Una trabajadora es despedida por quedarse con casi 200 euros de la cartera de un cliente tras 19 años de antigüedad
La antigüedad es uno de los elementos que más peso puede tener en la vida laboral de una persona. Con el paso de los años pueden consolidarse derechos vinculados al tiempo de servicio, como determinados complementos salariales, mejoras previstas en el convenio colectivo, opciones de promoción o formación y otras condiciones reconocidas por la normativa o la negociación colectiva. El Estatuto de los Trabajadores establece además que, cuando un derecho dependa de una antigüedad previa, esta debe computarse con los mismos criterios para los trabajadores, con independencia de la modalidad contractual.
Pero acumular años en una empresa tampoco supone una protección absoluta frente a una sanción disciplinaria. La antigüedad se cuenta, con carácter general, desde el inicio de la prestación de servicios que da origen a la relación laboral, aunque sus efectos concretos pueden depender de la ley, del convenio colectivo y de las circunstancias de cada contrato. De ahí que 19 años de trayectoria puedan tener un enorme valor profesional y económico, pero no impidan que una conducta considerada muy grave termine rompiendo la relación laboral. El caso de una trabajadora de Alcampo en Zaragoza demuestra precisamente hasta dónde puede llegar ese límite.
La protagonista llevaba trabajando en Alcampo desde abril de 2005, acumulando casi veinte años de antigüedad cuando ocurrió el incidente. Era cajera y defendió posteriormente su trayectoria profesional, alegando que no había recibido sanciones anteriores. Sin embargo, el 3 de julio de 2024, un cliente olvidó una cartera en la línea de cajas que contenía exactamente 195 euros en billetes. La trabajadora recogió la cartera, la introdujo en el cajón de la caja y, posteriormente, extrajo el efectivo. Después entregó la cartera sin el dinero y trató de hacer pasar la situación como un simple hallazgo. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y terminaron convirtiéndose en la prueba decisiva.
La Policía comprueba las imágenes que revelan la infracción
La cronología continuó pocos días después. El cliente comprobó que faltaban los 195 euros, presentó una denuncia y la Policía solicitó las imágenes de seguridad del establecimiento. El 8 de julio de 2024, la trabajadora volvió a afirmar que había encontrado el dinero, esta vez debajo de la caja, pero las grabaciones permitieron contrastar esa versión con lo sucedido el 3 de julio. Ante las evidencias, reconoció los hechos y pidió perdón.
La compañía abrió entonces un expediente disciplinario y, tras el procedimiento correspondiente, comunicó el 31 de julio su despido disciplinario. La empresa consideró que la apropiación del dinero de un cliente y la posterior simulación habían quebrado la buena fe y la confianza necesarias en la relación laboral.
La trabajadora reclama ante la Justicia
La trabajadora decidió llevar el caso ante los tribunales. El Juzgado de lo Social número 7 de Zaragoza desestimó su demanda y avaló el despido. Posteriormente presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, defendiendo entre otros argumentos el peso de sus 19 años de trayectoria. El TSJ confirmó la decisión empresarial y consideró procedente el despido. La larga antigüedad no fue suficiente para compensar la gravedad de los hechos acreditados mediante las grabaciones, especialmente por la apropiación de los 195 euros y el intento posterior de ofrecer una versión distinta.
Se queda sin indemnización y termina siendo multada
El desenlace tiene además una consecuencia económica especialmente llamativa. Al tratarse de un despido disciplinario declarado procedente, la trabajadora no tiene derecho a indemnización por despido, por lo que la cantidad correspondiente por este concepto es de cero euros. A ello se suma que el TSJ de Aragón le impuso una multa de 600 euros por temeridad y mala fe procesal en el recurso.
Así, los casi 19 años de antigüedad, que normalmente representan experiencia, estabilidad y derechos consolidados, no impidieron la ruptura de la relación laboral. El caso recuerda que la antigüedad puede proteger y mejorar las condiciones de un trabajador, pero no funciona como un salvoconducto frente a una conducta que los tribunales consideran incompatible con la confianza exigida en el puesto.