Ceuta vive su peor día: «No van a parar de llegar nunca»

Dos de septiembre. Ceuta celebra su festividad. Cuando vive su peor día. «Agresiones, caos y descontrol», resume a LA RAZÓN una vecina de la ciudad mientras observa con desazón la panorámica que la luna de su coche le ofrece dela playa del Trampolín.

A una cuarta del asentamiento ilegal en el que más magrebíes hay instalados se encuentra el Centro Ecuestre, transmutado en un campamento portátil.

La imagen es tercermundista. Abrió sus puertas el lunes y ayer, a primera hora de la mañana, ya había colgado el cartel de completo. Acoge a cientos de mujeres y niñas sin identificar. También hay niños, muy niños.

Pequeños de cuatro o cinco años. Dibujada la inocencia en su rostro, juguetean con caracoles que encuentran entre las hojas de un arbusto de palmito. Pelos rizados, ojos color miel, sonrisas desordenadas, visten harapos marrones y en sandalias los pies, cuando no van descalzos.

A priori, aquí hay capacidad para albergar a 500 personas, que dejan atrás chabolas improvisadas en las que han permanecido más de un mes. Ahora tienen lecho en naves portátiles con lonas blancas levantadas sobre la arena de una pista de caballos. Infinidad de camas de hierro con colchones de espuma se encadenan en fila sin guardar siquiera un metro de separación.

Los baños, de madera y plástico, son portátiles. Hay un total de doce, con seis duchas. Se sitúan a unos doscientos metros de las carpas, bajando una cuesta, junto al aparcamiento. El lugar donde ocho trabajadores del Ayuntamiento que realizan tareas de mantenimiento –algunos de origen musulmán– se desahogan con este diario. «Como no vuelvan todos a su país, va a ser un desastre para nosotros. Porque no van a parar de llegar nunca», advierte uno.

Discuten largo sobre el número total de ilegales que sigue en las calles de la ciudad: «Diez mil», afirma uno. «No, no, hay más», rebate otro. Es la conversación más manida entre ceutíes en los últimos días. Cada cual tiene un número. También las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El baile de cifras es interminable. La realidad es que ya son tres los albergues instalados por el Gobierno y cuesta pasear por una zona sin ver a ilegales que vagan en busca de comida o dinero. Casi siempre en grupo. La mayoría son varones. Muchos jóvenes. Pocas veces niños. Casi nunca mujeres.

Centros de emergencia

En la hípica, un trabajador social reconoce la situación límite. «Esto es un centro de emergencia, no de internamiento». Cabe la duda de qué pasará cuando llegue el frío. El proceso de filiación va para largo. «Aquí todavía no se ha empezado, ahora tienen que llegar los funcionarios de Extranjería para empezar con la identificación. Tomarles las huellas dactilar, saber su situación y empezar con el expediente. Ya vamos tres semanas tarde», protesta.

Poco a poco, se empieza a establecer una distribución de los ilegales para lograr varios objetivos. El primero y más urgente: proteger a las mujeres y niñas susceptibles de ser violadas, agredidas, maltratadas o captadas por las redes de trata. Que superan con creces el millar. Aunque el Gobierno tiene controladas a unas 700.

El segundo: facilitar el trámite burocrático para expulsar a los que puedan ser expulsados. El Ejecutivo trata de segregar a los distintos grupos de inmigrantes para simplificar el procedimiento. Porque no son iguales los magrebíes, que en teoría presentan una menor dificultad para acometer su retorno, puesto que proceden de Marruecos, país calificado como «seguro» por la Unión Europea; que los subsaharianos, más proclives a obtener protección internacional o a recibir la condición de asilo.

La entrada de la hípica, está custodiada por varios agentes de una empresa de seguridad privada. Al otro lado de la puerta se agolpan decenas de mujeres inmigrantes que hacen guardia en tiendas de campaña a la espera de poder acceder. Pero, de momento, no es posible. No hay sitio.

Sucede igual en Loma Colmenar. Una barriada humilde en la que se encuentra el embolsamiento que cada año gestiona el Paso del Estrecho, ahora reconvertido en un albergue que aumenta su capacidad cada día que pasa. Ya va por 1.500 plazas.

Cientos de magrebíes esperan impacientes en la puerta para hacerse con el tesoro más codiciado: una pulsera de identificación que les permita entrar. Agentes de la Policía Nacional tratan de preservar el orden. Hasta por la fuerza, con disparos al aire con los que intentan disuadir a los violentos. Los ilegales se pelean entre ellos por situarse los primeros de la cola.

En las calles aledañas, a las puertas de los edificios donde viven los ceutíes, miles de magrebíes duermen, comen, se cortan el pelo, orinan, defecan; montan sus puestos de comida, con la que hasta hacen negocio.

A escasos metros, en El Príncipe, son los ceutíes de origen musulmán los que intentan proteger a las mujeres que todavía se encuentran en otro asentamiento. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional advierten de una cifra de agresiones mayor a la que ofrecen los datos proporcionados por la Fiscalía, que habla de 30. Lo corrobora un trabajador social. «Hay muchas que no denuncian». El principal motivo: por miedo.