Transportistas dan ultimátum de 48 horas al Gobierno por alza de combustibles y extorsiones: advierten protestas a nivel nacional
Los gremios nacionales de transporte lanzaron un último llamado al Gobierno de Keiko Fujimori y advirtieron que, si el Ejecutivo no convoca a una reunión y ofrece respuestas concretas en las próximas 48 horas, sus bases regionales evaluarán nuevas medidas de protesta. El pronunciamiento reúne a unos 400 gremios y coloca nuevamente al transporte en el centro de la creciente tensión social por el precio de los combustibles.
A través de un comunicado dirigido a la presidenta y a todo el Ejecutivo, los transportistas sostienen que la crisis del sector no responde a un solo problema, sino a una acumulación de dificultades que, según afirman, requieren decisiones urgentes. Entre sus principales reclamos figuran el incremento de los combustibles, la inseguridad y los problemas estructurales que permanecen pendientes.
Combustibles y costos
Los gremios cuestionaron el impacto del alza de los combustibles sobre sus costos operativos y advirtieron que el encarecimiento termina trasladándose a los productos y servicios que consume la población.
Por ello, exigieron medidas que permitan garantizar condiciones que consideran transparentes y justas en el mercado de combustibles. También pidieron evitar que determinados operadores obtengan beneficios desproporcionados a costa de los transportistas y ciudadanos.
El reclamo se produce mientras el Gobierno enfrenta una escalada de protestas en distintas regiones por el incremento de los precios de los combustibles. El Ejecutivo anunció medidas de subsidio para contener el impacto sobre el transporte, pero los gremios sostienen que el problema requiere una respuesta integral.
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Inseguridad golpea al transporte
El segundo gran reclamo está relacionado con la inseguridad. Los transportistas denunciaron que conductores, cobradores, empresarios y pasajeros son víctimas de extorsiones, robos, asesinatos y otras modalidades de violencia criminal.
"Quienes trabajan honradamente para movilizar al país" no pueden continuar expuestos a la delincuencia, sostienen los gremios. En ese sentido, responsabilizaron al Estado de garantizar la seguridad y la integridad de los trabajadores del sector en calles, carreteras y ciudades.
El pedido cobra especial relevancia ante el incremento de los ataques contra unidades de transporte y las denuncias de extorsión que afectan a empresas y conductores en diferentes puntos del país.
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Reclaman soluciones para problemas pendientes
Los gremios también cuestionaron que diversos asuntos estructurales del transporte nacional permanezcan sin una solución definitiva. Consideraron que los cambios de Gobierno y de autoridades no deben significar que los problemas del sector vuelvan a quedar postergados.
En su pronunciamiento, rechazaron que sus demandas sean consideradas pedidos de privilegios o beneficios particulares. "No pedimos dádivas. Pedimos soluciones", señalaron.
Por ello, solicitaron la instalación urgente de mesas de trabajo con participación de los gremios representativos del transporte y funcionarios con capacidad efectiva para tomar decisiones políticas.
Las mesas, según plantearon, deberían abordar tres ejes: el precio y las condiciones del mercado de combustibles; la inseguridad, extorsión, sicariato y violencia criminal; y los problemas estructurales que permanecen pendientes en el sector.
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Advierten nuevas medidas
Los transportistas aseguraron que todavía apuestan por una salida institucional y pacífica y que mantienen su disposición al diálogo con el Gobierno. Sin embargo, establecieron un plazo de 48 horas para que el Ejecutivo convoque a una reunión y presente respuestas concretas.
De no ocurrir, las bases regionales evaluarán y adoptarán las medidas que consideren necesarias para defender sus derechos e intereses. Los gremios señalaron que la responsabilidad de evitar una escalada del conflicto también corresponde al Ejecutivo.
El pronunciamiento concluye con un mensaje dirigido directamente a la presidenta: "Atender al transporte es atender al Perú". Los transportistas remarcaron que el sector es transversal para la economía nacional, pues permite trasladar alimentos, mercancías, trabajadores, estudiantes y millones de ciudadanos.
El ultimátum coloca al Gobierno ante un nuevo escenario de presión social. Mientras continúan los reclamos por el precio de los combustibles y la inseguridad, el Ejecutivo tendrá ahora 48 horas para intentar abrir una vía de diálogo con los gremios y evitar que nuevas bases regionales se sumen a las medidas de fuerza.