Condenan a 13 años de prisión a dos personas por traficar armamento militar peruano hacia Ecuador
Dos personas fueron condenadas a 13 años de prisión efectiva por los delitos de organización criminal y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos de guerra en agravio del Estado peruano. César Manrique, alias ‘Chino Parra’, y Gilmer Arrascue, alias ‘Flaco’, también deberán pagar una reparación civil de S/10.000 cada uno.
De acuerdo con el Ministerio Público, ambos participaron entre 2006 y 2009 en el envío y comercialización de armamento bélico sustraído ilegalmente del Ejército peruano. Las armas y municiones iban destinadas al movimiento subversivo autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Roles definidos de los sentenciados
Según la fiscal adjunta superior Rosa Díaz Sosa, de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, la red estaba liderada por el ciudadano ecuatoriano Freddy Torres, alias 'Freddy' o 'Perro', y dentro de la organización delictiva los dos sentenciados cumplían con determinadas funciones.
Manrique tenía la función de viajar constantemente a Lima y la selva nacional para recoger y luego enviar la mercancía ilícita a Huaquillas, Ecuador, para entregarla a 'Freddy'. En tanto, Arrascue se encargaba de recibir directamente el dinero de manos del líder del grupo criminal para efectuar las compras del material de guerra en Chiclayo, Bagua, Tarapoto, Bellavista, Tingo María o Lima.
Contacto con miembros del Ejército y civiles
Para garantizar el funcionamiento del negocio ilegal, la organización también estableció vínculos con personas vinculadas al sistema castrense peruano. Según el despacho fiscal, Arrascue mantenía contacto con miembros del Ejército y civiles que le facilitaban el material bélico, como José Yataco, Wilbert Cornetero y Julio Vásquez.
La investigación permitió recabar declaraciones de testigos, de otros integrantes de la red que ya contaban con condenas previas y de colaboradores eficaces. Además, se realizaron peritajes de balística forense y pericias documentales, entre otras diligencias que permitieron a la Fiscalía sustentar el pedido de prisión efectiva contra los implicados.