Condenado a 15 meses de cárcel un agricultor por verter 20.300 metros cúbicos de salmuera al Mar Menor

Un agricultor de Santiago de la Ribera, en el municipio murciano de San Javier, ha sido condenado a 15 meses de prisión por verter 20.300 metros cúbicos de salmuera al Mar Menor entre 2015 y 2017 a través de una desalobradora que no contaba con autorización. Así lo recoge una sentencia de conformidad recién hecha pública, que fija también una multa de 900 euros y el abono de 6.900 euros en concepto de indemnizaciones, según la información publicada originalmente por Murcia Plaza.

El condenado ha admitido haber utilizado la instalación ilegal en una explotación agrícola de 16 hectáreas. La desalobradora operó sin el preceptivo permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura y, a lo largo de esos dos años, produjo el residuo que finalmente fue vertido en la laguna. La indemnización se reparte entre 4.600 euros para el Estado, por los daños causados, y 2.300 euros para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concepto de los gastos derivados de los hechos.

La pena de prisión queda en suspenso durante dos años, de modo que el agricultor no ingresará en la cárcel siempre que respete las condiciones fijadas para ese periodo y no cometa nuevos delitos. Esta medida se ampara en el régimen previsto por el Código Penal que faculta a los tribunales para suspender, en determinadas circunstancias, la ejecución de penas de cárcel de hasta dos años. La suspensión no anula la condena ni las demás obligaciones económicas impuestas.

Una desalobradora sin autorización

Las desalobradoras sirven para reducir la concentración de sales del agua salobre extraída de pozos y hacerla apta para el riego. De ese tratamiento se obtienen, por un lado, agua utilizable y, por otro, un residuo con una alta concentración de sal. Cuando esa salmuera se vierte sin someterse al tratamiento y a los controles exigidos, puede arrastrar también nitratos y fertilizantes propios de la actividad agrícola, sustancias vinculadas a los procesos de eutrofización que han dañado el Mar Menor.

La condena se inserta en las investigaciones abiertas sobre explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena por el uso presuntamente irregular de pozos, regadíos y desalobradoras. El procedimiento está vinculado al denominado caso Topillo, una investigación de mayor alcance centrada en los vertidos contaminantes hacia la laguna. Según la información publicada, unas 80 explotaciones agrícolas han sido investigadas por conductas similares, si bien sus situaciones procesales y la magnitud de los vertidos que se les atribuyen difieren entre sí.

Un ecosistema con personalidad jurídica

Desde 2022, el Mar Menor tiene reconocida personalidad jurídica propia, condición otorgada mediante la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado. La norma reconoce derechos propios a la laguna y a su cuenca, entre ellos los de protección, conservación, mantenimiento y restauración. Su aprobación partió de una iniciativa legislativa popular que reunió 640.000 firmas.

En los últimos años, la laguna ha atravesado varios episodios graves de deterioro ambiental. En octubre de 2019 murieron tres toneladas de peces y crustáceos en las orillas de San Pedro del Pinatar, después de que una DANA arrastrara agua dulce, barro y materia orgánica y propiciara la formación de una capa sin oxígeno. En agosto de 2021 se registraron 15 toneladas de fauna y flora muertas. El Instituto Español de Oceanografía descartó en aquel momento que el calor o un temporal bastaran por sí solos para explicar ese episodio.