Senado debe definir límites a su poder
Las democracias funcionan cuando los poderes tienen límites claros y cuando esos límites son conocidos por todos antes de que se tomen decisiones que afectan a los ciudadanos. Esa es la condición mínima de un Estado de Derecho.
Sin embargo, el Senado, cuyo reglamento le permite aprobar, modificar o rechazar lo que la Cámara de Diputados decide, no tiene definido con precisión hasta dónde puede llegar esa modificación. Y sin esa definición, cualquier decisión que tome sobre las facultades delegadas puede ser una reescritura completa de lo que la Cámara Baja decidió, sin posibilidad de revisión posterior.
El diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, ha planteado cinco preguntas que la Comisión de Constitución del Senado debe responder antes de revisar las facultades delegadas: qué significa desnaturalizar una propuesta, si los límites alcanzan a los textos sustitutorios y a los cambios hechos en el Pleno, qué criterios deben aplicar la Comisión y el Pleno y qué consecuencia procede si se exceden esos límites. Son preguntas que cualquier sistema bicameral serio debería tener respondidas desde el primer día. No obstante, el hecho de que no lo estén no solo es un descuido sino el resultado del diseño que el Congreso anterior aprobó.
Ese diseño tiene un problema estructural que este diario advirtió en su momento. La Constitución modificada por la mayoría parlamentaria del pacto de cogobierno pasado, bajo liderazgo fujimorista, le otorgó al Senado la última palabra sobre cualquier propuesta legislativa que venga de Diputados, con envío directo al Ejecutivo sin retorno a la Cámara Baja.
En los modelos bicamerales que funcionan bien, como el español, el alemán o el chileno, las modificaciones sustanciales de la Cámara Alta deben regresar a la cámara de origen para su refrendo. En el diseño peruano actual eso no ocurre. Y esa asimetría favorece exactamente a quien diseñó el sistema.
La Comisión de Constitución del Senado puede y debe establecer una regla de conexidad que impida incorporar materias ajenas al texto aprobado por Diputados y que obligue a consultar con la cámara de origen cuando los cambios sean sustanciales.
Un poder sin límites claros no es democrático sino un instrumento de abuso. Y el Perú ya conoce bien cómo termina esa historia.