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Nueve ministros del Gabinete deberán responder ante el Congreso en los primeros días del Gobierno de Keiko Fujimori

Nueve ministros del Gabinete Galarreta fueron citados y tienen mociones de interpelación por el Congreso en las primeras semanas del gobierno de Keiko Fujimori. La lista incluye al titular de Defensa, Rafael Belaúnde, y a siete ministros más, convocados tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado para que rindan cuentas sobre su gestión.

Los motivos de las citaciones son distintos entre sí. Uno de los ministros deberá explicar sus vínculos con una empresa minera. Otro tendrá que sustentar por qué el Ejecutivo busca declarar inconstitucional una ley que beneficia a maestros jubilados. Un tercer grupo, compuesto por cuatro ministros, fue convocado en conjunto por la crisis social que atraviesa la región Ucayali.

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Existe una diferencia importante entre los dos mecanismos que usó el Congreso. La interpelación, que solo puede activar la Cámara de Diputados, exige el voto de un tercio de los congresistas hábiles antes de que el ministro llegue al pleno. La invitación a informar, que usa el Senado, no pasa por ese filtro: se aprueba de forma directa con una moción de orden del día.

Fuera de esta lista de nueve, hay un caso adicional que todavía no se formalizó. La bancada Juntos por el Perú anunció que prepara una interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, aunque hasta el momento no presentó la moción ante el pleno. A continuación, el detalle de cada citación confirmada.

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Interpelación contra Belaúnde se votará en el Pleno, mientras que alista una contra Astudillo

La moción contra Rafael Belaúnde fue presentada el 14 de agosto por un grupo de diputados liderado por Marino Lavado Valdivia. El pliego, con 43 preguntas, apunta a los aportes de campaña que recibió de Evangelina Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, antes de asumir el Ministerio de Defensa. Los congresistas también piden que explique el uso de las Fuerzas Armadas en la provincia de Pataz, zona bajo sucesivos estados de emergencia por la minería ilegal.

Para que Belaúnde llegue al pleno, la moción primero necesita el respaldo de un tercio de los diputados hábiles. Solo después de esa votación se fija la fecha en la que el ministro deberá presentarse. El pliego interpelatorio incluye preguntas sobre posibles convenios entre el Ministerio de Defensa y la empresa minera, además del sustento técnico detrás del cambio en el esquema de seguridad en la zona, que pasó del control militar al Comando Unificado de Pataz (CUPAZ).

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Mientras Belaúnde espera esa votación, otro ministro quedó bajo la mira del Congreso por un motivo distinto. La diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, anunció que su bancada prepara una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, por su negativa a remover al comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Fuentes de La República señalan que el documento correrá desde mañana lunes y hay un compromiso de las bancadas del bloque para apoyar la iniciativa por la crisis que vive el país ante el incremento de la criminalidad

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Vinelli tendrá que sustentar ante el Senado la reorganización del MIDAGRI

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli, fue invitado por el senador Andrés Ramos a informar sobre 32 interrogantes. La moción, presentada el 19 de agosto, agrupa seis ejes: agricultura familiar, seguridad hídrica, financiamiento, fertilizantes, prevención ante El Niño y la reorganización del propio ministerio.

Buena parte del pliego se centra en la región Apurímac, donde persisten brechas de riego y bajo acceso a créditos agrarios. Los senadores pidieron precisar el estado de proyectos hídricos estratégicos, como el Sistema Hidráulico del río Chicha, y el avance de obras paralizadas a nivel nacional. También exigieron cifras sobre el Fondo AGROPERÚ y la cobertura real del Seguro Agrícola Catastrófico.

El otro punto central es el Decreto Supremo N.º 008-2026-MIDAGRI, que dispuso reorganizar el ministerio por 120 días. Los legisladores piden conocer qué debilidades justificaron esa medida y qué organismos, como SENASA o AGRO RURAL, podrían sufrir fusiones o cambios. La moción exige, además, que la reorganización no afecte los servicios que reciben los agricultores familiares mientras dure el proceso.

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Elmer Cuba deberá responder por la pensión de los maestros

La invitación al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, tiene un origen distinto a las demás. La Ley N.º 32581 garantiza a los maestros jubilados y cesantes una pensión equivalente a la remuneración de la primera escala magisterial. El Poder Ejecutivo tenía 90 días para reglamentarla y ese plazo venció sin que el MEF cumpliera.

Mientras esa omisión seguía sin explicación, Cuba declaró públicamente que la norma forma parte de un grupo de cuatro leyes que el Ejecutivo pretende cuestionar ante el Tribunal Constitucional. Para los senadores, esa combinación resulta contradictoria: el mismo ministerio que no reglamentó la ley ahora busca anularla por la vía judicial. La moción, impulsada por Ramos Huillcas, exige que se sustente con informes técnicos y jurídicos, no solo con declaraciones a la prensa.

El pliego pide precisar, entre otros puntos, si existe un acuerdo del Consejo de Ministros para presentar la demanda y si el Ejecutivo evaluó alternativas de implementación gradual antes de descartar la norma. Los senadores también solicitaron el informe actuarial que sustenta el costo fiscal calculado por el MEF, dato que hasta ahora no fue difundido de forma pública.

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Carlos Espá tendrá que aclarar los alcances del Escudo de las Américas

La senadora Ruth Luque, de la bancada de Ahora Nación, impulsó la invitación al canciller Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear luego de que la propia presidenta Keiko Fujimori revelara que pidió al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, incorporar al Perú al mecanismo Escudo de las Américas. La coalición regional fue impulsada por la administración de Donald Trump con el objetivo declarado de combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

El problema, según la moción aprobada el 4 de agosto, es que ni la presidenta ni el canciller precisaron los alcances jurídicos de esa incorporación. El pliego de siete preguntas busca saber si el ingreso del Perú requerirá aprobación del Congreso mediante resolución legislativa, o si el Ejecutivo planea formalizarlo por otra vía. También se pide detallar si la adhesión implicará el ingreso de personal militar extranjero al territorio nacional.

Los senadores plantearon además una pregunta de fondo sobre la soberanía del país. La moción exige que Espá explique cómo el Perú garantizará que sus obligaciones internacionales, incluidas las asumidas ante la OEA y la Comunidad Andina, no entren en conflicto con los compromisos que exigiría este nuevo mecanismo militar liderado por Estados Unidos.

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Galarreta, Shinno, Rey Rey y Chang deberán responder por la crisis en Ucayali

Una sola moción, impulsada por la senadora Silvana Robles, invitó a cuatro autoridades a la vez: el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno; el titular de Transportes, Rafael Rey Rey; y el ministro de Educación, José Antonio Chang. El motivo es la ola de protestas y bloqueos en la carretera Federico Basadre, la vía que conecta Ucayali con el resto del país.

Cada cartera deberá responder por un frente distinto de la protesta. Shinno tendrá que explicar el alza en el precio de los combustibles en la región. Rey Rey deberá informar sobre el estado de la infraestructura vial, mientras Chang tendrá que dar cuenta de los reclamos contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali y de los episodios de violencia registrados en la Universidad Nacional de Ucayali desde mayo.

A Galarreta, como cabeza del gabinete, le corresponde explicar la respuesta articulada del Ejecutivo frente a un conflicto que, según la propia moción, tiene carácter multisectorial. Los senadores buscan conocer qué mecanismos de diálogo se activaron con las organizaciones sociales de la región y qué cronograma maneja el Gobierno para atender las demandas antes de que la protesta escale.

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