Aldesa fue un negocio que salió mal, no una estafa

Durante gran parte de la pasada semana, La Nación hizo un enorme despliegue periodístico sobre la crisis de liquidez que enfrentó la compañía Aldesa entre 2018 y 2019. No fue un trabajo balanceado, que cotejara hechos y versiones. Al contrario, se limitó a resumir la acusación planteada por la Fiscalía hace casi tres años.

No tomó en cuenta que este proceso fue declarado como de tramitación compleja por los tribunales, con un legajo de más de 4.000 folios. Una serie informativa construida únicamente sobre la versión de una de las partes, citando pasajes aislados del expediente y sin ofrecer contexto, incurre por definición en la falacia de la evidencia incompleta (cherry-picking). De ahí que el resultado sea inexacto y sesgado.

La complejidad del caso y el inevitable daño reputacional a los involucrados a partir de un abordaje unilateral más que justificaban conocer su versión y los hechos y argumentos de su defensa, con igual alcance que los de la denuncia. Considero que solo después de contar con esa otra versión y tener información completa se debió publicar el reportaje.

Dos días antes de que saliera la primera entrega, una periodista me envió por escrito preguntas para que mis defendidos reaccionaran, no explicaran. Le hice llegar declaraciones; sin embargo, solo les dedicaron cuatro párrafos en la entrega del jueves 27 de agosto, que contrastan con más de 13 páginas utilizadas para divulgar, durante cuatro días, la versión de la Fiscalía.

El abordaje que hizo La Nación no me permite dar una respuesta completa. Si la hiciera punto por punto, estaría litigando en la prensa, no en los tribunales, como corresponde en un Estado de derecho, donde la premisa siempre debe ser la presunción de inocencia. La acusación es eso: una acusación. No es una sentencia y su contenido no está probado.

En estas circunstancias, ahora me veo obligado a aclarar las inexactitudes más gruesas de ese despliegue.

Nuestra posición es categórica

El negocio inmobiliario dentro de Aldesa operó bien durante 28 años, desarrolló proyectos y generó utilidades para los inversionistas mediante instrumentos de captación privada, pero finalmente enfrentó una crisis que no pudo superar. Fue un mal negocio, no una estafa, y así lo demostraremos.

Por ahora, destaco los siguientes puntos:

1. Nunca existió una estructura para defraudar. Al contrario, durante casi tres décadas realizamos una actividad empresarial que cumplió con sus obligaciones. De ella son ejemplo proyectos como la segunda etapa de Plaza Mayor, Terramall y Terra Campus Corporativo, entre otros.

La estructura del grupo no se ocultaba ni ante los inversionistas ni ante el regulador. La Superintendencia General de Valores (Sugeval) la conocía formalmente desde al menos 10 años antes del problema. Incluía la corporación no regulada, que hacía colocaciones privadas entre inversionistas, y el uso compartido del nombre Aldesa por distintas unidades de negocios.

Así consta claramente en la correspondencia oficial de la época. Además, las relaciones entre las empresas estaban reveladas en los estados financieros auditados del Puesto de Bolsa, que eran públicos.

2. El origen fue una crisis de liquidez. Se remonta a finales de 2018 y afectó severamente al país. Costa Rica atravesaba una situación financiera compleja. Hasta el Ministerio de Hacienda tuvo que recurrir a un mecanismo extraordinario, solicitando al Banco Central la emisión de Letras del Tesoro para hacer frente al pago de sus obligaciones.

En ese contexto, los responsables de Aldesa adoptaron medidas para enfrentar los efectos de la crisis sobre la empresa. Lo más importante es que, hasta mediados de febrero de 2019, existían razones concretas y documentadas para considerar que la situación podía superarse.

Entre otras, incluían un crédito bancario aprobado por un banco privado y los avances en la venta de una zona franca ubicada en el Coyol de Alajuela.

3. Se actuó conforme a la ley para proteger a los inversionistas. Cuando los responsables de la empresa comprendieron que las alternativas para superar la crisis ya no eran viables, no se ocultaron, no desaparecieron y no intentaron eludir sus responsabilidades. Al contrario, fueron ellos los primeros que acudieron a un juez y propusieron un mecanismo para hacer el pago a los acreedores dentro de una figura expresamente prevista por la legislación desde antes de que se presentaran las denuncias.

Esto dista mucho del relato construido por la Fiscalía y algunos inversionistas afectados por los problemas de la empresa. Debo ser enfático: mis clientes enfrentaron la crisis de liquidez proponiendo un plan de pagos ante un juez bajo una figura regulada por la ley. No se puede hablar de un delito si se actúa conforme a la ley. De lo contrario, todas las crisis financieras serían un delito.

4. Aldesa realizó millonarias devoluciones de fondos. Los clientes del puesto de bolsa y fondos de inversión recuperaron la totalidad de sus inversiones. En números, el perjuicio que aducen los denunciantes suma aproximadamente $19,8 millones. Sin embargo, Aldesa devolvió cerca de $500 millones a los inversionistas de la parte regulada: ¢290.000 millones, según los estados financieros auditados del puesto de bolsa al 31 de diciembre de 2018. Resulta difícil sostener que se estafaba a unos por $19,8 millones, mientras, al mismo tiempo, la empresa devolvía a otros más de 25 veces esa suma. Estos números no aparecen en los reportajes de La Nación.

5. No tomaron ni un cinco ajeno. A lo largo de toda la acusación de la Fiscalía, no hay una sola mención expresa de que los involucrados hayan tomado ni un solo centavo a su favor. Al contrario, un informe forense de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del OIJ señala, desde julio de 2024, que dentro del expediente de la causa no consta ninguna información que demuestre desviación de recursos en favor de mis representados. Ese informe está en el expediente y no apareció en ninguna de las 13 entregas de La Nación.

6. No se desviaron recursos. Nadie movió dinero ajeno a escondidas. Por eso, desmiento categóricamente la afirmación de que se desviaron fondos hacia inversiones no reguladas, sin el consentimiento de los inversionistas. En ninguna parte del expediente se demuestra que el dinero fuera trasladado sin conocimiento de su titular, y la propia acusación no se lo atribuye a ningún ofendido en concreto. Y hay un argumento que se explica solo: si un puesto de bolsa hubiera trasladado dinero de sus clientes sin autorización, la Superintendencia lo habría sancionado por eso. No lo hizo.

7. Una acusación debe probarse, no simplemente afirmarse. Ya es conocido que, en varios casos que han recibido gran atención mediática, la Fiscalía presenta acusaciones sin sustento probatorio. Aquí han recurrido a la misma táctica y lo vamos a demostrar.

Reiteramos. Tras casi tres décadas de impulsar el desarrollo de proyectos exitosos mediante emisiones privadas colocadas entre inversionistas, Aldesa enfrentó una crisis que no pudo superar. Lamentablemente, hubo inversionistas afectados y obligaciones que no pudieron ser atendidas como se esperaba.

Es una realidad que nadie pretende desconocer y que golpeó también, de forma muy severa, a los accionistas de Aldesa. Pero una pérdida económica o el fracaso de un negocio no constituye un delito.

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Francisco Campos es abogado defensor de Javier Chaves y Óscar Chaves.