Se consuma otro atropello fujimorista
En las democracias que funcionan, los jueces deciden con independencia porque saben que nadie puede sacarlos de su cargo por el contenido de sus fallos. La naturaleza de esa configuración del sistema político no es para garantizar protección a los magistrados sino de proteger a los ciudadanos.
En ese sentido, cuando un juez es destituido durante el gobierno de quien pierde un juicio, la justicia deja de ser justicia. Sino que se convierte en un instrumento del poder. Por eso cualquier ataque a la independencia judicial debería prender alarmas en toda la sociedad, no solo entre abogados y juristas. Lo que le ocurre a un juez hoy puede ocurrirle a cualquier ciudadano mañana.
Hoy la Junta Nacional de Justicia destituyó al juez Richard Concepción Carhuancho. El argumento fue una demora de 23 días en tramitar la apelación de Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, en el caso Los Waykis en la Sombra.
Sin embargo, lo que la JNJ omitió, como ya se alertó en un editorial anterior, es que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya había revisado ese mismo caso y lo archivó sin encontrar falta disciplinaria alguna. Ante lo que la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su consternación por el procedimiento y pidió al Estado peruano cumplir con sus obligaciones internacionales.
Pero, omitiendo todas las alertas internacionales, el pleno de la JNJ destituyó al magistrado de todas formas. Y ante todo esto, el contexto importa.
Concepción Carhuancho es el juez que ordenó la prisión preventiva de Keiko Fujimori en 2018. El mismo que fue suspendido seis meses en junio de 2026 por usar una imagen de Nicanor Boluarte en una conferencia. El mismo cuyo caso había sido archivado por el propio sistema de control del Poder Judicial antes de que la JNJ lo reabriera.
Vale recordar que Satterthwaite no llegó al caso de hoy sin antecedentes. En mayo de 2026, la JNJ separó al juez Oswaldo Ordóñez por declaraciones que dio ante la CIDH sobre las leyes procrimen. En ese momento, la CIDH advirtió que era una represalia, pero las instituciones peruanas no escucharon.
Las alarmas internacionales llevan meses encendidas. La pregunta es cuándo el país decidirá escucharlas.