Sánchez y García, de cabeza a una huelga médica indefinida
El Gobierno aprobó este martes en segunda vuelta el Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y lo envió al Congreso de los Diputados para que continue su trámite parlamentario en un clima de máxima tensión con los médicos, los sindicatos profesionales y la mayoría de las comunidades autónomas. La decisión, adoptada en un momento de parón de la huelga médica por el verano pero con la amenaza de paros indefinidos a partir de ahora, desencadeno una reacción en cadena entre organizaciones profesionales, gobiernos autonómicos y partidos de la oposición, que acusaron al Mónica García de imponer una reforma sin consenso y de agravar un conflicto sanitario que lleva más de un año abierto.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y no la ministra de Sanidad, que por segunda vez no compareció para anunciar su "medida estrella", defendió tras el Consejo de Ministros que el Estatuto Marco supone "una mejora sustancial de las condiciones básicas" y que permitirá adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
El texto sustituye al vigente desde 2003 y procede del Anteproyecto aprobado en junio, pactado con Satse, CCOO, UGT y CSIF en el Ámbito de Negociación. Sin embargo, los sindicatos médicos quedaron fuera de ese acuerdo y han mantenido desde entonces un rechazo frontal a la reforma.
El comité de huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el sindicato andaluz SMA, Médicos de Cataluña, Amyts, el sindicato médico vasco SME y el gallego O’mega, denunció ayer la "cerrazón" del Ministerio y advirtió de que "no habrá Estatuto Marco para los médicos sin contar con los médicos".
La ministra ya no es una interlocutora válida
Las organizaciones consideraron agotada la interlocución con Mónica García y recordaron que las reivindicaciones esenciales -clasificación profesional, jornada, guardias, descansos y reconocimiento de las singularidades de la profesión- siguen sin respuesta.
El comité subrayó que aprobar el proyecto en Consejo de Ministros "no significa resolver el conflicto" y recordó que la reforma llega al Congreso "sin consenso profesional y sin garantías de apoyo parlamentario".
Además, recordó que seguirá defendiendo sus reivindicaciones ante los grupos parlamentarios y mantendrá "todas las medidas de presión y movilización necesarias". En estas semanas anunciaran los paros indefinidos en toda España.
El sindicato madrileño Amyts, por su parte, denunció que el Gobierno ha aprobado la reforma "ignorando las reivindicaciones de médicos y facultativos» y «pasando por encima de una profesión que lleva meses reclamando condiciones laborales dignas".
La organización alertó también de que el texto mantiene una "jornada discriminatoria" que puede alcanzar las 75 horas semanales y conserva las guardias de 24 horas bajo la cobertura de las "necesidades del servicio". "Las necesidades del servicio tienden a infinito. No se puede seguir utilizando este argumento para justificar unas condiciones laborales que ningún profesional debería soportar", reprochó su secretaria general, Angela Hernández.
Los médicos residentes también manifestaron ayer su oposición a la reforma tal y como está. «No queremos heredar un sistema sanitario que está mantenido sobre jornadas extraordinarias, déficit de plantilla y un sacrificio permanente de sus profesionales», señaló el presidente de la Asociación MIR España, Jesús Arzúa.
Las comunidades autónomas recordaron que se oponen frontalmente a esta reforma.
La reforma "no va a salir adelante"
En Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, calificó la aprobación del Estatuto Marco como una "huida hacia adelante" y aseguró que el texto "no va a salir" y que la ministra "está sola". "No la respaldan ni los médicos, ni los sindicatos, ni las comunidades autónomas" que, antes del verano, trasladaron un decálogo de medidas para frenar "este despropósito que nos ha llevado a la peor huelga indefinida de la historia". La huelga ya ha incrementado las listas de espera y el impacto se extenderá a toda España. "Eso es responsabilidad solo y exclusivamente de la ministra", afirmó.
El Partido Popular, por su parte, acusó a Pedro Sánchez de convertirse en "cómplice" de Mónica García al aprobar un Estatuto Marco "que no cuenta con el apoyo de nadie". Para el PP, el presidente "hace suyos los ataques de la ministra a los médicos" y asume como propia una política sanitaria que ha provocado "una conflictividad sin precedentes". Los populares alegaron que el Gobierno "ha desperdiciado meses" en los que debería haber buscado acuerdos.