Desde el pasado viernes y hasta el próximo miércoles 16 de septiembre los contactos entre la CEOE y el Gobierno de España estarán congelados. El motivo del paréntesis transitorio en esta relación institucional crítica para la política económica hay que buscarlo en la entrada en vigor del decreto ley que regula los grupos de interés y que obliga a la principal organización empresarial del país a darse de alta en un registro público y proporcionar una serie de información sensible para poder reunirse con cualquier representante de la Administración del Estado. La iniciativa ha generado malestar en la patronal, que interpreta que la Constitución le reconoce un rol de interlocutor preferente y que no debería estar sujeto a las mismas...
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