada sin que exista claridad sobre el futuro democrático de ese país.
María Corina Machado, figura respaldada por la mayoría de venezolanos que la eligieron como mandataria, ha intentado ingresar a Venezuela en más de siete ocasiones sin lograrlo. La cancillería peruana, bajo la actual administración, no ha tomado ninguna acción diplomática al respecto. El contraste habla por sí solo.
Esto es un sinceramiento. Las convicciones democráticas que la agrupación enarboló por décadas nunca existieron como mandato institucional sino como coartada. Ya que a una coartada no se renuncia por ideales, sino que se abandona cuando deja de ser útil.
El costo no lo paga solo el Ejecutivo. Lo paga el Estado peruano, que construyó durante años una plataforma de credibilidad basada en el rechazo a sistemas políticos que violan los derechos de sus ciudadanos.
Ese capital solo se recupera con coherencia. Y la coherencia, por ahora, no aparece en la agenda.