Si los jueces tienen la culpa, ¿por qué se duplicó el número de presos?
La mentira tiene las patas muy cortas, y este gobierno lo demuestra con creces. Incapaz, como ha sido, de resolver el problema de la violencia homicida que carcome a nuestras comunidades, insiste, un día sí y otro también, en que la crisis es responsabilidad del Poder Judicial. La acusación es fácil de digerir: estamos tan inseguros porque los jueces no meten a los delincuentes en las cárceles. Así lo reiteró Laura Fernández en Puntarenas cuando les hablaba a sus seguidores –porque dejar la campaña electoral atrás para dedicarse a gobernar sería pedir demasiado–.
Sin embargo, su ministro de Justicia, con la boquita cerrada, en una comparecencia en la Asamblea Legislativa reconoció que la población penal ha experimentado un vertiginoso incremento desde 2022. Ese crecimiento es resultado exclusivo de decisiones jurisdiccionales. Igual, Aguilar comete una imprecisión: ese aumento no empezó en 2022. En 2016, las personas privadas de libertad en Costa Rica eran poco menos de 9.000 –hoy hay 18.000 reclusos–. En una década, duplicamos las tasas de encierro. Solo en el discurso simplista y tramposo de quienes quieren tomarnos el pelo alguien podría aceptar la cantaleta de la falta de mano dura. No, no. No estamos atrapados en una sangría diaria que ha segado la vida y la paz de miles de costarricenses porque campee la impunidad. Los datos son inapelables.
No faltan sentencias condenatorias; lo que sí sobra es la retórica agresiva y autoexculpante de un Ejecutivo que desmantela el financiamiento de las políticas sociales, educativas, culturales y preventivas, que son las únicas estrategias que podrían atajar la penetración del crimen organizado, y, de paso, intenta borrar –cada vez con más desvergüenza– toda seña de controles a su voraz apetencia por ejercer un poder sin límites.
Mientras tanto, más allá del recurso populista y la deslegitimación de instituciones y funcionarios honestos que solo hacen su trabajo, nos arrastran a un drama social sin precedentes que, en unos años, veremos traducido en una sociedad todavía más desigual y más empobrecida, y en un Estado cada vez más vulnerable frente al delito y la corrupción.
En definitiva, nos están condenando a seguir viviendo en un país violento y lo hacen de la peor forma: torciendo la verdad e intoxicando nuestra convivencia.
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Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.