El activista hongkonés prodemocracia Joshua Wong se declara culpable de "conspirar con fuerzas extranjeras"
El heraldo global del inconformismo hongkonés que con diecisiete años arrastró a cientos de miles de ciudadanos a las calles durante la 'Revolución de los Paraguas' y retó el poder de Pekín acaba de firmar su capitulación procesal forzada. De aquellas mareas humanas que paralizaron el centro financiero asiatico en defensa del sufragio universal al silencio impuesto de una ciudad sin rastro de oposición, Joshua Wong afronta ahora una condena que oscila entre diez años de cárcel y la cadena perpetua. A sus veintinueve años, el activista se declaró culpable el miércoles ante el Alto Tribunal de conspirar para confabularse con potencias extranjeras, sellando una vez más la voladura judicial de todo el movimiento democrático en el territorio.
La causa contra el 'David' de la disidencia en la urbe semiautónoma exhibe la estrategia del Ministerio Público para neutralizar a la vanguardia disidente. La Fiscalía construyó su acusación sobre la diplomacia exterior que el joven coordinó entre 2016 y 2020 con el exdiputado exiliado Nathan Law, a través de reuniones en Washington con Nancy Pelosi y Marco Rubio, presiones diplomáticas en Europa para cortar el suministro de material antidisturbios a la policía local, columnas en la prensa internacional y la campaña que obligó a la firma israelí Cellebrite a rescindir sus contratos de programas espía con los agentes.
La trampa procesal del castigo retroactivo
El pliego fiscal desató la indignación de los juristas al apoyarse en actuaciones previas a la vigencia de la propia normativa penal. Los fiscales convirtieron viajes, entrevistas y gestiones políticas legales en pruebas de criminalidad contra el Estado. Para el periodo posterior a la promulgación de la normativa, la supuesta trama se redujo a declaraciones de Wong prometiendo mantener la atención exterior, mensajes privados con Law y la difusión de mensajes de su compañero en redes.
Esta maquinaria descansa sobre la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en junio de 2020, redactada para castigar con penas de hasta cadena perpetua la secesión, subversión, terrorismo y colusión foránea. El texto dinamitó el sistema garantista británico y suprimió los jurados populares en los litigios políticos, anuló las fianzas y facultó al ejecutivo para designar a dedo a los magistrados encargados de dictar sentencia.
El cerco se cerró con la aprobación del Artículo 23 de la Ley Básica mediante la Ordenanza de Salvaguardia de la Seguridad Nacional. Esta norma autóctona castiga los delitos de traición, sabotaje, insurrección y espionaje, tipificando como delito la simple tenencia de folletos críticos y expulsando a sindicatos independientes, organizaciones cívicas e incluso corresponsalías extranjeras.
El régimen de Xi Jinping y el gobierno local defienden esta batería represiva como una "herramienta imprescindible" para recuperar el orden tras las multitudinarias protestas de 2019. El discurso oficial sostiene que se persigue únicamente a “instigadores radicales financiados desde el exterior”, garantizando la estabilidad económica y la confianza corporativa bajo la fórmula institucional de "Un país, dos sistemas".
Parlamento monocolor al servicio del régimen
La purga en los tribunales corrió pareja a la demolición del sistema electoral. Bajo la consigna oficial de "solo los patriotas gobiernan Hong Kong", las autoridades barrieron el sufragio universal en el Consejo Legislativo, redujeron la cuota de diputados electos e impusieron comités de cribado ideológico para vetar a cualquier aspirante prodemocracia.
El hemiciclo ha quedado transformado en una cámara monocolor copada por dirigentes afines al Partido Comunista de China. Toda la hornada política que en 2019 conquistó más del 80% de los distritos municipales se encuentra en prisión, inhabilitada o repartida en el exilio entre Londres, Taipéi o Washington, reduciendo las instituciones a un engranaje administrativo sumiso a Pekín.
Clamor internacional ante una justicia instrumentalizada
Organismos internacionales y portavoces de la diáspora denunciaron de inmediato la naturaleza política del juicio. La directora de Hong Kong Democracy Council, Anna Kwok, acusó al tribunal de actuar como "un laboratorio de lógica inverosímil" al imponer penas extremas basadas en "actividades anteriores a la ley; una farsa absoluta". Desde el Reino Unido, el activista Luke de Pulford advirtió del "riesgo real de que los opositores cumplan condena dos veces por idénticos hechos en una judicatura sometida al poder político".
A las críticas se sumó Frances Hui, directora de políticas de The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation y primera disidente hongkonesa asilada en Estados Unidos sobre quien pesa una orden de busca y captura con recompensa oficial. "El encarcelamiento continuado de Joshua refleja el empeño de Pekín por silenciar al activista democrático más prominente de la joven generación. Su caso demuestra cómo la Ley de Seguridad Nacional se está utilizando para castigar la defensa pacífica de los derechos humanos, incluyendo conductas que tuvieron lugar mucho antes de que dicha norma existiera".
La sombra de Jimmy Lai y la clausura de una era
Wong no pisa la calle desde noviembre de 2020. Cumple ya una pena de cuatro años y ocho meses por el macrojuicio a las primarias de los 47 líderes opositores, una condena que expiraba en pocos meses antes de que los fiscales activaran este segundo frente para impedir su excarcelación.
Durante la última vista, su abogado defensor Derek Chan denunció que la dilación fiscal persigue un castigo acumulativo demoledor para quien ha consumido su veintena entre rejas. Su trayectoria sigue el mismo patrón que la del magnate periodístico Jimmy Lai, editor del clausurado Apple Daily, sentenciado a veinte años de presidio a sus setenta y ocho años tras tipificarse sus editoriales y contactos internacionales como amenazas a la seguridad del Estado. Con la causa de Wong vista para sentencia, Pekín asesta otro golpe definitivo a la disidencia, liquidando el pulso que durante una década desafió al poder comunista desde las avenidas de la excolonia británica.