Competencia da tres meses a Adif para liberar vías en terminales de mercancías a los competidores de Renfe
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un plazo de tres meses a Adif para que informe sobre las medidas adoptadas o previstas para liberar capacidad en las vías de apartado de las terminales de mercancías, según lo recoge una resolución del regulador fechada el pasado 20 de julio y consultada por Europa Press. El expediente parte de una denuncia presentada el pasado 28 de enero por la empresa privada Low Cost Rail (LCR), en la que alertaba de presuntas prácticas discriminatorias y falta de transparencia por parte del gestor público de la infraestructura tras la cancelación de varias operaciones de maniobras previamente programadas en la terminal de Córdoba Mercancías.
Tras la instrucción del procedimiento, la CNMC ha acreditado hasta tres denegaciones de capacidad para maniobras a LCR en dicha terminal andaluza, operaciones que aunque finalmente pudieron ejecutarse provocaron retrasos significativos y la pérdida de surcos ferroviarios, con los consecuentes costes adicionales en material rodante y personal para la compañía.
Si bien el organismo regulador descarta la existencia de un trato explícitamente discriminatorio contra el operador por parte de Adif, la resolución incide en que no resulta conforme al marco regulatorio que material no vinculado al ciclo productivo o en desuso mantenga ocupadas hasta siete vías en la terminal de Córdoba, limitando y retrasando así a los trenes que sí tienen surco asignado.
Para solventar este cuello de botella y garantizar la eficiencia del transporte ferroviario de mercancías, la CNMC urge al administrador a generar incentivos suficientes para que los propietarios retiren de forma prioritaria de las terminales saturadas el material que no esté operando.
Entre las herramientas sugeridas por Competencia para forzar el desalojo de estas vías de formación y maniobras figuran la revisión de los cánones por utilización de las vías de apartado o la introducción de nuevos criterios en la declaración sobre la red que penalicen la acumulación prolongada de vagones inactivos.
La resolución adoptada por la Sala de Supervisión Regulatoria pone fin a la vía administrativa, por lo que Adif dispone de un plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en caso de disconformidad con el requerimiento formulado.