Elecciones municipales y crisis del Estado de Derecho
Pedro P. Grández Castro, Profesor universitario - Constitucionalista
Conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales representan la unidad básica de la organización territorial del Estado; institucionalizan la participación vecinal y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La referida ley también establece que, conforme al principio de residualidad, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y estos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales.
Sabemos bien que las normas no crean realidades, pero es claro que, en la crisis que vivimos, las normas cada vez aparecen en el extremo opuesto a lo que observamos en la realidad. Como quiera que la regionalización ha sido abandonada como política pública, lo que tenemos en la actualidad son centralismos nacionales o departamentales que han convertido al gobierno local en la extensión de la descomposición de un Estado incapaz de reaccionar frente al avance de la ilegalidad y el crimen en los distintos niveles de la estructura estatal. Por ello no es de extrañar que entre los candidatos a las alcaldías a lo largo y ancho del país se cuenten a condenados, procesados e investigados por narcotráfico, corrupción, terrorismo y por una larga lista de graves delitos que nos debieran preocupar.
Estas advertencias documentadas que no hace la prensa muestran la penetración del crimen organizado en estructuras políticas municipales que han avanzado con la anuencia y contemplación de organizaciones políticas que comparten y dirigen el poder desde el Ejecutivo y el Legislativo. El asesinato de más de un candidato como el ocurrido en Piura —baleado por sicarios— expone un patrón donde organizaciones criminales infiltran candidaturas y disputan el poder local sin que el sistema reaccione. En Trujillo, fue capturado un ex candidato a la alcaldía del distrito de El Porvenir, quien contaba con una orden internacional de la Interpol por tráfico ilícito de drogas. Estos casos no son aislados. Al contrario, expresan la amenazante presencia del crimen organizado en los últimos procesos electorales.
Pero la crisis de legalidad que estamos viviendo y la vulnerabilidad de instituciones básicas de la organización del Estado, como es la municipalidad, no se producen de pronto hasta llegar a estas dimensiones. Antes está un fenómeno también extendido en todo el territorio nacional: la anuencia a las violaciones de la ley en distintas formas e intensidades. Vivimos asustados por la extorsión y el sicariato, pero no nos concita la misma conmoción otras ilegalidades cotidianas como las coimas que exigen los funcionarios en los municipios o en las comisarías. Tampoco nos enerva la sacada de vuelta a la propia constitución por parte de un buen número de alcaldes que van a la reelección pese a que la constitución lo prohíbe expresamente. Por ello, para aquellas candidaturas de personajes que han cruzado o que viven en los márgenes de la ley, la viveza de estos alcaldes que se presentan ahora como segundos de la lista para burlar la prohibición constitucional de la reelección de alcaldes, es seguramente una cosa menor, pese al grave desprestigio que supone para el imperio de la ley y el Estado de Derecho.
Vamos normalizando las infracciones a la ley y la propia Constitución, al punto que el Presidente del JNE ha declarado que, pese a que la Constitución es explícita al prohibir la reelección de los alcaldes, existiría una ventana abierta a nivel legal que permite que esto ocurra. Así, el sacarle la vuelta a la propia Constitución aparentemente es una costumbre hoy extendida que ninguna autoridad puede impedir. Un informe del Instituto Aklla Perú identificó 131 alcaldes elegidos en 2022 que postulan como primeros regidores en las Elecciones Municipales de 2026. En 63 de esas listas, el aspirante a alcalde renunció, dejando al alcalde saliente en posición de continuar en el cargo si la lista obtiene la victoria. Estamos ante una violación constitucional manifiesta que ocurre a vista de todo el sistema electoral y que puede llevar al Alcalde de Lima de regreso, pese a sus múltiples contradicciones y promesas incumplidas.
No es muy distinto, entonces, que postulen condenados o investigados por graves delitos, a quienes también la ley les deja la ventana abierta aun cuando los principios de integridad y de buen gobierno republicano dicen lo contrario en la propia Constitución. Cuando las autoridades como los alcaldes violan la Constitución sin consecuencias, poco es lo que les podemos decir a los narcocandidatos o a quienes han cometido delitos y participan invocando un derecho a la resocialización en medio de tantas proclamas sin contenidos.
Las ventanas abiertas a la ilegalidad, el delito y las mafias que hoy campean en los gobiernos municipales tienen que preocuparnos. Entre enero y diciembre de 2025, 76 alcaldes provinciales y distritales del Perú recibieron condenas en primera instancia por delitos contra la administración pública. Arequipa encabeza el ranking con ocho alcaldes condenados. Pero esa cifra solo considera sentencias ejecutoriadas; las municipalidades se mantienen como las entidades del Estado con más investigaciones por presuntos actos de corrupción en el país, según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
En cualquier democracia, los municipios deberían ser un último baluarte contra la degradación institucional. No obstante, en medio del abandono de las políticas de descentralización, los municipios no han construido instituciones propias; no tienen autonomía presupuestaria real; no tienen capacidad administrativa que les permita desarrollar un gobierno independiente que lleve los servicios básicos hacia la primera unidad representativa del Estado, como dice su Ley Orgánica. Y ahora, en el momento en que más se necesitaría que fueran espacios de resiliencia democrática, los municipios parecen, en muchos casos, tomados por el crimen y esperando ser rescatados por sus vecinos. Ojalá que las próximas elecciones nos permitan algún nivel de recuperación y esperanza para el restablecimiento del Estado de Derecho.