Sánchez reitera que no recibió avisos previos «extraordinarios» pese al informe de la Policía y vuelve a exculpar a Marruecos
Pedro Sánchez ha comparecido este jueves en el Congreso dispuesto a defender hasta el final la versión que el Gobierno ha construido durante el último mes sobre la crisis de Ceuta. El presidente ha admitido que existieron señales previas, que aumentaron las entradas a nado y que las instituciones detectaron un repunte de la presión migratoria. Pero ha negado que el Ejecutivo recibiera ningún aviso «extraordinario» capaz de anticipar lo que finalmente ocurrió el 30 de julio. Y ha vuelto a descartar, por falta de «pruebas sólidas», que Marruecos planificara o ejecutara la entrada masiva.
La tesis de Sánchez se ha apoyado en una idea repetida durante buena parte de su intervención: Ceuta no admite explicaciones sencillas. «Lo que está pasando en Ceuta es mucho más complejo y poliédrico», ha defendido el presidente, que ha hablado de «numerosos actores e intereses» y de factores sociales, tecnológicos y geopolíticos. «Negar esa complejidad sería hacerle un flaco favor a la verdad», ha advertido.
Sánchez ha reconstruido las jornadas previas al 30 de julio recordando que entre el 10 y el 25 se produjeron una media de 37 entradas diarias y que la presión fue aumentando progresivamente hasta alcanzar las 194 en la noche del día 29. Gobierno y autoridades ceutíes, ha dicho, detectaron ese incremento y se coordinaron para afrontarlo, pero lo consideraron «significativo» y no excepcional.
Es precisamente ahí donde ha situado la línea defensiva del Ejecutivo. «Si en los días previos el Gobierno recibió alertas, la respuesta es clara: no lo hizo», ha afirmado. Según Sánchez, Moncloa ha revisado informes, mensajes y notas remitidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el CNI y ninguna «iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario». «Ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo», ha remachado.
El presidente ha anunciado incluso la publicación de un dosier con todos esos documentos para respaldar su versión. «Una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo y otra muy distinta anticipar que, en cuestión de horas, 70.000 personas iban a intentar acceder a Ceuta», ha señalado. «Eso no lo hizo ningún informe. Al menos ninguno que llegase a las manos del Gobierno».
El problema para Sánchez es que el informe elaborado posteriormente por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras utiliza una terminología bastante menos rutinaria. El CENIF deja constancia de que el 29 de julio emitió una «Alerta de Riesgo de Entrada Masiva» dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla sobre el riesgo de entradas precisamente el día 30. El documento recoge además una comunicación anterior, del 27 de julio, cuyo asunto ya advertía de una «Entrada Masiva a nado de inmigrantes».
La contradicción no está, por tanto, en que la Policía hubiese predicho exactamente una avalancha de 70.000 personas —el propio informe no sostiene eso—, sino en la consideración política de aquellos avisos. Sánchez los ha rebajado a advertencias ordinarias que no anticipaban una emergencia extraordinaria; la Policía, en cambio, documentó formalmente una alerta específica de «entrada masiva» para el día siguiente.
El presidente ha defendido además la actuación de los agentes españoles una vez colapsó la frontera. Según ha relatado, tuvieron que elegir en cuestión de minutos entre contener por la fuerza a miles de personas o permitir temporalmente el paso para evitar una tragedia. «Eligieron defender la vida humana. Hicieron lo correcto», ha afirmado, antes de reivindicar que la respuesta española fue compatible con las obligaciones de un Estado de Derecho.
Sánchez ha cifrado en unas 70.000 las personas que llegaron a acceder irregularmente a Ceuta y ha asegurado que unas 50.000 regresaron en menos de 24 horas y 63.000 en las primeras 72. El Gobierno ha presentado ese retorno como uno de los procesos más rápidos realizados en Europa y ha destacado el refuerzo policial, militar, sanitario y humanitario desplegado durante las semanas posteriores.
También ha reivindicado la declaración, el pasado 25 de agosto, de la situación de interés para la Seguridad Nacional y la creación de un mando único. Sánchez ha sostenido que ese instrumento se activó «cuando fue necesario», una interpretación destinada a responder a quienes han acusado al Ejecutivo de haber tardado casi un mes en concentrar la dirección de una crisis que había implicado a numerosos ministerios y administraciones. Pero el otro gran frente de la comparecencia ha vuelto a ser Marruecos.
Sánchez ha reconocido que Rabat «juega un papel clave» y ha calificado de «inaceptables» las declaraciones de dos ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla, que llevaron al Gobierno a convocar a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto. Sin embargo, ha rechazado nuevamente cualquier atribución directa de responsabilidades sin pruebas que considere concluyentes.
«Lo cierto y verdad es que, a día de hoy, nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que la entrada masiva a Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes», ha asegurado. Sánchez ha afirmado que ni el CNI, ni la Policía Nacional, ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea ni ningún organismo internacional han trasladado al Ejecutivo evidencias sólidas en ese sentido.
Incluso ha sostenido que lo sucedido pudo ser «imprevisible para todos, incluso también para ellos», en referencia a Marruecos.
El informe policial vuelve a introducir aquí una dificultad considerable para el relato presidencial. El CENIF señala expresamente que fuerzas de seguridad marroquíes dieron indicaciones a personas que trataban de entrar en España y que «en algunos casos» participaron «guiando el cruce a través del agua» y derivando a los inmigrantes hacia la playa del Tarajal.
El documento va todavía más lejos al describir una actitud de «total permisividad» por parte de las fuerzas marroquíes durante los días 30 y 31 y recoge testimonios e imágenes de agentes uniformados gestionando el flujo hacia zonas concretas, así como de individuos no uniformados que habrían monitorizado y dirigido sobre el terreno a la masa de personas. La Policía distingue, eso sí, entre esas actuaciones y la autoría intelectual última, que el informe no individualiza.
También existe una divergencia sustancial sobre el carácter espontáneo de lo ocurrido. Sánchez ha insistido en una combinación de factores que se habrían retroalimentado «probablemente de forma no coordinada» y cuya posible planificación todavía está, según ha dicho, por determinar.
El CENIF es mucho más categórico. Considera que la entrada del 30 y 31 de julio «no responde a un fenómeno espontáneo de inmigración irregular», sino a «un proceso planificado» iniciado con anterioridad. Y concluye que la magnitud, las fases, la viralización de los mensajes, la organización del flujo de personas y la actuación sobre el terreno requieren distintos niveles de organización.
Sánchez ha situado en las redes sociales uno de los motores fundamentales de la crisis. Ha acusado a distintas campañas de desinformación de amplificar la movilización mediante bulos sobre la sentencia del Tribunal Supremo y ha señalado la participación posterior de referentes de la ultraderecha internacional y española. También ha afirmado que los servicios de inteligencia no han podido atribuir la operación digital ni a movimientos concretos ni a los Estados de Marruecos, Rusia o Israel, desdiciéndose de lo que dijo este lunes en una entrevista en la Cadena Ser.
La Policía coincide en la relevancia de las redes, pero tampoco habla de una viralización puramente espontánea. El informe sostiene que la campaña siguió un «patrón pre-establecido», considera «difícilmente asumible» que un fenómeno de ese alcance surgiera de manera improvisada y apunta a la existencia de una «intención predeterminada», herramientas de automatización y conocimientos especializados.
Sánchez ha tratado así de fijar una frontera política muy concreta: admite fallos, reconoce que las capacidades españolas fueron desbordadas y acepta que todavía quedan incógnitas por resolver, pero niega que el Gobierno ignorara una alerta extraordinaria y rechaza responsabilizar a Marruecos sin una prueba definitiva de dirección estatal.
La comparecencia ha dejado, sin embargo, una pregunta difícil de cerrar. El presidente sostiene que nadie anticipó lo excepcional y que todavía no existen evidencias sólidas contra Rabat. La Policía había alertado de una «entrada masiva» antes del 30 de julio y su propio informe describe agentes marroquíes guiando algunos cruces, una movilización no espontánea y una planificación previa. Sánchez ha pedido tiempo para terminar de conocer toda la verdad. El informe policial demuestra que una parte de esa verdad ya estaba escrita.