La ayuda a Ceuta se valorará en la Conferencia Sectorial en pleno choque político
El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades se reunirán este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que abordará la ayuda de 25 millones de euros para Ceuta en medio del choque político por los menores migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de entranjeros en julio.
En la Comisión, según informó el Ministerio, las comunidades autónomas presididas por el PP se negaron a incorporar en el orden del día de la Conferencia Sectorial un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores migrantes no acompañados de Ceuta.
En todo caso, fuentes de Juventud e Infancia han asegurado a Europa Press que la ministra propondrá de nuevo este jueves en la reunión la inclusión de este asunto al inicio del encuentro y tendrá que votarse. El objetivo, han precisado, es añadir un punto amplio sobre todas las cuestiones relativas a la infancia, incluida la propuesta de derivar a 500 niñas de Ceuta a la Península.
El PP reclama la expulsión de los menores en Ceuta
Ante este escenario, el PP ha recalcado en distintas comparecencias que "el interés superior del menor es estar con su familia" y se ha respaldado en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí.. "Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?", preguntó el vicesecretario del Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado en redes sociales que "lo que el Partido Popular plantea no es reunificación familiar ni retorno: es una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal". En esta línea, Rego ha explicado que la ley en España y en Europa "es clara".
La ley de extranjería; en el punto de mira
Este nuevo choque entre el Ejecutivo y las autonomías se enmarca en un extenso pulso político e institucional por el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades. El núcleo de la discrepancia jurídica y política radica en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada en abril del año pasado.
El Gobierno central impulsó la modificación de este artículo mediante real decreto-ley debatido en el Congreso para fijar un mecanismo de distribución obligatorio y solidario en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
Dicho modelo establece que cuando un territorio (como Canarias, Ceuta o Melilla) excede en tres veces su capacidad ordinaria de acogida, se activa la reubicación hacia otras autonomías en función de parámetros como la población, la renta per cápita o la tasa de paro.